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EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA

 

Decreta: El siguiente,

 

CÓDIGO PENAL

 

LIBRO PRIMERO, DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LOS DELITOS Y LAS

 

FALTAS, LAS PERSONAS RESPONSABLES, Y LAS PENAS

 

TÍTULO I, DE LA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL

 

Artículo 1°

Nadie podrá ser castigado por un hecho que no estuviese expresamente previsto como

punible por la ley, ni con penas que ella no hubiere establecido previamente.

Los hechos punibles se dividen en delitos y faltas.

 

Artículo 2°

Las leyes penales tienen efecto retroactivo en cuanto favorezcan al reo, aunque al

publicarse hubiere ya sentencia firme y el reo estuviere cumpliendo la condena.

 

Artículo 3°

Todo el que cometa un delito o una falta en el territorio de la República será penado con

arreglo a la ley venezolana.

 

Artículo 4°

Están sujetos a enjuiciamiento en Venezuela y se castigarán de conformidad con la ley

penal venezolana:

1º. Los venezolanos que en país extranjero, se hagan reos de traición contra la República

y los que, unos contra otros, cometan hechos punibles según sus leyes.

2º. Los súbditos o ciudadanos extranjeros que en país extranjero cometan algún delito

contra la seguridad de la República o contra alguno de sus nacionales.

En los dos casos anteriores se requiere que el indiciado haya venido al territorio de la

República y que se intente acción por la parte agraviada, o por el Ministerio Público en los

casos de traición o de delito contra la seguridad de Venezuela.

Requiérese también que el indiciado no haya sido juzgado por los Tribunales extranjeros,

a menos que, habiéndolo sido, hubiere evadido la condena.

3º. Los venezolanos o extranjeros que, sin autorización del Gobierno de la República,

fabriquen, adquieran o despachen armas o municiones, con destino a Venezuela, o

favorezcan en alguna manera su introducción en el territorio venezolano.

4º. Los venezolanos que, en país extranjero, infrinjan las leyes relativas al estado civil y

capacidad de los venezolanos.

5º. Los empleados diplomáticos, en los casos permitidos por el Derecho Público de las

Naciones, de conformidad con lo que establece la Constitución Nacional.

6º. Los empleados diplomáticos de la República que desempeñen mal sus funciones, o

que cometan cualquier hecho punible no enjuiciable en el lugar de su residencia por razón

de los privilegios inherentes a su cargo.

7º. Los empleados y demás personas de la dotación y la marinería de los buques y

aeronaves de guerra nacionales por la comisión, en cualquier parte, de hechos punibles.

8º. Los Capitanes o Patrones, demás empleados y la tripulación y marinería, así como los

pasajeros de los buques mercantes de la República, por los hechos punibles cometidos

en alta mar o a bordo en aguas de otra nación; salvo, siempre, respecto de los pasajeros,

lo que se establece en el segundo aparte del número 2. del presente artículo.

9º. Los venezolanos o extranjeros venidos a la República que, en alta mar, cometan actos

de piratería u otros delitos de los que el Derecho Internacional califica de atroces y contra

la humanidad; menos en el caso de que por ellos hubieren sido ya juzgados en otro país y

cumplido la condena.

10º. Los venezolanos que, dentro o fuera de la República, tomen parte en la trata de

esclavos.

11º. Los venezolanos o extranjeros venidos al territorio de la República que, en otro país,

falsifiquen o tomen parte en la falsificación de moneda de curso legal en Venezuela o

sellos de uso público, estampillas o títulos de crédito de la Nación, billetes de banco al

portador o títulos, de capital y renta, de emisión autorizada por la ley nacional.

12º. Los venezolanos o extranjeros que de alguna manera favorezcan la introducción, en

la República, de los valores especificados en el número anterior.

En los casos de los números precedentes queda siempre a salvo lo dispuesto en el aparte

segundo, número 2 de este artículo.

13º. Los Jefes, Oficiales y demás individuos de un ejército, en razón de los hechos

punibles que cometan en marcha por territorio extranjero neutral, contra los habitantes del

mismo.

14º. Los extranjeros que entren en lugares de la República no abiertos al comercio

exterior o que, sin derecho, se apropien sus producciones terrestres, marítimas, lacustres

o fluviales; o que sin permiso ni títulos hagan uso de sus terrenos despoblados.

15º. Los extranjeros que infrinjan las cuarentenas y demás disposiciones establecidas en

beneficio de la salud pública.

16º. Los extranjeros o venezolanos que, en tiempo de paz, desde territorio, buques de

guerra o aeronaves extranjeras, lancen proyectiles o hagan cualquier otro mal a las

poblaciones, habitantes o al territorio de Venezuela, quedando a salvo lo expuesto en los

dos apartes del número 2 de este artículo.

 

Artículo 5°

En los casos previstos en el artículo anterior, cuando se condene de nuevo en la

República a una persona que ya haya sido sentenciada en el extranjero, se computará la

parte de pena que haya cumplido en el otro país y el tiempo de la detención, conforme a

la regla del artículo 40.

 

Artículo 6°

La extradición de un extranjero no podrá concederse por ningún motivo; pero deberá ser

enjuiciado en Venezuela, a solicitud de parte agraviada o del Ministerio Público, si el delito

que se le imputa mereciere pena por la ley venezolana.

La extradición de un extranjero no podrá tampoco concederse por delitos políticos ni por

infracciones conexas con estos delitos ni por ningún hecho que no esté calificado de delito

por la ley venezolana.

La extradición de un extranjero por delitos comunes no podrá acordarse sino por la

autoridad competente, de conformidad con los trámites y requisitos establecidos al efecto

por los Tratados Internacionales suscritos por Venezuela y que estén en vigor, y a falta de

éstos, por las leyes venezolanas.

No se acordará la extradición de un extranjero acusado de un delito que tenga asignada

en la legislación del país requirente, la pena de muerte o una pena perpetua.

En todo caso, hecha la solicitud de extradición, toca al Ejecutivo Federal, según el mérito

de los comprobantes que se acompañen resolver sobre la detención preventiva del

extranjero, antes de pasar el asunto a la Corte Suprema de Justicia.

 

Artículo 7°

Las disposiciones del presente Código en su Libro Primero se aplicarán también a las

materias regidas por otras leyes, en cuanto dicten penas y siempre que en ellas no se

establezca nada en contrario.

 

TÍTULO II, DE LAS PENAS

 

Artículo 8°

Las penas se dividen principalmente en corporales y no corporales.

 

Artículo 9°

Las penas corporales, que también se denominan restrictivas de la libertad, son las

siguientes:

1. Presidio.

2. Prisión.

3. Arresto.

4. Relegación a una Colonia Penitenciaria.

5. Confinamiento.

6. Expulsión del territorio de la República.

 

Artículo 10

Las penas no corporales son:

1. Sujeción a la vigilancia de la autoridad pública,

2. Interdicción civil por condena penal.

3. Inhabilitación política.

4. Inhabilitación para ejercer alguna profesión, industria o cargo.

5. Destitución de empleo.

6. Suspensión del mismo.

7. Multa.

8. Caución de no ofender o dañar.

9. Amonestación o apercibimiento.

10. Pérdida de los instrumentos o armas con que se cometió el hecho punible y de los

efectos que de él provengan.

11. Pago de las costas procesales.

 

Artículo 11

Las penas se dividen también en principales y accesorias.

Son principales:

Las que la ley aplica directamente al castigo del delito.

Son accesorias:

Las que la ley trae como adherentes a la principal, necesaria o accidentalmente.

 

Artículo 12

La pena de presidio se cumplirá en las Penitenciarías que establezca y reglamente la ley.

Dicha pena comporta los trabajos forzados dentro o fuera del respectivo establecimiento,

conforme lo determine la ley, la cual fijará también el tiempo que haya de pasar el reo en

aislamiento celular.

En todo caso, los trabajos serán proporcionales a las fuerzas del penado, a quien, en sus

enfermedades, se cuidará en la Enfermería del establecimiento o en locales adecuados,

con la debida seguridad.

 

Artículo 13

Son penas accesorias de la de presidio:

1. La interdicción civil durante el tiempo de la pena.

2. La inhabilitación política mientras dure la pena.

3. La sujeción a la vigilancia de la autoridad por una cuarta parte del tiempo de la

condena, desde que ésta termine.

 

Artículo 14

La pena de prisión se cumplirá en las Cárceles Nacionales que establezca y reglamente la

ley, y en su defecto, en alguna de las mismas Penitenciarías destinadas al cumplimiento

de las penas de presidio. En este caso se mantendrá la debida separación entre los

condenados a una u otra pena.

 

Parágrafo Único:

Cuando el tiempo de la prisión no haya de exceder de un año después de deducido el

tiempo de la detención, computable según el artículo 40, no podrá el reo ser enviado a

establecimientos penales de la Nación, situados fuera de los límites del Estado, Distrito

Federal o Territorio Federal donde hubiere sido sentenciado en Primera Instancia, sino

que cumplirá la pena en la cárcel local respectiva.

 

Artículo 15

El condenado a prisión no estará obligado a otros trabajos sino a los de artes y oficios que

puedan verificarse dentro del establecimiento, con la facultad de elegir los que más se

conformaren con sus aptitudes o anteriores ocupaciones.

 

Artículo 16

Son penas accesorias de la de prisión:

1. La inhabilitación política durante el tiempo de la condena.

2. La sujeción a la vigilancia de la autoridad por una quinta parte del tiempo de la

condena, terminada ésta.

 

Artículo 17

El arresto se cumplirá en las cárceles locales o en los cuarteles de policía, según lo

determine el Tribunal ejecutor de la sentencia, sin que en ningún caso pueda obligarse al

condenado a trabajar contra su voluntad.

Sin embargo, cuando lo disponga expresamente la ley, se cumplirá el arresto en Fortaleza

o Cárcel Nacional.

Esta pena comporta la suspensión, mientras se la cumple, del empleo que ejerza el reo.

 

Artículo 18

Las mujeres cumplirán las penas de presidio, prisión y arresto en establecimientos

especiales, y mientras no se funden y hayan de cumplirlas en los establecimientos

comunes, estarán siempre separadas en éstos, de los hombres.

Parágrafo Único. El Presidente de la República podrá ordenar en determinado caso, por

órgano del Ministerio de Justicia, que las mujeres cumplan las mencionadas penas,

prestando sus servicios en los establecimientos oficiales de beneficencia, hospicios y

hospitales, con las debidas seguridades y bajo absoluta prohibición de salir de éstos hasta

el término de la pena.

 

Artículo 19

La pena de relegación a una colonia penitenciaria impone al reo la obligación de residir en

la colonia que designe la sentencia firme que imponga la pena entre las que creare la ley

o disponga fundar el Ejecutivo Federal en los Territorios Federales o en las fronteras

despobladas de la República.

El relegado estará sometido a las reglas de vigilancia que pauta el reglamento de la

colonia para impedir las deserciones, pero no a trabajos forzados.

Esta pena tiene como accesoria la suspensión, mientras se la cumple, del empleo que

ejerza el condenado.

 

Artículo 20

La pena de confinamiento consiste en la obligación impuesta al reo, de residir, durante el

tiempo de la condena, en el Municipio que indique la sentencia firme que la aplique, no

pudiendo designarse al efecto ninguno que diste menos de cien kilómetros, tanto de aquel

donde se cometió el delito, como de aquellos en que estuvieron domiciliados, el reo al

tiempo de la comisión del delito, y el ofendido para la fecha de la sentencia de Primera

Instancia.

El penado estará obligado, en comprobación de estar cumpliendo la sentencia y mientras

dure la condena, a presentarse a la Jefatura Civil del Municipio con la frecuencia que el

Jefe Civil indique, la cual no podrá ser más de una vez cada día, ni menos de una vez por

semana.

Es pena accesoria a la de confinamiento la suspensión, mientras se la cumple, del empleo

que ejerza el reo.

 

Artículo 21

La expulsión del territorio de la República impone al reo la obligación de no volver a ésta

durante el tiempo de la condena.

Esta pena comporta como accesoria la misma indicada en el aparte final del artículo

anterior.

 

Artículo 22

La sujeción a la vigilancia de la autoridad pública no podrá imponerse como pena

principal, sino como accesoria a las de presidio o prisión, y obliga al penado a dar cuenta

a los respectivos Jefes Civiles de los Municipios donde resida o por donde transite de su

salida y llegada a éstos.

 

Artículo 23

La interdicción civil por causa criminal no podrá imponerse como pena principal, sino

únicamente como accesoria de la de presidio.

Sus efectos son privar al reo de la disposición de sus bienes por actos entre vivos y de la

administración de los mismos, de la patria potestad y de la autoridad marital.

A la administración de los bienes del entredicho se proveerá conforme lo dispone el

Código Civil respecto de los que se hallan en interdicción.

 

Artículo 24

La inhabilitación política no podrá imponerse como pena principal, sino como accesoria,

de las de presidio o prisión, y produce como efecto la privación de los cargos o empleos

públicos o políticos que tenga el penado y la incapacidad, durante la condena, para

obtener otros y para el goce del derecho activo y pasivo del sufragio.

También perderá toda dignidad o condecoración oficial que se le haya conferido, sin

poder obtener las mismas ni ninguna otra durante el propio tiempo.

 

Artículo 25

La inhabilitación para el ejercicio de alguna profesión, industria o arte no puede ser

perpetua ni absoluta, sino temporal y limitada a determinada o determinadas profesiones,

industrias o artes. Puede imponerse como principal o como accesoria.

 

Artículo 26

La destitución del empleo produce como efecto la separación de él, del penado, sin poder

ejercerlo otra vez, sino por nueva elección o nombramiento.

 

Artículo 27

La suspensión del empleo impide al penado su desempeño durante el tiempo de la

condena, con derecho, terminada ésta, a continuar en él, si para su ejercicio estuviera

fijado un período que entonces corriere aún.

 

Parágrafo Único:

Esta pena y la del artículo anterior pueden imponerse como principales o como

accesorias.

 

Artículo 28

No se considerarán penas la remoción que del empleado a quien esté siguiéndose juicio,

disponga la autoridad de cuyo libre nombramiento sea el respectivo destino, ni la

suspensión provisional en el ejercicio de su cargo que, en el mismo caso, se haga

conforme a la ley procesal, del empleado que tenga derecho a gozarlo por tiempo

determinado.

 

Artículo 29

Cuando las penas de inhabilitación política, de destitución y de suspensión de empleo

recaen sobre personas eclesiásticas, se limitan sus efectos a los cargos, derechos y

honores en cuya provisión o pase ha habido intervención oficial; mas, en todo caso, los

eclesiásticos que incurran en dichas penas quedan impedidos, por el tiempo de su

duración, para ejercer en la República la jurisdicción eclesiástica, la cura de almas y el

ministerio de la predicación.

 

Artículo 30

La pena de multa consiste en la obligación de pagar al Fisco del respectivo Estado, o a

las Rentas Municipales del Distrito Federal en sus casos o al Fisco Nacional si el juicio se

inició en un Territorio Federal, la cantidad que conforme a la ley determine la sentencia.

Si el juicio ha sido por falta, la multa será en beneficio del respectivo Fisco Municipal.

 

Artículo 31

La pena de caución de no ofender o dañar, obliga al condenado a dar las seguridades que

estime necesarias el juez ejecutor.

 

Artículo 32

La amonestación, o apercibimiento, es la corrección verbal que el Juez ejecutor da al

penado en los términos que ordene la sentencia, extendiéndose acta de aquélla, que se

publicará en el periódico oficial.

 

Artículo 33

Es necesariamente accesoria a otra pena principal la pérdida de los instrumentos o armas

con que se cometió el hecho punible y de los efectos que de él provengan, y se la

ejecutará así: las armas serán decomisadas de conformidad con el Capítulo del Título V

del Libro Segundo de este Código; y los demás efectos serán asimismo decomisados y

rematados para adjudicar su precio al respectivo Fisco Nacional, del Estado o Municipal,

según las reglas del artículo 30.

 

Artículo 34

La condenación al pago de las costas procesales no se considerará como pena sino

cuando se aplica en juicio penal y en éste es necesariamente accesoria de toda condena

a pena o penas principales y así se aplicará, quedando obligado el reo: a reponer el papel

sellado que indique la ley respectiva en lugar del común invertido, a inutilizar las

estampillas que se dejaron de usar en el proceso, a las indemnizaciones y derechos

fijados por ley previa y a satisfacer los demás gastos causados en el juicio o con ocasión

de él; los que no estuvieren tasados por la ley, serán determinados por el Juez, con

asistencia de parte.

 

Parágrafo Único:

Los penados por una misma infracción quedarán solidariamente obligados al pago de las

costas procesales.

Los condenados en un mismo juicio por diferentes hechos punibles, sólo estarán

obligados solidariamente al pago de las costas comunes.

 

Artículo 35

Siempre que los Tribunales impusieren una pena que lleve consigo otras accesorias por

disposición de la ley, condenarán también al reo a estas últimas.

 

Artículo 36

La detención del procesado durante el juicio no constituye pena, pero se la tendrá en

cuenta para los efectos del artículo 40.

 

TÍTULO III, DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS

 

Artículo 37

Cuando la ley castiga un delito o falta, con pena comprendida entre dos límites, se

entiende que la normalmente aplicable es el término medio que se obtiene sumando los

dos números y tomando la mitad; se la reducirá hasta el límite inferior o se la aumentará

hasta el superior, según el mérito de las respectivas circunstancias atenuantes o

agravantes que concurran en el caso concreto, debiendo compensárselas cuando las

haya de una y otra especie.

No obstante, se aplicará la pena en su límite superior o en el inferior, cuando así lo

disponga expresamente la ley, y también se traspasará uno y otro límite cuando así sea

menester en virtud de disposición legal que ordene aumentar o rebajar la pena

correspondiente al delito en una cuota parte, que entonces se calculará en proporción a la

cantidad de pena que el Juez habría aplicado al reo si no concurriese el motivo del

aumento o de la disminución. Si para el aumento o rebaja mismo se fijaren también dos

límites, el Tribunal hará dentro de éstos el aumento o rebaja respectivo, según la mayor o

menor gravedad del hecho.

En todos estos casos se tendrá siempre presente la regla del artículo 94.

 

Artículo 38

Las penas de destitución y amonestación o apercibimiento se aplicarán como indivisibles

a quien las merezca, sin tomarse en cuenta las circunstancias agravantes ni las

atenuantes y sin distinción de delito consumado o no, ni el mayor o menor grado de

participación en el hecho.

 

Artículo 39

Los lapsos de penas que deben sufrirse por tiempo determinado, se contarán del modo

pautado en el Código Civil.

El tiempo de la fuga no se contará en el de la condena que se está cumpliendo, pero sí se

computará el de enfermedad involuntaria.

 

Artículo 40

En las sentencias condenatorias a pena de presidio, se computará a favor del reo la

detención transcurrida después de cinco meses de efectuada, a razón de un día de

detención por uno de presidio. En los demás casos, el tiempo de la detención en favor del

reo se computará así: un día de detención por otro de prisión; uno por dos de arresto; uno

por tres de relegación a Colonia penitenciaria; uno por cuatro de confinamiento o de

expulsión del territorio de la República, y uno por cada quince bolívares de multa.

 

Artículo 41

El cómputo ordenado en el artículo anterior lo hará el Juez de la causa en el auto en que

mande ejecutar la sentencia condenatoria firme- y desde ese día se comenzará a contar

el tiempo de las penas de presidio, prisión o arresto, deducido el del cómputo hecho, aun

cuando el reo no sea enviado sino posteriormente a la Penitenciaría o Cárcel donde haya

de sufrir la condena.

Si se tratare de penas de relegación a Colonia penitenciaria, confinamiento o expulsión

del territorio de la República, en el propio auto se computará al reo en la proporción dicha,

el tiempo que deba transcurrir entre esa fecha y el de llegada a la Colonia, al lugar del

confinamiento o al puerto o frontera de la República por donde salga para el exterior,

según el caso.

La duración del viaje se calculará a razón de treinta kilómetros por día, y el tiempo durante

el cual debe sufrirse la pena se calculará haciendo previamente las deducciones

indicadas, y comenzará a contarse desde el día de la llegada del reo a la Colonia, al lugar

de confinamiento o al de la salida de la República.

 

Artículo 42

En caso de sentencia condenatoria a pena de presidio, cualquiera que sea su duración, o

a la de prisión que haya de durar más de un año, después de hecho el cómputo a que se

contraen los artículos anteriores, así como también en todos los casos de condena a

arresto en Fortaleza o Cárcel Nacional, el Juez de la causa enviará copia certificada de la

sentencia condenatoria firme y del auto contentivo del cómputo, por órgano del Ministro

de Justicia, al Presidente de la República, a fin de que designe el Establecimiento Penal

de la Nación donde el reo debe cumplir la pena.

 

Artículo 43

Cuando la pena haya de cumplirse en la Cárcel local o en un Cuartel de Policía, el Juez

de la causa enviará copia certificada de la sentencia al Jefe del respectivo

Establecimiento y tomará todas las medidas conducentes a la ejecución de aquélla.

 

Artículo 44

Cuando se trate de penas de relegación a Colonia penitenciaria, confinamiento o

expulsión del territorio de la República, el Juez de la causa tomará, directamente todas las

medidas del caso para que el reo sea trasladado al lugar donde debe quedar relegado o

confinado o al puerto o sitio fronterizo por donde debe hacérsele salir del territorio

nacional.

 

Artículo 45

En los casos del artículo anterior, el Juez enviará copia certificada de la sentencia

condenatoria firme y del auto contentivo del cómputo al Jefe de la Colonia Penitenciaria

donde ha de cumplirse la relegación o al Jefe Civil del Municipio donde va a residir el

confinado. Si se trata de expulsión del territorio nacional, enviará iguales copias al

Presidente de la República, para que dicte las medidas conducentes a impedir que el

condenado regrese a Venezuela durante el tiempo de la condena.

 

Artículo 46

Ninguna sentencia que imponga pena a quien se halle en grave peligro de muerte

próxima por razón de enfermedad, se ejecutará ni aun se le notificará al reo hasta que

desaparezca tal peligro.

 

Artículo 47

El castigo de una mujer encinta, cuando por causa de él puedan peligrar su vida o su

salud, o por la vida o la salud de la criatura que lleva en su seno, se diferirá para después

de seis meses del nacimiento de ésta, siempre que viva la criatura.

 

TÍTULO IV, DE LA CONVERSIÓN Y CONMUTACIÓN DE PENAS

 

Artículo 48

A los setenta años termina toda pena corporal que hubiere durado por lo menos cuatro

años, y la que para entonces hubiere durado menos y estuviere en curso, se convertirá en

arresto, si es de presidio, o prisión hasta que transcurran los cuatro años.

Las providencias del caso las dictará el Juez de Primera Instancia en lo Criminal que

hubiere conocido el proceso.

 

Artículo 49

Fuera de los casos expresamente determinados por la ley, cuando por impedimento del

sentenciado a presidio o prisión no pudiera llevarse a cabo la condena impuesta, el Juez

de la causa puede conmutarla, conforme a las reglas siguientes:

1. La pena de presidio se convertirá en la de prisión con aumento de una tercera parte.

2. La pena de prisión se convertirá en la de arresto con aumento de una cuarta parte.

 

Artículo 50

Cuando la pena señalada al delito fuere de multa y no pudiese satisfacerla el penado, se

convertirá en prisión o arresto, según la edad, robustez, debilidad o fortuna de éste,

fijando el Tribunal la duración de tales penas a razón de un día de prisión por cada treinta

bolívares de multa y de uno de arresto por cada quince bolívares.

En las faltas, la proporción será de diez bolívares por cada día de arresto.

 

Artículo 51

La prisión por conversión de multa no podrá exceder de seis meses, ni el arresto, por la

misma causa, de nueve meses, si se tratare de delitos, ni de dos meses, si se tratare de

faltas.

El condenado puede siempre hacer cesar la prisión o el arresto pagando la multa,

deducida la parte correspondiente al tiempo transcurrido en la una o el otro.

 

Artículo 52

Todo reo condenado a prisión que, conforme al parágrafo único del artículo 14, la

cumpliere en Cárcel local, puede pedir al Juez de la causa, luego que hayan transcurrido

las tres cuartas partes de dicho tiempo, observando buena conducta, comprobada con

certificación de Alcalde del respectivo Establecimiento, la conversión del resto de la pena

en confinamiento por igual tiempo, y el Tribunal podrá acordarlo así, procediendo

sumariamente.

 

Artículo 53

Todo reo condenado a presidio o prisión o destinado a Penitenciaría o Cárcel Nacional,

que haya cumplido las tres cuartas partes de su condena, observando conducta ejemplar,

puede ocurrir a la Corte Suprema de Justicia, en escrito autenticado, solicitando la

conmutación del resto de la pena en la de relegación a una Colonia penitenciaria por el

mismo tiempo o confinamiento por un tiempo igual al que resta de la pena, con aumento

de una tercera parte.

 

Artículo 54

Para atender a la gracia a que se contrae el artículo anterior, la Corte consultará las

copias que reposen en su archivo, y que deben enviarle cada mes los Jefes de todos los

Establecimientos Penales de la Nación, de los asientos sumariales que en el libro

destinado al efecto anotarán semanalmente, haciendo constar la conducta observada por

cada penado.

En defecto de dichas copias, la Corte se basará en otras pruebas que se presentaren.

 

Artículo 55

El procedimiento ante la Corte será breve y sumario mas, por auto para mejor proveer,

puede ordenar las investigaciones que juzgue necesarias.

Mientras se fundan las Colonias penitenciarias, se acordará la conmutación en

confinamiento.

 

Artículo 56

En ningún caso podrá concederse la gracia de la conmutación al reincidente ni al reo de

homicidio perpetrado en ascendientes, descendientes, cónyuge o hermanos, ni a los que

hubieren obrado con premeditación, ensañamiento o alevosía, o con fines de lucro.

Tratándose de cualquier otro delito no cometido en tales circunstancias, la Corte queda

facultada para conceder o negar la conmutación, según la apreciación del caso.

 

Artículo 57

Cuando la pena que debiera imponerse al reo no excediere de treinta días de arresto,

cuarenta y cinco días de confinamiento o cuatrocientos cincuenta bolívares de multa,

podrá el Juez de la causa conmutarla en la de apercibimiento o amonestación, siempre

que el delito se hubiere cometido con circunstancias atenuantes y sin concurrir la

agravante de reincidencia.

 

Artículo 58

Cuando el delincuente cayere en locura o imbecilidad después de recaída sentencia firme

condenatoria, se procederá como lo dispone el artículo 62 en su aparte final, y si

recobrare la razón, cumplirá el tiempo de pena que aún estuviere pendiente descontando

el de la enfermedad.

 

Artículo 59

La pena que debe sufrir una mujer condenada a prisión si hecho el cómputo de la

detención, no hubiere de exceder de seis meses, se conmutará en arresto por el mismo

tiempo, y la de arresto en iguales condiciones, en la de confinamiento.

 

TÍTULO V, DE LA RESPONSABILIDAD PENAL Y DE LAS CIRCUNSTANCIAS QUE LA

 

EXCLUYEN, ATENÚAN O AGRAVAN

 

Artículo 60

La ignorancia de la ley no excusa ningún delito ni falta.

 

Artículo 61

Nadie puede ser castigado como reo de delito no habiendo tenido la intención de realizar

el hecho que lo constituye excepto cuando la ley se lo atribuye como consecuencia de su

acción u omisión.

El que incurre en faltas, responde de su propia acción u omisión, aunque no se demuestre

que haya querido cometer una infracción de la ley.

La acción u omisión penada por la ley se presumirá voluntaria, a no ser que conste lo

contrario.

 

Artículo 62

No es punible el que ejecuta la acción hallándose dormido o en estado de enfermedad

mental suficiente para privarlo de la conciencia o de la libertad de sus actos.

Sin embargo, cuando el loco o demente hubiere ejecutado un hecho que equivalga en un

cuerdo a delito grave, el Tribunal decretará la reclusión en uno de los hospitales o

establecimientos destinados a esta clase de enfermos, del cual no podrá salir sin previa

autorización del mismo Tribunal. Si el delito no fuere grave o si no es el establecimiento

adecuado, será entregado a su familia, bajo fianza de custodia, a menos que ella no

quiera recibirlo.

 

Artículo 63

Cuando el estado mental indicado en el artículo anterior

sea tal que atenúe en alto grado la responsabilidad, sin excluirla totalmente, la pena

establecida para el delito o falta se rebajará conforme a las siguientes reglas:

1. En lugar de la de presidio, se aplicará la de prisión, disminuida entre dos tercios y la

mitad.

2. En lugar de la de prisión, se aplicará la de arresto, con la disminución indicada.

3. Las otras penas divisibles se aplicarán rebajadas por mitad.

 

Artículo 64

Si el estado de perturbación mental del encausado en el momento del delito proviniere de

embriaguez, se seguirán las reglas siguientes:

1. Si se probare que, con el fin de facilitarse la perpetración del delito, o preparar una

excusa, el acusado había hecho uso del licor, se aumentará la pena que debiera

aplicársele de un quinto a un tercio, con tal que la totalidad no exceda del máximum

fijado por la ley a este género de pena. Si la pena que debiere imponérsele fuere la de

presidio, se mantendrá ésta.

2. Si resultare probado que el procesado sabía y era notorio entre sus relaciones que la

embriaguez le hacía provocador y pendenciero, se le aplicarán sin atenuación las

penas que para el delito cometido establece este Código.

3. Si no probada ninguna de las dos circunstancias de los dos números anteriores,

resultare demostrada la perturbación mental por causa de la embriaguez, las penas se

reducirán a los dos tercios, sustituyéndose la prisión al presidio.

4. Si la embriaguez fuere habitual, la pena corporal que deba sufrirse podrá mandarse

cumplir en un establecimiento especial de corrección.

5. Si la embriaguez fuere enteramente casual o excepcional, que no tenga precedente,

las penas en que haya incurrido el encausado se reducirán de la mitad a un cuarto, en

su duración, sustituyéndose la pena de presidio con la de prisión.

 

Artículo 65

No es punible:

1. El que obra en cumplimiento de un deber o en ejercicio legítimo de un derecho,

autoridad, oficio o cargo, sin traspasar los límites legales.

2. El que obra en virtud de obediencia legítima y debida. En este caso, Si el hecho

ejecutado constituye delito o falta, la pena correspondiente se le impondrá al que

resultare haber dado la orden ilegal.

3. El que obra en defensa de su propia persona o derecho, siempre que concurran las

circunstancias siguientes:

a) Agresión ilegítima por parte del que resulta ofendido por el hecho.

b) Necesidad del medio empleado para impedirla o repelerla.

c) Falta de provocación, suficiente de parte del que pretenda haber obrado en

defensa propia

d) El que obra constreñido por la necesidad de salvar su persona o la de otro, de un

peligro grave e inminente, al cual no haya dado voluntariamente causa, y que no

pueda evitar de otro modo.

 

Artículo 66

El que traspasare los límites impuestos por la Ley en el caso del número 1º del artículo

anterior, y por la autoridad que dio la orden en el caso del número 2º del mismo, y el que

se excediere en la defensa, o en los medios empleados para salvarse del peligro grave e

inminente, haciendo más de lo necesario, será castigado con la pena correspondiente,

disminuida desde uno a dos tercios. La pena pecuniaria se aplicará con disminución de la

mitad.

 

Artículo 67

El que cometa el hecho punible en un momento de arrebato o de intenso dolor,

determinado por injusta provocación será castigado, salvo disposición especial, con la

pena correspondiente, disminuida desde un tercio hasta la mitad, según la gravedad de la

provocación.

 

Artículo 68

Cuando alguno, por error o por algún otro accidente cometa un delito en perjuicio de

persona distinta de aquella contra quien había dirigido su acción, no se le imputarán las

circunstancias agravantes que dimanen de la categoría del ofendido o lesionado o de sus

nexos con éste, pero sí las que habrían disminuido la pena del hecho si lo hubiera

cometido en perjuicio de la persona contra quien se dirigió su acción.

 

Artículo 69

No es punible: el menor de doce años, en ningún caso ni el mayor de doce y menor de

quince años, a menos que aparezca que obró con discernimiento.

El Tribunal tomará las medidas que considere oportunas respecto a la educación del

menor irresponsable, el cual será mantenido en adecuado establecimiento de educación o

en casa de familia de responsabilidad.

 

Artículo 70

Si el mayor de doce años y menor de quince fuere declarado responsable, la pena

correspondiente al hecho punible se convertirá en arresto, si fuere de presidio o prisión,

con disminución de la mitad; asimismo se disminuirán por mitad las otras penas y todas

las que estuviere sufriendo cesarán al cumplir los veintiún años.

 

Artículo 71

El que cometiere un hecho punible siendo mayor de quince años, pero menor de

dieciocho, será castigado con la pena correspondiente, disminuida en una tercera parte.

 

Artículo 72

No se procederá en ningún caso contra el sordomudo que al cometer el hecho punible no

hubiere cumplido los quince años; pero si fuere mayor de esta edad y menor de dieciocho

años, se aplicarán las disposiciones del artículo anterior, si obró con discernimiento; si no,

se le declarará irresponsable, pero el Tribunal dictará las medidas que estime

conducentes respecto a su educación hasta que cumpla los veintiún años.

 

Artículo 73

No es punible el que incurra en alguna omisión hallándose impedido por causa legítima o

insuperable.

 

Artículo 74

Se considerarán circunstancias atenuantes que, salvo disposiciones especiales de la ley,

no dan lugar a rebaja especial de pena, sino a que se las tome en cuenta para aplicar

ésta en menos del término medio, pero sin bajar del límite inferior de la que al respectivo

hecho punible asigne la ley, las siguientes:

1. Ser el reo menor de veintiún años y mayor de dieciocho cuando cometió el delito.

2. No haber tenido el culpable la intención de causar un mal de tanta gravedad como el

que produjo.

3. Haber precedido injuria o amenaza de parte del ofendido, cuando no sea de tal

gravedad que dé lugar a la aplicación del artículo 67.

4. Cualquier otra circunstancia de igual entidad que, a juicio del Tribunal, aminore la

gravedad del hecho.

 

Artículo 75

Al que ejecuta un hecho punible, siendo mayor de setenta años, no se le impondrá pena

de presidio, sino que, en lugar de ésta y de la de prisión, se aplicará la de arresto, que no

excederá de cuatro años.

 

Artículo 76

En el caso del artículo anterior pueden disponerse las mismas medidas previstas en el

aparte final del artículo 62, en lugar de aplicarse la pena de arresto aun después que ésta

se estuviere cumpliendo.

 

Artículo 77

Son circunstancias agravantes de todo hecho punible las siguientes:

1. Ejecutarlo con alevosía. Hay alevosía cuando el culpable obra a traición o sobre

seguro.

2. Ejecutarlo mediante precio, recompensa o promesa.

3. Cometerlo por medio de inundación, incendio, veneno, explosión, varamiento de nave,

avería causada de propósito, descarrilamiento de locomotora o por medio del uso de

otro artificio que pueda ocasionar grandes estragos.

4. Aumentar deliberadamente el mal del hecho, causando otros males innecesarios para

su ejecución.

5. Obrar con premeditación conocida.

6. Emplear astucia, fraude o disfraz.

7. Emplear medios o hacer concurrir circunstancias que añadan la ignominia a los

efectos propios del delito.

8. Abusar de la superioridad del sexo, de la fuerza, de las armas de la autoridad o

emplear cualquier otro medio que debilite la defensa del ofendido.

9. Obrar con abuso de confianza.

10. Cometer el hecho punible aprovechándose del incendio, naufragio, inundación u otra

calamidad semejante.

11. Ejecutarlo con armas o en unión de otras personas que aseguren o proporcionen la

impunidad.

12. Ejecutarlo en despoblado o de noche. Esta circunstancia la estimarán los Tribunales

atendiendo a las del delincuente y a los efectos del delito.

13. Ejecutarlo en desprecio o en ofensa de la autoridad pública o donde ésta se halle

ejerciendo sus funciones.

14. Ejecutarlo con ofensa o desprecio del respeto que por su dignidad, edad o sexo

mereciere el ofendido, o en su morada, cuando éste no haya provocado el suceso.

15. Ejecutarlo con escalamiento. Hay escalamiento cuando se entra por vía que no es la

destinada al efecto.

16. Ejecutarlo con rompimiento de pared, techo o pavimento o con fractura,

entendiéndose por ésta toda fuerza, rotura, descomposición, demolición, derribo o

agujeramiento de paredes, terrenos o pavimentos, puertas, ventanas, cerraduras,

candados u otros utensilios o instrumentos que sirvan para cerrar o impedir el paso a

la entrada y de toda especie de cerraduras, sean las que fueren.

17. Ser el agraviado cónyuge del ofensor, o su ascendiente o hermano legítimo, natural o

adoptivo; o cónyuge de éstos; o ascendiente, descendiente o hermano legítimo de su

cónyuge; o su pupilo, discípulo, amigo íntimo o bienhechor.

18. Que el autor, con ocasión de ejecutar el hecho y para prepararse o perpetrarlo, se

hubiere embriagado deliberadamente, conforme se establece en la regla 1° del

artículo 64.

19. Ser vago el culpable.

20. Ser por carácter pendenciero.

 

Artículo 78

Las circunstancias enumeradas en el artículo anterior se tendrán en cuenta para el cálculo

de la pena que ordena el artículo 37 en su primera parte, pero pueden dar lugar a la

aplicación del máximum y también a un aumento excepcional que exceda al extremo

superior de los dos que al delito asigne la ley, cuando ésta misma disponga

especialmente que en la concurrencia de alguna o algunas de dichas circunstancias se

imponga una pena en su máximum o se la aumente en una cuota aparte.

 

Artículo 79

No producirán el efecto de aumentar la pena las circunstancias agravantes que por sí

mismas constituyen un delito especialmente penado por la ley expresado al describirlo o

penarlo, ni aquéllas de tal manera inherentes al delito, que, sin su concurrencia, no

pudiera cometerse.

 

TÍTULO VI, DE LA TENTATIVA Y DEL DELITO FRUSTRADO

 

Artículo 80

Son punibles, además del delito consumado y de la falta, la tentativa de delito y el delito

frustrado.

Hay tentativa cuando, con el objeto de cometer un delito, ha comenzado alguien su

ejecución, por medios apropiados y no ha realizado todo lo que es necesario a la

consumación del mismo, por causas independientes de su voluntad.

Hay delito frustrado cuando alguien ha realizado, con el objeto de cometer un delito, todo

lo que es necesario para consumarlo y sin embargo, no lo ha logrado por circunstancias

independientes de su voluntad.

 

Artículo 81

Si voluntariamente desiste el agente de continuar en la tentativa, sólo incurre en pena

cuando los actos ya realizados constituyan, de por sí, otro u otros delitos o faltas.

 

Artículo 82

En el delito frustrado se rebajará la tercera parte de la pena que hubiere debido

imponerse por el delito consumado, atendidas todas las circunstancias; y en la tentativa

del mismo delito, se rebajará de la mitad a las dos terceras partes, salvo, en uno y otro

caso, disposiciones especiales.

 

TÍTULO VII, DE LA CONCURRENCIA DE VARIAS PERSONAS EN UN MISMO HECHO

 

PUNIBLE

 

Artículo 83

Cuando varias personas concurren a la ejecución de un hecho punible, cada uno de los

perpetradores y de los cooperadores inmediatos queda sujeto a la pena correspondiente

al hecho perpetrado.

En la misma pena incurre el que ha determinado a otro a cometer el hecho.

 

Artículo 84

Incurren en la pena correspondiente al respectivo hecho punible, rebajada por mitad, los

que en él hayan participado de cualquiera de los siguientes modos:

1. Excitando o reforzando la resolución de perpetrarlo o prometiendo asistencia y ayuda

para después de cometido

2. Dando instrucciones o suministrando medios para realizarlo.

3. Facilitando la perpetración del hecho o prestando asistencia o auxilio para que se

realice antes de su ejecución o durante ella.

La disminución de pena prevista en este artículo no tiene lugar respecto del que se

encontrare en algunos de los casos especificados, cuando sin su concurso no se hubiera

realizado el hecho.

 

Artículo 85

Las circunstancias agravantes o atenuantes inherentes a la persona del delincuente o que

consistieren en sus relaciones particulares con el ofendido o en otra causa personal,

servirán para atenuar o agravar la responsabilidad sólo de aquellos en quienes concurran.

Las que consistieren en la ejecución material del hecho o en los medios empleados para

realizarlo, servirán para agravar la responsabilidad únicamente de los que tuvieron

conocimiento de ellas en el momento de la acción o en el de su cooperación para

perpetrar el delito.

 

TÍTULO VIII, DE LA CONCURRENCIA DE HECHOS PUNIBLES Y DE LAS PENAS

 

APLICABLES

 

Artículo 86

Al culpable de dos o más delitos, cada uno de los cuales acarree pena de presidio, sólo

se le aplicará la correspondiente al hecho más grave, pero con aumento de las dos

terceras partes del tiempo correspondiente a la pena del otro u otros.

 

Artículo 87

Al culpable de uno o más delitos que merecieren penas de presidio y de otro u otros que

acarreen penas de prisión, arresto relegación a colonia penitenciaria, confinamiento,

expulsión del territorio de la República o multa, se le convertirán éstas en la de presidio y

se le aplicará sólo la pena de esta especie correspondiente al delito más grave, pero con

el aumento de las dos terceras partes de la otra u otras penas de presidio en que hubiere

incurrido por los demás delitos, y de las dos terceras partes también del tiempo que

resulte de la conversión de las otras penas indicadas en la de presidio.

La conversión se hará computando un día de presidio por dos de prisión, por tres de

arresto, por cuatro de relegación a colonia penitenciaria, por cinco de confinamiento o

expulsión del territorio de la República, y por sesenta bolívares de multa.

 

Artículo 88

Al culpable de dos o más delitos, cada uno de los cuales acarree pena de prisión, sólo se

le aplicará la pena correspondiente al más grave, pero con el aumento de la mitad del

tiempo correspondiente a la pena del otro u otros.

 

Artículo 89

Al culpable de uno o más delitos que merecieren pena de prisión y de otro u otros que

acarreen penas de arresto, relegación a colonia penitenciaria, confinamiento, expulsión

del territorio de la República o multa, se le convertirán éstas en la de prisión y se le

aplicará sólo la pena de esta especie que mereciere por el hecho más grave, pero con

aumento de la mitad del tiempo correspondiente a la otra u otras penas de prisión en que

hubiere incurrido y de la mitad también del tiempo que resulte de la conversión de las

otras penas indicadas en la de prisión.

La conversión se hará computando un día de prisión por dos de arresto, por tres de

relegación a colonia penitenciaria, confinamiento o expulsión del territorio de la República

y por treinta bolívares de multa.

 

Artículo 90

Al culpable de dos o más hechos punibles, cada uno de los cuales acarree pena de

arresto, sólo se le castigará con la pena correspondiente al más grave, pero aumentada

en la tercera parte del tiempo correspondiente a la pena del otro u otros.

 

Artículo 91

Al culpable de uno o más hechos punibles, que merecieren pena de arresto y de otro u

otros que acarreen penas de relegación a colonia penitenciaria, confinamiento, expulsión

del territorio de la República o multa, se le convertirán éstas en la de arresto y se le

aplicará sólo la pena del hecho más grave que la mereciere, pero con aumento de la

tercera parte de la otra u otras penas de arresto en que hubiere incurrido y de la tercera

parte también del tiempo que resulte de la conversión de las otras penas indicadas en la

de arresto.

La conversión se hará computando un día de arresto por dos de relegación a colonia

penitenciaria, confinamiento o expulsión del territorio de la República, y por quince

bolívares de multa.

 

Artículo 92

Al culpable de dos o más hechos punibles que merecieren penas de relegación a colonia

penitenciaria, confinamiento o expulsión del territorio de la República, se le aplicará la

primera, con aumento de una cuarta parte del tiempo correspondiente a la otra u otras. En

los mismos términos se aplicará la de confinamiento, si con ellas sólo concurriere la

expulsión del territorio de la República.

 

Artículo 93

Cuando la pena de multa concurriere con la de relegación a colonia penitenciaria,

confinamiento o expulsión del territorio de la República, no se aplicará aquella, sino que

se la convertirá en la de éstas que le sea concurrente, y la cual se impondrá entonces con

el aumento del tiempo correspondiente a la multa.

La conversión se hará a razón de un día de relegación a colonia penitenciaria, de

confinamiento o de expulsión del territorio de la República, por diez bolívares de multa.

 

Artículo 94

En ningún caso excederá del límite máximo de treinta años la pena restrictiva de libertad

que se imponga conforme a la ley.

 

Artículo 95

La duración de las penas accesorias se calculará según el monto de la pena principal

única que se imponga de conformidad con los artículos anteriores.

 

Artículo 96

Al culpable de dos o más hechos punibles que acarreen sendas penas de multa se le

aplicarán todas, pero nunca en más de veinte mil bolívares, si se trata de delitos, ni de

tres mil bolívares, si se trata de faltas.

 

Artículo 97

Las reglas contenidas en los anteriores artículos se aplicarán al caso en que, después de

una sentencia condenatoria haya de ser juzgada la misma persona por otro hecho punible

cometido antes de la condena o después de ésta, pero mientras esté cumpliéndola. Mas

si la pena se hubiere cumplido o se hubiere extinguido la condena antes que la nueva sea

ejecutable, se castigará el nuevo hecho punible con la pena que le corresponda.

 

Artículo 98

El que con un mismo hecho viole varias disposiciones legales, será castigado con arreglo

a la disposición que establece la pena mas grave.

 

Artículo 99

Se consideran como un solo hecho punible las varias violaciones de la misma disposición

legal, aunque hayan sido cometidas en diferentes fechas, siempre que se hayan realizado

con actos ejecutivos de la misma resolución; pero se aumentará la pena de una sexta

parte a la mitad.

 

TÍTULO IX, DE LA REINCIDENCIA

 

Artículo 100

El que, después de una sentencia condenatoria y antes de los diez años de haberla

cumplido o de haberse extinguido la condena, cometiere otro hecho punible, será

castigado por éste con pena comprendida entre el término medio y el máximum de la que

le asigne la ley.

Si el nuevo hecho punible es de la misma índole que el anteriormente perpetrado, se

aplicará la pena correspondiente con aumento de una cuarta parte.

 

Artículo 101

El que, después de dos o más sentencias condenatorias a pena corporal, incurriere en

hecho punible que la merezca de la misma especie y sea de la misma índole, en el

término indicado en el artículo anterior, será castigado con la pena correspondiente al

nuevo hecho, aumentada en la mitad.

 

Artículo 102

Para los efectos de la ley penal, se consideran como delitos de la misma índole no sólo

los que violan la propia disposición legal, sino también los comprendidos bajo el mote del

mismo Título de este Código y aun aquellos que, comprendidos en Títulos diferentes,

tengan afinidad en sus móviles o consecuencias.

 

TÍTULO X, DE LA EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL Y DE LA PENA

 

Artículo 103

La muerte del procesado extingue la acción penal. La muerte del reo extingue también la

pena, aún la pecuniaria impuesta y no satisfecha y todas las consecuencias penales de la

misma, pero no impide la confiscación de los objetos o instrumentos con que se cometió

el delito ni el pago de las costas procesales que se harán efectivas contra los herederos.

 

Artículo 104

La amnistía extingue la acción penal y hace cesar la ejecución de la condena y todas las

consecuencias penales de la misma.

El indulto o gracia que condona la pena la hace cesar con todas sus accesorias. Cuando

el indulto se concede conmutando la pena impuesta por otra inferior, se cumplirá ésta con

las accesorias que le correspondan.

 

Artículo 105

El cumplimiento de la condena extingue la responsabilidad criminal.

 

Artículo 106

En los hechos punibles para cuya averiguación y castigo es menester instancia de parte,

el perdón del ofendido extingue la acción penal, pero no hace cesar la ejecución de la

condena sino en aquellos casos establecidos por la Ley.

El perdón obtenido por uno de los reos alcanza también a los demás.

El perdón no produce efecto respecto de quien se niegue a aceptarlo.

 

Artículo 107

Ni la amnistía, ni el indulto o gracia, ni el perdón de la parte ofendida dan derecho a la

restitución de las armas o instrumentos confiscados, ni de las cantidades pagadas a título

de multa o por costas procesales, pero no podrán cobrarse las cantidades que aún

debiere el procesado.

 

Artículo 108

Salvo el caso en que la ley disponga otra cosa, la acción penal prescribe así:

1. Por quince años; si el delito mereciere pena de presidio que exceda de diez años.

2. Por diez años, si el delito mereciere pena de presidio mayor de siete años, sin exceder

de diez.

3. Por siete años, si el delito mereciere pena de presidio de siete años o menos.

4. Por cinco años, si el delito mereciere pena de prisión de más de tres años.

5. Por tres años, si el delito mereciere pena de prisión de tres años o menos, arresto de

más de seis meses, relegación a colonia penitenciaria, confinamiento o expulsión del

territorio de la República.

6. Por un año, si el hecho punible sólo acarreare arresto por tiempo de uno a seis meses

o multa mayor de ciento cincuenta bolívares o suspensión del ejercicio de profesión

industria o arte.

7. Por tres meses, si el hecho punible sólo acarreare pena de multa inferior a ciento

cincuenta bolívares o arresto de menos de un mes.

 

Artículo 109

Comenzará la prescripción: para los hechos punibles consumados, desde el día de la

perpetración, para las infracciones intentadas o fracasadas, desde el día en que se realizó

el último acto de la ejecución; y para las infracciones continuadas o permanentes, desde

el día en que cesó la continuación o permanencia del hecho.

Si no pudiere promoverse o proseguirse la acción penal sino después de autorización

especial o después de resuelta una cuestión prejudicial diferida a otro juicio, quedará en

suspenso la prescripción y no volverá a correr hasta el día en que se dé la autorización o

se define la cuestión prejudicial.

 

Artículo 110

Se interrumpirá el curso de la prescripción de la acción penal por el pronunciamiento de la

sentencia, siendo condenatoria, o por la requisitoria que se libre contra el reo, si éste se

fugare.

Interrumpirán también la prescripción el auto de detención o de citación para rendir

indagatoria y las diligencias procesales que les sigan; pero si el juicio, sin culpa del reo, se

prolongare por un tiempo igual al de la prescripción aplicable, más la mitad del mismo, se

declarará prescrita la acción penal.

Si establece la ley un término de prescripción menor de un año, quedará ella interrumpida

por cualquier acto de procedimiento pero si en el término de un año, contado desde el día

en que comenzó a correr la prescripción no se dictare sentencia condenatoria, se tendrá

por prescrita la acción penal.

La prescripción interrumpida comenzará a correr nuevamente desde el día de la

interrupción.

La interrupción de la prescripción surte efectos para todos los que han concurrido al

hecho punible, aun cuando los actos que interrumpan la prescripción no se refieren sino a

uno.

 

Artículo 111

Cuando un condenado sea sometido por cualquier otro hecho punible a un nuevo juicio,

se computará la prescripción según la pena que debería imponerse en la nueva

sentencia, cuando resulte inferior a la impuesta en la anterior.

 

Artículo 112

Las penas prescriben así:

1. Las de presidio, prisión y arresto, por un tiempo igual al de la pena que haya de

cumplirse, más la mitad del mismo.

2. Las de relegación a colonia penitenciaria, confinamiento y expulsión del territorio de la

República, por un tiempo igual al de la condena, más la tercera parte del mismo.

3. Las de suspensión de empleo o inhabilitación para el ejercicio de profesión, industria o

arte, por un tiempo igual al de la condena, más la cuarta parte del mismo.

4. Las de multa en estos lapsos: las que no excedan de ciento cuarenta bolívares, a los

tres meses; y las que pasen de cuarenta bolívares, a los tres meses; y las que pasen

de dicho límite, a los seis meses; pero si fueren mayores de dos mil quinientos

bolívares, sólo prescribirán al año.

5. Las de amonestación o apercibimiento, a los seis meses.

Se entiende que la pena que haya de cumplirse, a que se refieren los números 1º y 2º de

este artículo, es la que resulte según el cómputo practicado por el Juez de la causa.

Cuando la sentencia firme impusiere penas a más de un delito, el tiempo para

prescripción se aumentará en una cuarta parte del designado en este artículo para la

respectiva pena.

El tiempo para la prescripción de la condena comenzará a correr desde el día en que

quedó firme la sentencia o desde el quebrantamiento de la condena, si hubiere ésta

comenzado a cumplirse; pero en el caso de nueva prescripción, se computará en ella al

reo el tiempo de la condena sufrida.

Se interrumpirá esta prescripción, quedando sin efecto el tiempo transcurrido, en el caso

de que el reo se presente o sea habido, y cuando cometiere un nuevo hecho punible de la

misma índole antes de completar el tiempo de la prescripción, sin perjuicio de que ésta

pueda comenzar a correr de nuevo.

Si, en virtud de nueva disposición penal más favorable al reo, fuere menester revisar una

sentencia condenatoria modificando la pena impuesta, sólo se tendrá en consideración,

para los efectos de la prescripción, la pena que procesa conforme a la nueva disposición

legal, la cual tendrá efecto retroactivo en todo lo que fuere en beneficio del reo.

Tampoco se tomará en consideración, para los efectos de la prescripción de la pena, la

agravación que debiera aplicarse por quebrantamiento de la respectiva condena.

 

TÍTULO XI, DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL, SU EXTENSIÓN Y EFECTOS

 

Artículo 113

Toda persona responsable criminalmente de algún delito o falta, lo es también civilmente.

La responsabilidad civil nacida de la penal no cesa porque se extingan éstas o la pena, si

no que durará como las demás obligaciones civiles, con sujeción a las reglas del derecho

civil.

Sin embargo, el perdón de la parte ofendida respecto a la acción penal produce la

renuncia de la acción civil si no se ha hecho reserva expresa.

Se prescribirá por diez años la acción civil que proceda contra funcionarios públicos por

hechos ejecutados en el ejercicio del cargo.

 

Artículo 114

La exención de la responsabilidad penal declarada en el artículo 62, número 4º. del

artículo 65 y artículos 69, 72 y 73, no comprende la exención de la responsabilidad civil, la

cual se hará efectiva con sujeción a las reglas siguientes:

1. Son responsables civilmente por los hechos que ejecuten los locos o dementes y

demás personas comprendidas en el artículo 62, sus padres o guardadores, a menos

que hagan constar que no hubo por su parte culpa ni negligencia.

No existiendo éstos o no teniendo bienes responderán con los suyos propios los autores

del hecho, salvo el beneficio de competencia en la forma que establezca la ley civil.

2. Son responsables civilmente las personas en cuyo favor se haya precavido el mal, a

proporción del beneficio que hubieren reportado.

Los Tribunales señalarán, según su prudente arbitrio, la cuota proporcional de que cada

interesado deba responder.

3. Responderán con sus propios bienes los menores de quince años que ejecuten el

hecho penado por la ley, salvo el beneficio de competencia.

Si no hubieren bienes, responderán sus padres o guardadores, a menos que conste que

no hubo por su parte culpa ni negligencia.

La misma regla se observará respecto al sordomudo irresponsable criminalmente.

4. En el caso del artículo 73 responderán civilmente los que hubieren causado la

omisión, y en su defecto, los que hubieren incurrido en ella, salvo respecto a los

últimos, el beneficio de competencia.

 

Artículo 115

Las demás personas exentas de responsabilidad criminal lo están también de

responsabilidad civil.

 

Artículo 116

Son responsables civilmente, en defecto de los que lo sean criminalmente, los posaderos,

dueños de casas de ventas de víveres o licores, y cualesquiera otras personas o

empresas, por los delitos que se cometieren en los establecimientos que dirijan siempre

que por su parte o la de sus dependientes haya habido infracción de los reglamentos de

policía.

 

Artículo 117

Son, además, responsables subsidiariamente los posaderos o directores de

establecimientos o casa de huéspedes de los efectos robados a éstos dentro de las

mismas casas o establecimientos, o de su indemnización, siempre que los alojados

hubieren dado conocimiento al mismo posadero, o director, o al que haga sus veces, del

depósito de aquellos objetos y, además hubieren observado las prevenciones que los

dichos posaderos o sus sustitutos les hubieran hecho sobre cuidado y vigilancia de los

mismos.

Esta responsabilidad no tendrá lugar en caso de robo con violencia hecha a las personas,

a no ser que éste haya sido ejecutado por los dependientes de la casa.

La misma responsabilidad subsidiaria y con las mismas condiciones toca a los capitanes o

patronos de embarcaciones mercantes o de transporte por el robo de los efectos de los

pasajeros puestos a bordo de ellas salvo que lo que se dice en el párrafo anterior de los

dependientes, se entiende aquí de los empleados subalternos del buque.

 

Artículo 118

Son también responsables subsidiariamente los maestros y las personas dedicadas a

cualquier género de industria por las faltas o delitos en que incurran sus discípulos,

oficiales o aprendices en el desempeño de su obligación o servicio.

No incurren en esta responsabilidad si prueban que no han podido evitar el hecho de sus

discípulos oficiales o aprendices.

 

Artículo 119

En caso de rebelión, existe la solidaridad en la responsabilidad civil derivada de los daños

y expropiaciones causados por fuerzas rebeldes.

Tal responsabilidad solidaria comprende a todos los que figuren en la insurrección con el

grado de General, aún cuando sea usurpado, y cualquiera que sea el lugar de la

República donde las fuerzas rebeldes hayan causado el daño.

En cuanto a los rebeldes que hayan actuado con grados inferiores, aún cuando sean

usurpados, la solidaridad sólo existe por los daños y depredaciones que cause cualquier

fuerza rebelde en el respectivo Estado, Distrito Federal, Territorio o Dependencia Federal,

donde ellos hayan participado en la rebelión.

Se exceptúan únicamente de responsabilidad civil los soldados reclutados por los

rebeldes o que, al cometer el daño, lo hubiesen hecho en cumplimiento de órdenes

superiores.

 

Artículo 120

La responsabilidad civil establecida en los artículos anteriores comprende:

1. La restitución.

2. La reparación del daño causado.

3. La indemnización de perjuicios.

 

Artículo 121

La restitución deberá hacerse de la misma cosa, siempre que sea posible con pago de los

deterioros o menoscabos, a regulación del Tribunal.

La restitución debe hacerse aun cuando la cosa se halle en poder de un tercero que la

posea legalmente, salvo su repetición contra quien corresponda

No será aplicable esta disposición cuando el tercero haya adquirido la cosa en la forma y

con los requisitos establecidos por las leyes para hacerla irreivindicable.

Si no fuere posible la restitución de la cosa, se reparará la pérdida pagándose el valor de

ella.

La reparación se hará valorando la entidad del daño a regulación del Tribunal, atendido el

precio natural de la cosa, siempre que fuere posible, y el grado de afección en que la

tenga el agraviado; y sólo se exigirá cuando no haya lugar a la restitución.

 

Artículo 122

La indemnización de perjuicios comprenderá no sólo los que se hubiesen causado al

agraviado, sino también los que se hubieren irrogado por razón del delito, a su familia o a

un tercero.

Los Tribunales regularán el importe de esta indemnización en los mismos términos

prevenidos para la reparación del daño en el artículo precedente.

 

Artículo 123

La obligación de restituir, reparar el daño o indemnizar los perjuicios se transmite a los

herederos del responsable, pero hasta concurrencia del monto de la herencia, siempre

que la acepten bajo beneficio de inventario.

La acción para repetir la restitución, reparación o indemnización se transmite igualmente a

los herederos del perjudicado.

 

Artículo 124

Si el hecho punible es imputable a varias personas, quedan éstas obligadas

solidariamente por el daño causado.

 

Artículo 125

El que por título lucrativo participe de los efectos de un delito o falta está obligado al

resarcimiento hasta la cuantía en que hubiere participado.

 

Artículo 126

Los condenados como responsables criminalmente lo serán también en la propia

sentencia, en todo caso, a la restitución de la cosa ajena o su valor; en las costas

procesales y en la indemnización de perjuicios, en caso de constituirse el agraviado en

acusador y parte civil.

 

Artículo 127

En caso de que la responsabilidad civil haya de reclamarse contra una persona distinta de

la que cometió el hecho, no podrá hacerse efectiva sino en juicio separado en que ella

intervenga.

 

LIBRO SEGUNDO, DE LAS DIVERSAS ESPECIES DE DELITO

 

TÍTULO I, DE LOS DELITOS CONTRA LA INDEPENDENCIA Y LA SEGURIDAD DE LA

 

NACIÓN

 

CAPÍTULO I, De la traición a la patria y otros delitos contra ésta

 

Artículo 128

Cualquiera que, de acuerdo con una Nación extranjera o con enemigos exteriores,

conspire contra la seguridad del territorio de la patria, o contra sus instituciones

republicanas, o la hostilice por cualquier medio para alguno de estos fines, será castigado

con la pena de presidio de veinte a treinta años.

 

Artículo 129

El que dentro o fuera de Venezuela, sin complicidad con otra Nación, atente por sí solo

contra la independencia o la integridad del territorio de la República, será castigado con la

pena de presidio de veinte a veintiséis años.

Con la misma pena será castigado quien solicite, gestione o impetre, en cualquier forma,

la intervención de un Gobierno extranjero para derrocar el gobierno venezolano.

 

Artículo 130

Cualquiera que, en tiempo de guerra de alguna Nación extranjera con Venezuela,

aparezca sublevado en armas contra el Gobierno legítimo de la República, y no las

deponga a la primera intimación de la autoridad pública, será castigado con la pena de

presidio de dieciocho a veinticinco años.

 

Artículo 131

Cualquiera que, dentro o fuera del territorio nacional, y a tiempo que Venezuela se halle

amenazada de guerra extranjera, favorezca, facilite o ayude directa o indirectamente, con

revueltas intestinas, o por medio de actos de perturbación del orden público, las miras,

planes o propósitos de los enemigos extraños y no se aparte de aquellas revueltas, ni se

retraiga de dichos actos a la primera intimación de la autoridad pública o por propia o

espontánea deliberación, será castigado con presidio de doce a veinticuatro años.

 

Artículo 132

Cualquiera que, dentro o fuera del territorio nacional, conspire para destruir la forma

política republicana que se ha dado la Nación, será castigado con presidio de ocho a

dieciséis años.

En la misma pena incurrirá el venezolano que solicitare la intervención extranjera en los

asuntos de la política interior de Venezuela, o pidiere su concurso para trastornar la paz

de la República o que ante sus funcionarios, o por publicaciones hechas en la prensa

extranjera, incitare a la guerra civil en la República o difamare a su Presidente o ultrajare

al Representante diplomático o a los funcionarios consulares de Venezuela, por razón de

sus funciones, en el país donde se cometiere el hecho.

 

Artículo 133

Cualquiera que de la manera expresada en el artículo 128 estorbe o impida, enerve o

disminuya la acción del Gobierno Nacional o de los Estados para la defensa nacional, sin

atender ni respetar las intimaciones de la autoridad pública, será castigado con presidio

de cinco a diez años.

 

Artículo 134

Cualquiera que, indebidamente y con perjuicio de la República, haya revelado los

secretos políticos o militares concernientes a la seguridad de Venezuela, bien sea

comunicando o publicando los documentos, datos, dibujos, planos u otras informaciones

relativas al material, fortificaciones u operaciones militares bien sea diafanizando de otra

manera su conocimiento, será castigado con presidio de siete a diez años.

La pena será de ocho a doce años si los secretos se han revelado a una Nación que esté

en guerra con Venezuela o a los Agentes de dicha Nación, o también si el hecho ha

causado la perturbación de las relaciones amistosas de la República con otro Gobierno.

La pena se aumentará con una tercera parte si el culpable tenía los dibujos, planos o

documentos, o había adquirido el conocimiento de los secretos por razón de su empleo,

cargo público o funciones. También se aumentará la pena de la misma manera si por

fraude, hurto o violencia se hubiera hecho la adquisición de dicho conocimiento o de

aquellos objetos.

 

Artículo 135

El que hubiere obtenido la revelación de los secretos o se los hubiere procurado por

cualquier medio ilegítimo, será castigado con las penas establecidas en el artículo

anterior, y conforme a las distinciones que en él se hacen.

 

Artículo 136

Si los secretos especificados en el artículo 134 se han divulgado por efecto de la

negligencia o imprudencia de los que, en razón de su empleo, estaban en posesión de los

dibujos, planos o documentos, o tenían conocimiento de los secretos, los culpables serán

castigados con prisión de cuarenta y cinco días a nueve meses.

 

Artículo 137

Cualquiera que, indebidamente, haya levantado los planos de las fortificaciones, naves o

aeronaves de guerra, establecimientos, vías u obras militares, o que con tal objeto se

hubiere introducido clandestinamente o con engaño, en los lugares prohibidos al acceso

público por la autoridad militar, será castigado con prisión de tres a quince meses.

El solo hecho de introducirse con engaño o clandestinamente en los mencionados lugares

merece pena de prisión, que puede ser de uno hasta tres meses.

 

Artículo 138

El individuo que, encargado por el Gobierno de la República para tratar de negocios de

Venezuela con un Gobierno extranjero, traicione su mandato, perjudicando los intereses

públicos, será castigado con presidio de seis a doce años.

 

Artículo 139

Las penas determinadas por los artículos 128 y siguientes se aplicarán también si el delito

se ha cometido con perjuicio de una Nación aliada con Venezuela para la guerra y en el

curso de esta.

 

Artículo 140

El venezolano o extranjero, residente en la República que en tiempo de guerra facilite

directa o indirectamente a la Nación enemiga o a sus agentes, dinero, provisiones de

boca o elementos de guerra que puedan emplearse en perjuicio de Venezuela, será

castigado con prisión de uno a cinco años.

 

Artículo 141

Cualquiera que por desprecio arrebatare, rompiere o destruyere en un lugar público o

abierto al público la bandera nacional u otro emblema de la República, será castigado con

prisión de dos meses a un año. Si este delito se cometiere encontrándose la República

empeñada en una guerra extranjera, la prisión será de trece meses a dos años.

 

Artículo 142

El venezolano que acepte honores, pensiones u otras dádivas de alguna Nación que se

halle en guerra con Venezuela será castigado con presidio de seis a doce años.

 

Artículo 143

En multa de cien a mil bolívares incurrirán los empleados públicos que, sin llenar el

requisito impuesto en el ordinal 3º del artículo 150 de la Constitución Nacional, admitan

dádivas, cargos, honores y recompensas de Naciones extranjeras.

 

CAPÍTULO II, De los delitos contra los poderes nacionales y de los estados

 

Artículo 144

Serán castigados con presidio de doce a veinticuatro años:

1. Los que se alcen públicamente, en actitud hostil, contra el Gobierno legítimamente

constituido o elegido, para deponerlo o impedirle tomar posesión del mando.

2. Los que, sin el objeto de cambiar la forma política republicana que se ha dado la

Nación, conspiren o se alcen para cambiar violentamente la Constitución Nacional.

En la mitad de la pena referida incurrirán los que cometen los actos a que se refieren los

números anteriores, con respecto a los Gobernadores de los Estados las Asambleas

Legislativas y las Constituciones de los Estados, y en la tercera parte de dicha pena, los

que se cometieren contra los Presidentes de los Consejos Municipales.

3. Los que promuevan la guerra civil entre la Unión y los Estados o entre éstos.

 

Artículo 145

Cualquiera que, sin autorización del Gobierno Nacional, haga levas o arme venezolanos o

extranjeros en el territorio de la República para ponerlos al servicio de otra Nación será

castigado con arresto en Fortaleza o Cárcel Política por tiempo de seis meses a dos años.

La pena será de uno a tres años, si entre los reclutados hay alguno que pertenezca al

ejército.

 

Artículo 146

Cualquiera que ejecute algún acto que tenga por objeto hacer tomar las armas a los

habitantes de la República contra los Poderes Públicos de la Nación, serán castigados

con presidio de tres a seis años. Cuando los actos de que se trata en este artículo se

cometieren con respecto a alguno de los Estados de la República, las penas que se

establecen se reducirán a la mitad de las indicadas en el propio artículo.

 

Artículo 147

El que, sin estar autorizado por la ley ni por orden del Gobierno, tome el mando de tropas,

plazas, fortalezas, puestos militares, puertos, poblaciones o buques o aeronaves de

guerra, será castigado con arresto en Fortaleza o Cárcel Política, por tiempo de treinta

meses a cinco años.

 

Artículo 148

El que ofendiere de palabra o por escrito, o de cualquier otra manera irrespetare al

Presidente de la República o a quien este haciendo sus veces, será castigado con prisión

de seis a treinta meses, si la ofensa fuere grave y con la mitad de esta pena, si fuere leve.

La pena se aumentará en una tercera parte si la ofensa se hubiere hecho públicamente.

Si la ofensa fuere contra el Presidente de alguna de las Cámaras Legislativas o el

Presidente de la Corte Suprema de Justicia, la pena será de cuatro meses a dos años,

cuando la ofensa fuere grave y con la mitad de esta pena, cuando fuere leve.

 

Artículo 149

Cuando los hechos especificados en el artículo precedente, se efectuaren contra el

Gobernador de alguno de los Estados de la Unión, o contra los Ministros del Despacho,

Secretario General del Presidente de la República, Gobernadores del Distrito Federal o de

los Territorios Federales, los Vocales de la Corte Suprema de Justicia los Presidentes de

las Legislaturas de los Estados y los Jueces Superiores, o contra la persona que este

haciendo sus veces, la pena incluida en dicho artículo se reducirá a su mitad, y a su

tercera parte si se trata de Presidentes de Consejos Municipales, Prefectos de

Departamentos del Distrito Federal o Jefes Civiles de Distrito.

 

Artículo 150

Cualquiera que vilipendiare públicamente al Congreso, a las cámaras Legislativas

Nacionales a la Corte Suprema de Justicia o al Gabinete o Consejo de Ministros, así

como a alguna de las Legislaturas o Asambleas Legislativas de los Estados de la Unión o

a algunos de los Tribunales Superiores será castigado con prisión de quince días a diez

meses.

En la mitad de dicha pena incurrirán los que cometieren los hechos a que se refiere este

artículo, con respecto a los Consejos Municipales.

La pena de aumentará proporcionalmente en la mitad, si la ofensa se hubiere cometido

hallándose las expresadas Corporaciones en ejercicio de sus funciones oficiales.

 

Artículo 151

Corresponde a los Tribunales de Justicia determinar sobre la gravedad o lenidad de las

ofensas a que se refieren los artículos 148, 149 y 150.

 

Artículo 152

El enjuiciamiento por los hechos de que hablan los artículos precedentes no se hace lugar

sino mediante requerimiento de la persona o cuerpo ofendido, hecho por conducto del

Representante del Ministerio Público, ante el Juez competente.

 

CAPÍTULO III, De los delitos contra el derecho internacional

 

Artículo 153

Los venezolanos o extranjeros que cometan actos de piratería serán castigados con

presidio de diez a quince años.

Incurren en este delito los que, rigiendo o tripulando un buque no perteneciente a la

Marina de Guerra de ninguna Nación, ni provisto de patente de corso debidamente

expedida, o haciendo parte de un cuerpo armado que ande a su bordo, ataquen otras

naves o cometan depredaciones en ellas o en los lugares de la costa donde arriben, o se

declaren en rebelión contra el Gobierno de la República.

 

Artículo 154

Los venezolanos o extranjeros que en Venezuela recluten gente o acopien armas, o

formen juntas o preparen expediciones o salgan del territorio de la República en actitud

hostil para acometer o invadir el de una Nación amiga o neutral serán castigados con

pena de tres a seis años de arresto en Fortaleza o Cárcel Política.

En la misma pena determinada en este artículo incurren los venezolanos o extranjeros

que en Venezuela construyan buques, los armen en guerra o aumenten sus fuerzas o

pertrechos, su dotación o el número de sus marineros para hacer la guerra a una Nación

con la cual esté en paz la República.

 

Artículo 155

Las penas fijadas en el artículo que antecede se aumentarán en una tercera parte si los

actos hostiles contra la nación amiga o neutral han expuesto a Venezuela al peligro de

una guerra internacional o han hecho romper las relaciones amistosas del Gobierno de la

República con el de aquella Nación.

Se aplicarán dobladas las susodichas penas si por consecuencia de los actos

mencionados se le ha declarado la guerra a la República.

 

Artículo 156

Incurren en pena de arresto en Fortaleza o Cárcel Política por tiempo de uno a cuatro

años:

1. Los venezolanos o extranjeros que, durante una guerra de Venezuela contra otra

Nación, quebranten las treguas o armisticios o los principios que observan los pueblos

civilizados en la guerra, como el respeto debido a los prisioneros, a los no

combatientes, a la bandera blanca, a los parlamentarios, a la Cruz Roja y otros casos

semejantes, sin perjuicio de lo que dispongan las leyes militares que se aplicarán

especialmente en todo lo que a este respecto ordenen.

2. Los venezolanos o extranjeros que, con actos de hostilidad contra uno de los

beligerantes, cometidos dentro del territorio de la República, quebranten la neutralidad

de ésta en caso de guerra entre naciones extrañas.

3. Los venezolanos o extranjeros que violen las Convenciones o Tratados celebrados por

la República de un modo que comprometa la responsabilidad de ésta.

 

Artículo 157

Los venezolanos o extranjeros que, contra la prohibición de las leyes, decretos o

mandamientos de las autoridades de una Nación amiga o neutral, entren en ella por la

fuerza o clandestinamente, partiendo del territorio de Venezuela, serán castigado con la

pena de expulsión del territorio de la República por tiempo de dos a cinco años.

 

Artículo 158

Cualquiera que cometa un delito en el territorio de la República contra el Jefe o Primer

Magistrado de una Nación extranjera, incurrirá en la pena aplicable al hecho cometido con

un aumento de una sexta a una tercera parte.

Si se trata de un acto contra la vida, la seguridad o la libertad individual de dicho

personaje, la agravación de la pena, de conformidad con la disposición anterior, no podrá

ser menor de tres años de prisión.

En los demás casos, la pena corporal no podrá ser menor de sesenta días, ni la pena

pecuniaria inferior a doscientos cincuenta bolívares.

Si el hecho punible fuere de los que no permiten procedimiento de oficio, el juicio no se

hará lugar sino a instancia del Gobierno extranjero.

 

Artículo 159

Cualquiera que por acto de menosprecio a una Potencia extranjera, arrebate, rompa o

destruya la bandera o cualquier otro emblema de dicha Nación, será castigado con

arresto en Fortaleza o Cárcel Política por tiempo de uno a seis meses.

El enjuiciamiento no se hará lugar sino a instancia del Gobierno extranjero.

 

Artículo 160

En los casos de delitos cometidos contra los Representantes de Potencias extranjeras

acreditados cerca del Gobierno de Venezuela, en razón de sus funciones, se aplicarán las

penas establecidas para los mismos hechos cometidos contra los funcionarios públicos

venezolanos, por razón de sus funciones. Si se tratare de ofensas cometidas, el

enjuiciamiento no podrá hacerse lugar sino mediante la instancia correspondiente de la

parte agraviada.

 

CAPÍTULO IV, Disposiciones comunes a los Capítulos precedentes

 

Artículo 161

Cualquiera que para cometer alguno de los delitos previstos en los artículos 131, 144 y

146, se valga de fuerza armada o ejerza en ella mando superior o atribuciones especiales,

será castigado con arresto en Fortaleza o Cárcel Política por tiempo de cinco a siete años.

 

Artículo 162

Cualquiera que, fuera de los casos previstos en el artículo 84, proporcione

voluntariamente amparo o asistencia, facilite recursos a la fuerza armada de que se habla

en el artículo precedente o de algún modo favoreciere sus operaciones, será castigado

con arresto en Fortaleza o Cárcel Política por tiempo de tres a treinta meses.

 

Artículo 163

Estarán exentos de la pena señalada a los actos previstos en los dos artículos

precedentes:

1. Los que antes de toda medida de la autoridad o de la fuerza pública, o

inmediatamente después, hayan disuelto la gente armada o impedido que ésta

cometiese el delito para el cual se había reunido.

2. Los que, no habiendo participado en la formación o en el mando de la gente armada,

consintieren antes o inmediatamente después de dicha medida en retirarse sin

resistencia, entregando o abandonando sus armas.

3. Los soldados reclutados por las fuerzas rebeldes.

 

Artículo 164

Cuando varias personas han concertado o intentado, por medios determinados, cometer

alguno de los delitos previstos en los artículos 128, 144 y 146 y primera parte del artículo

158, cada una de ellas será castigada como sigue:

  1. En los casos del artículo 128, con la pena de presidio de seis a doce años.
  2. En el caso del artículo 144, con la pena de presidio de tres a seis años; y en el caso del artículo 146, con presidio de seis meses a un año
  3. En el caso del primer aparte del artículo 158, con prisión de uno a tres años.

Estarán exentos de toda pena los que se retiren del complot antes de haberse dado

principio a la ejecución del delito y antes de que se inicie el procedimiento judicial

correspondiente.

El que, fuera de los casos previstos en los artículos 83 y 84, excitare públicamente a

cometer alguno de los delitos previstos en los artículos 128, 144 y 146, será castigado

solamente por ese hecho, con presidio de uno a tres años en el caso del artículo 128, y

con prisión por igual tiempo, en los casos de los otros dos artículos.

 

Artículo 165

Cuando en el curso de la ejecución de alguno de los delitos previstos en el presente

Título, el inculpado cometa otro delito que merezca pena corporal, mayor de treinta

meses, la pena que resultare de la aplicación del Título VIII del Libro Primero se

aumentará en una sexta parte.

Si el nuevo delito cometido fuere el de homicidio o de lesiones, se seguirán las reglas

siguientes:

1. Si tales delitos fueron cometidos por las fuerzas rebeldes en acción de guerra, se

aumentará en una mitad la pena normalmente señalada para su castigo.

2. Los homicidios y lesiones cometidos por las fuerzas rebeldes no en acción de guerra,

se castigarán de conformidad con las disposiciones de los Capítulos I, II y III, Título IX,

Libro Segundo del presente Código.

3. Los homicidios y lesiones cometidos por las fuerzas del Gobierno se castigarán

conforme al Código Militar.

 

Artículo 166

La disposición del artículo precedente se aplicará también al que, para cometer alguno de

los delitos previstos en el presente Título, invada algún edificio público o particular, o se

apodere con violencia o engaño, de armas, municiones o víveres existentes en el lugar de

la venta o depósito, aunque el hecho merezca una pena corporal menor de treinta meses.

 

TÍTULO II, DELITOS CONTRA LA LIBERTAD

 

CAPÍTULO I, De los delitos contra las libertades políticas

 

Artículo 167

Cualquiera que, por medio de violencias, amenazas o tumultos, impida o paralice, total o

parcialmente, el ejercicio de cualquiera de los derechos políticos, siempre que el hecho no

esté previsto por una disposición especial de la ley, será castigado con arresto en

Fortaleza o Cárcel Política por tiempo de quince días a quince meses.

Si el culpable es un funcionario público y ha cometido el delito con abuso de sus

funciones, el arresto será de seis a treinta meses.

 

CAPÍTULO II, De los delitos contra la libertad de cultos

 

Artículo 168

El que por ofender algún culto lícitamente establecido o que se establezca en la

República, impida o perturbe el ejercicio de las funciones o ceremonias religiosas, será

castigado con arresto de cinco hasta cuarenta y cinco días.

Si el hecho fuere acompañado de amenazas, violencias, ultrajes, o demostraciones de

desprecio, el arresto será por tiempo de cuarenta y cinco días a quince meses.

 

Artículo 169

El que por hostilidad contra algún culto establecido o que se establezca en la República,

vilipendie a la persona que lo profese, será castigado, por acusación de la parte

agraviada, con prisión de uno hasta seis meses.

 

Artículo 170

El que por desprecio a un culto establecido o que se establezca en la República destruya,

maltrate o desperfeccione de cualquier manera, en un lugar público, las cosas destinadas

a dicho culto y también el que violente o vilipendie a alguno de sus ministros, será

castigado con prisión de cuarenta y cinco días a quince meses.

Si se trata de otro delito cometido contra el ministro de algún culto en ejercicio de sus

funciones o a causa de éstas, la pena fijada a dicho delito se aumentará en una sexta

parte.

 

Artículo 171

Cualquiera que en los lugares destinados al culto, o en los cementerios, deteriore,

desperfeccione o afee los monumentos, pinturas, piedras, lápidas, inscripciones o

túmulos, será castigado con arresto de uno a seis meses o multa de ciento cincuenta a mil

quinientos bolívares.

 

Artículo 172

Cualquiera que cometa actos de profanación en el cadáver o en las cenizas de una

persona, y cualquiera que con un fin injurioso, o simplemente ilícito, sustrajere,

fraudulentamente, el todo o parte de los despojos o restos mismos, o de alguna manera

viole un túmulo o una cineraria, será castigado con prisión de seis meses a tres años.

 

Artículo 173

Cualquiera que, fuera de los casos antes indicados, profanare, total o parcialmente el

cadáver de alguna persona, lo exhumare, sustrajere o se apoderare de sus restos, será

castigado con prisión de tres a quince meses.

Si el hecho se ha cometido por el administrador o celador de un cementerio o lugar de

sepulturas, o por persona a la cual se hubiere confiado la guarda del cadáver o de los

restos, la pena se aumentará en una tercera parte en el primer caso, y en una cuarta

parte en el segundo.

 

CAPÍTULO III, De los delitos contra la libertad individual

 

Artículo 174

Cualquiera que reduzca a esclavitud a alguna persona o la someta a una condición

análoga, será castigado con presidio de seis a doce años.

En igual pena incurrirán los que intervinieren en la trata de esclavos.

 

Artículo 175

Cualquiera que ilegítimamente haya privado a alguno de su libertad personal, será

castigado con prisión de quince días a treinta meses.

Si el culpable para cometer el delito o durante su comisión hizo uso de amenazas, sevicia

o engaño, o si lo cometió por espíritu de venganza o lucro, o con el fin o pretexto de

religión, o si secuestró la persona para ponerla al servicio militar de país extranjero, la

prisión será de dos a cuatro años.

Si el delito se ha cometido contra algún ascendiente o cónyuge, contra algún miembro del

Congreso o de la Legislatura de alguno de los Estados, contra algún Vocal de la Corte

Suprema de Justicia, o contra cualquier otro magistrado público, por razón de sus

funciones, o si del hecho ha resultado algún perjuicio grave para la persona, la salud o los

bienes del agraviado, la pena de prisión será de treinta meses a siete años.

Si el culpable, espontáneamente, ha puesto en libertad a la persona antes de toda

diligencia de enjuiciamiento, sin haber conseguido el fin que se proponía ni haberle

ocasionado daño alguno, la pena será de quince meses a tres y medio años.

 

Artículo 176

Cualquiera que, sin autoridad o derecho para ello, por medio de amenazas, violencias u

otros apremios ilegítimos, forzare a una persona a ejecutar un acto a que la ley no la

obliga o a tolerarlo o le impidiere ejecutar alguno que no le está prohibido por la misma,

será penado con prisión de quince días a treinta meses.

Si el hecho ha sido con abuso de autoridad pública, o contra algún ascendiente o

cónyuge, o contra algún funcionario público por razón de sus funciones, o si del hecho ha

resultado algún perjuicio grave para la persona, la salud o los bienes del agraviado, la

pena será de prisión de treinta meses a cinco años.

El que, fuera de los casos indicados y de otros que prevea la ley, amenazare a alguno con

causarle un daño grave e injusto, será castigado con relegación a colonia penitenciaria

por tiempo de uno a diez meses o arresto de quince días a tres meses o arresto de quince

días a tres meses, previa la querella del amenazado.

 

Artículo 177

El funcionario público que con abuso de sus funciones o quebrantando las condiciones o

las formalidades prescritas por la ley, privare de la libertad a alguna persona, será

castigado con prisión de cuarenta y cinco días a tres y medio años; y si el delito se ha

cometido con alguna de las circunstancias indicadas en el primero y segundo apartes del

artículo precedente, la prisión será de tres a cinco años.

En el caso previsto en el último aparte del artículo 175, la pena será de diez meses a dos

y medio años.

 

Artículo 178

Cualquiera que con un objeto extraño al de satisfacer sus propias pasiones, de contraer

matrimonio o de realizar alguna ganancia, hubiere arrebatado a una persona, menor de

quince años, aun consintiéndolo ella, del lado de sus padres, tutores o demás

guardadores, siquiera sea temporalmente, será castigado con prisión de seis meses a dos

años; e igual pena se impondrá al que, indebidamente, secuestre a dicha persona,

aunque ésta preste su asenso para ello.

Si el delito se hubiere cometido sin la aquiescencia de la persona arrebatada o

secuestrada, o si ésta no tuviere doce años de edad, se aplicarán, según los casos, las

disposiciones y las penas especificadas en los artículos precedentes.

 

Artículo 179

El funcionario público que, con abuso de sus funciones, ordene o ejecute la pesquisa o

registro del cuerpo de una persona, será castigado con prisión de uno a cinco meses.

 

Artículo 180

E1 funcionario público que rigiendo una cárcel o un establecimiento penal, reciba en

calidad de preso o de detenido, a alguna persona, sin orden escrita de la autoridad

competente, o se niegue a obedecer una orden escrita de excarcelación emanada de la

misma autoridad, será castigado con prisión de cuatro a seis meses.

 

Artículo 181

Todo funcionario público competente que teniendo conocimiento de una detención ilegal,

omita, retarde o rehusé tomar medidas para hacerla cesar o para denunciarla a la

autoridad que deba proveer al efecto, será castigado con multa de cien a mil bolívares.

 

Artículo 182

Todo funcionario público encargado de la custodia o conducción de alguna persona

detenida o condenada, que cometa contra ella actos arbitrarios o la someta a actos no

autorizados por los reglamentos del caso, será castigado con prisión de quince días a

veinte meses. Y en la misma pena incurrirá el funcionario público que investido, por razón

de sus funciones de autoridad respecto de dicha persona, ejecute con ésta alguno de los

actos indicados.

Se castigarán con prisión de tres a seis años los sufrimientos, ofensas a la dignidad

humana, vejámenes, torturas o atropellos físicos o morales cometidos en persona

detenida, por arte de sus guardianes o carceleros, o de quien diera la orden de ejecutarlos

en contravención a los derechos individuales reconocidos en el ordinal 3º del artículo 60

de la Constitución.

 

Artículo 183

Cuando para cometer alguno de los delitos previstos en los artículos anteriores, el

funcionario público hubiere procedido para satisfacer algún interés privado, las penas

serán las siguientes: en el caso del artículo 181, en lugar de la pena de multa, se

impondrá la de prisión, de tres a cuarenta y cinco días; y en los demás casos, la pena

correspondiente se aumentará en una sexta parte.

 

CAPÍTULO IV, De los delitos contra la inviolabilidad del domicilio

 

Artículo 184

Cualquiera que, arbitraria, clandestina o fraudulentamente se introduzca o instale en

domicilio ajeno, o en sus dependencias, contra la voluntad de quien tiene derecho a

ocuparlo, será castigado con prisión de quince días a quince meses.

Si el delito se ha cometido de noche o con violencia a las personas, o con armas, o con el

concurso de varios individuos, la prisión será de seis a treinta meses.

El enjuiciamiento no se hará lugar sino por acusación de la parte agraviada.

 

Artículo 185

El funcionario público que con abuso de sus funciones o faltando a las condiciones o

formalidades establecidas por la ley, se introduzca en domicilio ajeno o en sus

dependencias, será castigado con prisión de cuarenta y cinco días a dieciocho meses.

Si el hecho fuere acompañado de pesquisas o de algún otro acto arbitrario, la prisión será

de seis a treinta meses.

Si consta que el culpable ha obrado por causa de algún interés privado, las penas se

aumentarán en una sexta parte.

 

CAPÍTULO V, De los delitos contra la inviolabilidad del secreto

 

Artículo 186

El que indebidamente abra alguna carta, telegrama o pliego cerrado que no se le haya

dirigido, o que indebidamente lo tome para conocer su contenido, aunque no esté cerrado,

perteneciendo a otro, será castigado con arresto de ocho a veinte días.

Si divulgando el contenido, el culpable ha causado algún perjuicio, la pena será de quince

días a diez meses de arresto.

 

Artículo 187

Cualquiera que haya suprimido indebidamente alguna correspondencia epistolar o

telegráfica que no le pertenezca, aunque estando cerrada no la hubiera abierto, será

castigado con arresto de uno a seis meses.

Si el hecho ha ocasionado algún perjuicio, el arresto no podrá bajar de cuarenta y cinco

días.

 

Artículo 188

Cualquiera que teniendo una correspondencia epistolar o telegráfica, no destinada a la

publicidad, la hiciere indebidamente pública, aunque le haya sido dirigida, siempre que el

hecho pueda ocasionar algún perjuicio, será castigado con multa de cincuenta a mil

bolívares.

 

Artículo 189

El que estando empleado en el servicio de correos o telégrafos, con abuso de su oficio, se

adueñare de alguna carta, telegrama, comunicación o cualquiera otra correspondencia no

cerrada, o que, estándolo, la abra para conocer su contenido, o la retenga o revele su

existencia o contenido a otra persona distinta del título de su destino, será castigado con

prisión de quince días a quince meses.

La misma pena se impondrá al que en servicio y con abuso de los mencionados oficios,

suprima alguna de las dichas correspondencias.

Si alguno de los hechos previstos en el presente artículo causare algún perjuicio, la pena

de prisión será de tres meses a dos años.

 

Artículo 190

El que teniendo por razón de su estado, funciones, profesión, arte u oficio, conocimiento

de algún secreto cuya divulgación pueda causar algún perjuicio, lo revele, no obstante, sin

justo motivo, será castigado con prisión de cinco a treinta días.

 

Artículo 191

En lo que concierne a los delitos previstos en los artículos 186, 187, 188 y 190, siempre

que el hecho no hubiere ocasionado algún perjuicio que interese al orden público, el

enjuiciamiento no se hará lugar sino por acusación de la parte agraviada.

 

CAPÍTULO VI, De los delitos contra la libertad del trabajo

 

Artículo 192

Cualquiera que, por medio de violencias o amenazas, restrinja o suprima, de alguna

manera, la libertad del comercio o de la industria, será castigado con prisión de uno a diez

meses.

 

Artículo 193

Todo el que valiéndose de violencias ocasione o haga que continúe una cesación o

suspensión de trabajo, con el objeto de imponer a los obreros, patronos o empresarios

alguna disminución o aumento de salarios o también convenios diferentes de los

pactados, será castigado con arresto de uno a diez meses.

 

Artículo 194

Los jefes o promotores de los actos previstos en los artículos precedentes serán

castigados con arresto de cuarenta y cinco días a dieciocho meses.

 

TÍTULO III, DE LOS DELITOS CONTRA LA COSA PÚBLICA

 

CAPÍTULO I, Del peculado

 

Artículo 195

Todo funcionario público que sustrajere los dineros u otros objetos muebles de cuya

recaudación, custodia o administración esté encargado en virtud de sus funciones, será

castigado con presidio de tres a diez años.

Si el perjuicio no es grave, o si fuere enteramente reparado antes de ser sometido a juicio

el culpado, se le impondrá prisión de tres a veintiún meses.

 

CAPÍTULO II, De la concusión

 

Artículo 196

Todo funcionario que abusando de sus funciones, constriña a alguna persona a que dé o

prometa a él mismo o a un tercero alguna suma de dinero u otra ganancia o dádiva

indebida, será castigado con prisión de dieciocho meses a cinco años. Si la suma o cosa

indebidamente dada o prometida es de poco valor, la prisión será de tiempo de tres a

veintiún meses.

 

Artículo 197

Todo funcionario que abusando de sus funciones, induzca a alguna persona a que

cometa alguno de los hechos a que se refiere el artículo anterior, será castigado con

prisión de dos a dieciséis meses.

Si recibiendo el funcionario público lo que no le era debido no hace mas que

aprovecharse del error del otro, la prisión será de tres a quince meses.

Si la suma o la cosa indebidamente dada o prometida fuere de poco valor, la prisión, en el

primer caso, será de uno a diez meses; y en el segundo, de quince días a seis meses.

 

CAPÍTULO III, De la corrupción de funcionarios

 

Artículo 198

Todo funcionario que, por propia o ajena cuenta, reciba por algún acto de sus funciones,

en dinero o en otra cosa, alguna retribución que no se le deba o cuya promesa acepte,

será castigado con prisión de uno a dos meses.

 

Artículo 199

Todo funcionario público que por retardar u omitir algún acto de sus funciones o por

efectuar alguno que sea contrario al deber mismo que ellas imponen, reciba, o se haga

prometer, dinero u otra utilidad, bien por si, bien por medio de otra persona, será

castigado con presidio de tres a cinco años. El presidio será de cuatro a ocho años si el

acto cometido ha tenido por efecto:

1. Conferir empleos públicos, subsidios, pensiones u honores, o hacer que se convenga

en contratos en que este interesada la administración a que pertenece el funcionario.

2. Favorecer o causar algún perjuicio o daño a alguna de las partes en un juicio civil, o al

culpable en un proceso penal. Si del acto ha resultado una sentencia condenatoria

restrictiva de la libertad individual, que exceda de seis meses, el presidio será de tres

a diez años.

 

Artículo 200

Cualquiera que, sin conseguir su objeto, se empeñe en persuadir o inducir a algún

funcionario público a que cometa alguno de los delitos previstos en los artículos

precedentes será castigado, cuando la inducción es con el objeto de que el funcionario

incurra en el delito previsto por el artículo 198, con multa de ciento cincuenta a mil

bolívares; y si es con el fin de que incurra en el señalado por el artículo 199, con las

penas allí establecidas, pero reducidas a la mitad.

 

Artículo 201

Los que lograren corromper a los funcionarios públicos, haciéndoles cometer alguno de

los delitos previstos en este Capítulo, incurrirán en las mismas penas que los empleados

sobornados.

 

Artículo 202

ando el soborno mediare en causa criminal en favor del reo, por parte de su cónyuge o de

algún ascendiente, descendiente o hermano, se rebajará la pena que debiera imponerse

al sobornante, atendidas todas las circunstancias, en dos terceras partes.

 

Artículo 203

En los casos previstos en los artículos precedentes, el dinero u objeto dados serán

confiscados.

 

CAPÍTULO IV, De los abusos de la autoridad y de las infracciones de los deberes de

 

los funcionarios públicos

 

Artículo 204

Todo funcionario público que abusando de sus funciones, ordene o ejecute en daño de

alguna persona cualquier acto arbitrario que no este especialmente previsto como delito o

falta por una disposición de la ley, será castigado con prisión de quince días a un año y si

obra por un interés privado, la pena se aumentará en una sexta parte. Con la misma pena

se castigará al funcionario público que en ejercicio de sus funciones, excite a alguna

persona a desobedecer las leyes o las medidas tomadas por la autoridad.

 

Artículo 205

Todo funcionario público que por si mismo, por interpuesta persona o por actos simulados

se procure alguna utilidad personal en cualquiera de los actos de la administración pública

en que ejerce sus funciones, será castigado con prisión de seis meses a cinco años.

 

Artículo 206

Todo funcionario público que comunique o publique los documentos o hechos de que esta

en conocimiento o posesión por causa de sus funciones y que deba mantenerse secretos,

será castigado con arresto de tres a quince meses y, asimismo, todo funcionario público

que de alguna manera favorezca la divulgación de aquéllos.

 

Artículo 207

Todo funcionario público que bajo cualquier pretexto, aunque fuere el del silencio,

oscuridad, contradicción o insuficiencia de la ley, omita o rehusé cumplir algún acto de su

ministerio, será castigado con multa de cincuenta a mil quinientos bolívares. Si el delito se

hubiere cometido por tres funcionarios públicos, por lo menos, y previa inteligencia para el

efecto, la multa será de cien a dos mil bolívares. Si el funcionario público es del ramo

judicial, se reputará culpable de la omisión o de la excusa, siempre que concurran las

condiciones que requiere la ley para intentar contra el recurso de queja, a fin de hacer

efectiva la responsabilidad civil.

 

Artículo 208

do funcionario público que habiendo adquirido, en el ejercicio de sus funciones,

conocimiento resultante de estas mismas funciones, de algún hecho punible por el cual

ordena la ley proceder de oficio y omita o retarde indebidamente dar parte de ello a la

autoridad competente, será castigado con multa de cincuenta a mil bolívares.

 

Artículo 209

s funcionarios públicos que en número de tres o más y previo acuerdo, abandonaren

indebidamente sus funciones, serán castigados con multa de doscientos a mil bolívares y

con suspensión del empleo por tiempo de uno o dos años. Con la misma pena será

castigado todo funcionario público que abandone sus funciones para impedir el despacho

de algún asunto o para ocasionar cualquier otro perjuicio al servicio público.

 

CAPÍTULO V, De los abusos de los ministros de cultos en el ejercicio de sus

 

funciones

 

Artículo 210

El ministro de cualquier culto que, en el ejercicio de sus funciones, trate con público

desprecio o vilipendio las instituciones, las leyes de la república o los actos de la

autoridad, será castigado con arresto de uno a seis meses.

 

Artículo 211

El ministro de cualquier culto que prevaliéndose de su carácter, excite el menosprecio y

desobediencia de las instituciones, leyes o disposiciones de la autoridad, o de los deberes

inherentes a un oficio público, será castigado con arresto en Fortaleza o Cárcel política

por tiempo de cuarenta y cinco días a un año. Si el hecho se hubiere cometido

públicamente, el arresto podrá imponerse hasta por dos años. Con las mismas penas se

castigará al ministro de cualquier culto que, prevaleciéndose de su carácter, constriña,

induzca o persuada a alguna persona a efectuar actos o a hacer declaraciones contrarias

a las leyes o en perjuicio de los derechos adquiridos en virtud de éstas.

 

Artículo 212

Incurrirán en la pena de expulsión del territorio de la República, por tiempo de uno a tres

años, los eclesiásticos que quebranten las disposiciones de la ley sobre patronato

eclesiástico, o que de algún otro modo, a título de funciones, jurisdicción o deberes

eclesiásticos, usurpen la jurisdicción civil, o desconozcan la soberanía de la Nación, o

desobedezcan las leyes de la República y las resoluciones y prohibiciones que, en

consecuencia, dicte y establezca el Gobierno. La Corte Suprema de Justicia podrá

conmutar la pena de que habla el Artículo anterior, en confinamiento por tiempo igual:

1. A un lugar de otra diócesis, si es Arzobispo, Obispo, Cabildo, Vicario Capitular o

Provisor, el que hubiere cometido la infracción.

2. A un Distrito Parroquia o lugar de la misma diócesis, diferente del de la jurisdicción o

residencia del autor de la infracción, si este fuere Vicario Foráneo, Cura u otro

eclesiástico

 

Artículo 213

Cuando el ministro de algún culto, prevaliéndose de su carácter, cometa cualquier otro

delito de los no previstos en los artículos precedentes, la pena señalada al delito cometido

su aumentará de una sexta a una tercera parte, a no ser que su referida cualidad de

ministro se haya tenido ya en cuenta por la ley.

 

CAPÍTULO VI, De la usurpación de funciones, títulos u honores

 

Artículo 214

Cualquiera que indebidamente asuma o ejerza funciones públicas civiles o militares, será

castigado con prisión de dos a seis meses, y en la misma pena incurrirá todo funcionario

que siga ejerciéndolas después de haber sido legalmente reemplazado o de haberse

eliminado el cargo. Podrá disponerse que, a costa del condenado, se publique la

sentencia en extracto, en algún periódico del lugar que indicará el Juez.

 

Artículo 215

Cualquiera que usare indebida y públicamente hábito, insignias o uniformes del estado

clerical o militar, de un cargo público o de un instituto científico, y el que se arrogue

grados académicos o militares, o condecoraciones o se atribuya la calidad de profesor y

ejerciere públicamente actos propios de una facultad que para el efecto requiere título

oficial, será castigado con multa de cincuenta a mil bolívares. El Juez puede ordenar en

estos casos que se publique la sentencia, como se dispone en la parte final del artículo

anterior.

 

CAPÍTULO VII, De la violencia o de la resistencia a la autoridad

 

Artículo 216

que use de violencia o amenaza contra la persona de algún miembro del Congreso, o

contra un funcionario público, con el objeto de constreñirlo a hacer u omitir algún acto de

sus funciones, será castigado con prisión de cuarenta y cinco días a quince meses. La

prisión será:

1. Si el hecho se ha cometido con armas, de seis meses a tres años.

2. Si el hecho se ha cometido en reunión de más de cinco personas concertadas para el

efecto, aunque no estuvieren armadas, de dos a cinco años.

 

Artículo 217

El que use de violencia o amenaza para impedir o perturbar las reuniones o

funcionamiento de los cuerpos legítimamente constituidos, judiciales, políticos, electorales

o administrativos o de sus representantes o de otra autoridad o institutos públicos o para

influir en sus deliberaciones, será castigado con las penas establecidas en el artículo

precedente.

 

Artículo 218

El que haga parte de una asociación de diez o más personas que tengan por objeto

cometer, por medio de violencia o amenaza, el hecho previsto en el artículo precedente,

será castigado con prisión de un mes a dos años. Si el hecho se cometiere con armas, la

prisión será de tres meses a tres años. Si al primer requerimiento de la autoridad se

disolviere la asociación, las personas que hubieren hecho parte de ella no incurrirán en

ninguna responsabilidad criminal por el hecho previsto en este artículo.

 

Artículo 219

Cualquiera que use de violencia o amenaza para hacer oposición a algún funcionario

público en el cumplimiento de sus deberes oficiales, o a los individuos que hubiere

llamado para apoyarlo, será castigado con prisión de un mes a dos años. La prisión será:

1. Si el hecho se hubiere cometido con armas blancas o de fuego, de tres meses a dos

años.

2. Si el hecho se hubiere cometido con armas de cualquier especie en reunión de cinco a

más personas o en reunión de más de diez personas sin armas y en virtud de algún

plan concertado, de uno a cinco años. Si el hecho tenia por objeto impedir la captura

de su autor o de alguno de los parientes de este, la pena será de prisión de uno a diez

meses, o de confinamiento que no baje de tres meses, en el caso del aparte primero

del presente artículo. En el caso del aparte primero se aplicará la pena de prisión de

dos a veinte meses, y en el caso del número segundo, de seis a treinta meses.

3. Si la resistencia se hubiere hecho sin armas blancas o de fuego a Agentes de la

Policía, tan solo eludiendo un arresto que los propios Agentes trataren de realizar por

simples faltas en que hubiere incurrido el reo, la pena será solamente de uno a seis

meses de arresto.

 

Artículo 220

Para los efectos de la ley penal se consideran parientes cercanos; al cónyuge, los

ascendientes y descendientes, los tíos y sobrinos, los hermanos y los afines en el mismo

grado.

 

Artículo 221

No se aplicarán las penas previstas en los artículos precedentes si el funcionario público

ha provocado el hecho, excediendo los límites de sus atribuciones con actos arbitrarios.

 

Artículo 222

A los jefes o promotores de los hechos previstos en los artículos precedentes, se les

aplicarán las mismas penas, aumentadas de una sexta a una tercera parte.

 

CAPÍTULO VIII, De los ultrajes y otros delitos contra las personas investidas de

 

autoridad pública

 

Artículo 223

El que de palabra u obra ofendiere de alguna manera el honor, la reputación o el decoro

de un miembro del Congreso, o de algún funcionario público, será castigado del modo que

sigue, si el hecho ha tenido lugar en su presencia y con motivo de sus funciones:

1. Si la ofensa se ha dirigido contra algún agente de la fuerza pública, con prisión de uno

a tres meses.

2. Si la ofensa se ha dirigido contra un miembro del Congreso o algún funcionario

público, con prisión de un mes a un año, según la categoría de dichas personas.

 

Artículo 224

Si el hecho previsto en el artículo precedente ha sido acompañado de violencia o

amenaza, se castigará con prisión de tres a dieciocho meses. Cualquiera que de algún

otro modo y fuera de los casos previstos en el Capítulo anterior, haga uso de violencia o

amenaza, contra un miembro del Congreso o algún funcionario público, si el hecho tiene

lugar con motivo de las funciones del ofendido, será castigado con las mismas penas.

 

Artículo 225

Cuando alguno de los hechos previstos en los artículos precedentes se haya cometido

contra algún funcionario público, no por causa de sus funciones sino en el momento

mismo de estar ejerciéndolas, se aplicarán las mismas penas reducidas de una tercera

parte a la mitad.

 

Artículo 226

El que de palabra o de obra ofendiere de alguna manera el honor, la reputación, decoro o

dignidad de algún cuerpo judicial, político o administrativo, si el delito se ha cometido en el

acto de hallarse constituido, o de algún magistrado en audiencia, será castigado con

prisión de tres meses a dos años. Si el culpable ha hecho uso de violencia o amenazas, la

prisión será de seis meses a tres años. El enjuiciamiento no se hará lugar sino mediante

requerimiento del cuerpo ofendido. Si el delito se ha cometido contra cuerpos no reunidos,

el enjuiciamiento solo se hará lugar mediante requerimiento de los miembros que los

presiden. Este requerimiento se dirigirá al Representante del Ministerio Público para que

promueva lo conducente.

 

Artículo 227

En los casos previstos en los artículos precedentes, no se admitirá al culpable prueba

alguna sobre la verdad ni aun sobre la notoriedad de los hechos o de los defectos

imputados a la parte ofendida.

 

Artículo 228

Las disposiciones establecidas en los artículos precedentes, no tendrán aplicación si el

funcionario público ha dado lugar al hecho, excediendo con actos arbitrarios los límites de

sus atribuciones.

 

Artículo 229

En todos los demás casos no previstos por una disposición especial de la ley, el que

cometa algún delito contra un miembro del Congreso o cualquier funcionario público, por

razón de sus funciones, incurrirá en la pena establecida para el delito cometido, más el

aumento de una sexta a una tercera parte.

 

CAPÍTULO IX, De la alteración de sellos y substracciones cometidas en los

 

depósitos públicos

 

Artículo 230

El que de alguna manera haya violado los sellos puestos en virtud de una disposición de

ley o de una orden de la autoridad, para asegurar la conservación o la identidad de alguna

cosa, será castigado con prisión de dos a dieciocho meses. Si el culpable fuere el mismo

funcionario público que ha ordenado o ejecutado la imposición de los sellos, o el que tiene

la custodia o depósito de la cosa sellada, la pena será la de prisión de quince a treinta

meses. Si el delito se hubiere cometido por negligencia o imprudencia del funcionario

público o depositario, este será castigado con multa de cien a mil bolívares.

 

Artículo 231

Cualquiera que haya substraído, suprimido, destruido o alterado algún instrumento, o

efecto de algún hecho punible, acto o documento colocado en una oficina a cargo de

algún funcionario público en razón de su carácter, será castigado con prisión de seis a

treinta meses. Si el culpable fuere el mismo funcionario público, que en razón de sus

funciones tenia la custodia de los instrumentos o efectos expresados o de los actos o

documentos, la pena será de prisión por un tiempo de uno a cuatro años. Si el perjuicio

causado ha sido leve o si el culpable ha restituido integro el acto o el documento sin haber

tenido utilidad, y antes de las diligencias procesales, la pena será, en el caso de la tres a

dieciocho meses, y en el caso del precedente aparte, la de prisión por seis meses a dos

años.

 

Artículo 232

El que haya substraído o convertido en provecho propio o ajeno o haya rehusado entregar

a quien corresponda de derecho los objetos dados en prenda o puestos en secuestro, que

se hubieren confiado a su custodia, será castigado con prisión de seis a treinta meses. Si

el culpable fuere el propietario mismo del objeto pignorado o secuestrado, la pena será la

de prisión de uno a seis meses. Si el delito se ha cometido por negligencia o imprudencia

del depositario, este será castigado con multa de veinticinco a quinientos bolívares. Si el valor del objeto es de poca importancia o si el culpable restituye la cosa o paga el precio

antes del procedimiento judicial, la pena se rebajará de una sexta a una tercera parte.

 

CAPÍTULO X, De la suposición de valimiento con los funcionarios públicos

 

Artículo 233

El que dándose valimiento o relaciones de importancia e influencia con algún funcionario

público, o miembro del Congreso, reciba o se haga dar o promete, para si o para otro,

dinero u otras ventajas, bien como estimulo o recompensa de su mediación con aquella

persona, bien a pretexto de comprar favores o remunerar beneficios, será castigado con

prisión de seis a treinta meses.

 

CAPÍTULO XI, De la falta de cumplimiento de los compromisos contraídos y de los

 

fraudes cometidos con respecto a los abastos públicos

 

Artículo 234

El que con desprecio de sus obligaciones de lugar a que falten los víveres u otros efectos

de necesidad en un establecimiento o servicio público, o que estén destinados al alivio de

alguna calamidad pública, será castigado con prisión de tres a dieciocho meses. Si la falta

de cumplimiento fuere tan solo por negligencia, el culpable será castigado con prisión de

uno a seis meses.

 

Artículo 235

El que cometa fraude con respecto a la especie, calidad o cantidad de los efectos

indicados en el artículo precedente, será castigado. Siempre que los fraudes de que se

trata tengan por objeto otra clase de abastos destinados a un establecimiento o servicio

público, la pena de prisión será de dos meses a un año.

 

CAPÍTULO XII, Disposiciones comunes a los Capítulos precedentes

 

Artículo 236

Para los efectos de la ley penal, se consideran como funcionarios públicos:

1º. Todos los que están investidos de funciones públicas, aunque sean transitorias,

remuneradas o gratuitas, y tengan por objeto el servicio de la República, de algún Estado

de la República, Territorio o Dependencia Federal, Sección, Distrito o Municipio o algún

establecimiento público sometido por la ley a tutela de cualquiera de estas entidades.

2º. Los agentes de la fuerza pública.

Asimílanse a los funcionarios públicos, desde el punto de vista de las consecuencias

legales, los conjueces, asociados, jurados, árbitros, expertos, interpretes, testigos y

fiscales durante el ejercicio de sus funciones.

 

Artículo 237

En el caso de que la cualidad de funcionario público es elemento constitutivo o

circunstancia agravante de un hecho punible, se comprende aquel en que este es

perpetrado, cuando ya el funcionario dejó de serlo si se le ha cometido por causa de las

funciones que ejercía.

 

Artículo 238

Cuando para cometer un delito se valga alguno de la facultad o de los medios especiales

que le ofrecen al efecto las funciones de que esta investido, se le aplicará la pena

señalada al delito cometido, con aumento de una sexta a una tercera parte, a no ser que

la ley ya hubiere tenido en cuenta, con tal fin, la cualidad de funcionario público.

 

TÍTULO IV, DE LOS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

 

CAPÍTULO I, De la negativa a servicios legalmente debidos

 

Artículo 239

Todo individuo que llamado por la autoridad judicial en calidad de testigo, experto,

médico, cirujano o interprete, se excuse de comparecer sin motivo justificado, será

castigado con prisión de quince días a tres meses. El que habiendo comparecido rehusé

sin razón legal sus disposiciones o el cumplimiento del oficio que ha motivado su citación,

incurrirá en la misma pena. Además de la prisión se impondrá al culpable la inhabilitación

en el ejercicio de su profesión o arte por un tiempo igual al de la prisión, terminada ésta.

Las penas establecidas en este artículo no se aplicarán sino en los casos en que

disposiciones especiales no establezcan otra cosa.

 

CAPÍTULO II, De la simulación de hechos punibles

 

Artículo 240

Cualquiera que denuncie a la autoridad judicial o a algún funcionario de instrucción un

hecho punible supuesto o imaginario, será castigado con prisión de un hecho punible, de

modo que de lugar a un principio de instrucción, se le impondrá la misma pena. El que

ante esta autoridad judicial declare falsamente que ha cometido o ayudado a cometer

algún hecho punible, de modo que de lugar a un principio de instrucción, a menos que su

declaración sea con el objeto de salvar a algún pariente cercano, un amigo íntimo o a su

bienhechor, incurrirá igualmente en la propia pena.

 

CAPÍTULO III, De la calumnia

 

Artículo 241

El que a sabiendas de que un individuo es inocente, lo denunciare o acusare ante la

autoridad judicial, o ante un funcionario público que tenga la obligación de trasmitir la

denuncia o querella, atribuyéndole un hecho punible, o simulando las apariencias o

indicios materiales de un hecho punible, incurrirá en la pena de seis a treinta meses de

prisión. El culpable será castigado con prisión por tiempo de dieciocho meses a cinco

años en los casos siguientes:

1º. Cuando de delito imputado merece pena corporal que exceda de treinta meses

2º. Cuando la inculpación mentirosa ha causado la condenación a pena corporal de menor

duración. Si la condena impuesta ha sido a pena de presidio, deberá imponerse al

calumniante la pena de cinco años de prisión.

 

Artículo 242

Las penas establecidas en el artículo precedente, se reducirán a las dos terceras partes,

si el culpable del delito especificado se ha retractado de sus imputaciones o si ha revelado

la simulación antes de cualquier acto de enjuiciamiento contra la persona calumniada. Las

penas dichas solo quedarán reducidas a la mitad si la retractación o la revelación

interviene antes de la sentencia que recaiga con motivo de la inculpación mentirosa.

 

CAPÍTULO IV, Del falso testimonio

 

Artículo 243

El que deponiendo como testigo ante la autoridad judicial, afirme lo falso o niegue lo cierto

o calle, total o parcialmente, lo que sepa con relación a los hechos sobre los cuales es

interrogado será castigado con prisión de quince días a quince meses. Si el falso

testimonio se ha dado contra algún indiciado por delito o en el curso de un juicio criminal,

la prisión será de seis a treinta meses, y si concurren esas dos circunstancias, será de

dieciocho meses a tres años. Si el falso testimonio ha sido la causa de una sentencia

condenatoria a pena de presidio, la prisión será de tres a cinco años. Si el testimonio se

hubiere dado sin juramento, la pena se reducirá de una sexta a una tercera parte.

 

Artículo 244

Estará exento de toda pena por el delito previsto en el artículo precedente:

1º. El testigo que si hubiere dicho la verdad habría expuesto inevitablemente su propia

persona, la de un pariente cercano, amigo íntimo o bienhechor a un peligro grave, tocante

a la libertad o al honor.

2º. El individuo que, habiendo manifestado ante la autoridad su nombre y circunstancias,

no debió habérsele considerado como testigo o no se le advirtió la facultad que tenia de

abstenerse de declarar. Si el falso testimonio ha expuesto a alguna persona otra persona

a procedimiento criminal o a una condena, la pena se reducirá solamente a la mitad a las

dos terceras partes.

 

Artículo 245

Estará exento de toda pena con relación al delito previsto en el artículo 243: el que

habiendo declarado en el curso de un procedimiento penal, se retracte de su falso

testimonio y deponga conforme a la verdad, antes de concluirse la averiguación sumaria

por auto de no haber lugar a proseguirla o el proceso por auto de sobreseimiento fundado

en no haber méritos para cargos o antes de que se descubra la falsedad del testimonio. Si

la retractación se efectúa después o si se refiere a una falsa disposición en juicio civil, la

pena se disminuirá de una tercera parte a la mitad, siempre que la retractación tenga

lugar antes del fallo definitivo del asunto. Si el solo falso testimonio ha sido causa de la

detención de una persona o de algún otro grave perjuicio para la misma, únicamente se

rebajará un tercio de la pena en el caso de la parte primera del presente artículo y un

sexto, en el caso del primer aparte.

 

Artículo 246

Las disposiciones de los artículos precedentes serán también aplicables a los expertos e

interpretes, que llamados en calidad de tales ante la autoridad judicial, dan informes,

noticias o interpretaciones mentirosas, quienes serán además, castigados con la

inhabilitación para el ejercicio de su profesión o arte, por un tiempo igual al de la prisión,

terminada ésta.

 

Artículo 247

El que haya sobornado un testigo, perito o interprete, con el objeto de hacerle cometer el

delito previsto en el artículo 243, será castigado, cuando el falso testimonio, peritaje o

interpretación se hayan efectuado, con las penas siguientes:

1º. En el caso de la parte primera del citado artículo, con prisión de cuarenta y cinco días

a dieciocho meses.

2º. En los casos previstos en el primer aparte de dicho artículo, con prisión de uno a tres

años, o de dos a cuatro años, respectivamente, si concurren las dos circunstancias

indicadas en el citado aparte.

3º. En el caso del segundo aparte del mismo artículo, con prisión de cuatro a cinco años.

Si el falso testimonio, peritaje o interpretación han sido hechos sin juramento la pena se

reducirá de una sexta a una tercera parte. El que por medio de amenazas, regalos u

ofrecimientos haya solamente tentado sobornar a un testigo, perito o interprete, incurrirá

en las penas establecidas en las disposiciones anteriores, pero limitadas a una tercera

parte. Todo lo que hubiere dado el sobornador será confiscado.

 

Artículo 248

el culpable del delito previsto en el artículo precedente es el enjuiciado mismo o sus

parientes cercanos o siempre que no hubiere expuesto a otra persona a procedimientos

penales o a una condena, las penas establecidas se rebajarán de la mitad a dos tercios.

 

Artículo 249

ando el falso testimonio, peritaje o interpretación, hubieren sido retractados de la manera

y en la oportunidad indicadas en el artículo 245, la pena en que incurre el culpado del

delito previsto en el artículo 247, será disminuida en la proporción de una sexta a una

tercera parte.

 

Artículo 250

El que siendo parte en un juicio civil incurriere en perjurio, será castigado con prisión de

tres a quince meses. Si el culpable se retracta antes de terminar el litigio, la prisión será

de quince días a tres meses.

 

CAPÍTULO V, De la prevaricación

 

Artículo 251

El mandatario, abogado, procurados, consejero o director que perjudique por colusión,

con la parte contraria o por otro medio fraudulento, la causa que se le haya confiado, o

que en una misma causa sirva al propio tiempo a partes de interés opuestos, será

castigado con prisión de cuarenta y cinco días a quince meses y suspensión del ejercicio

de su profesión por tiempo igual al de la condena. Cualquiera de los individuos arriba

indicados, que después de haber defendido a una de las partes, sin el consentimiento de

ella, tome a su cargo la defensa de la parte contraria, será castigado con prisión de uno a

tres meses.

 

Artículo 252

Los mandatarios, apoderados o defensores especificados en el artículo precedente que,

en causa criminal y fuera de los casos previstos en el mismo artículo, perjudiquen

maliciosamente al enjuiciado que defienden, serán castigados con prisión de quince días

a dieciocho meses y suspensión del ejercicio de su profesión por tiempo igual al de la

condena. Si el defendido estaba encausado por algún delito que merezca pena corporal

de treinta meses o más, la pena de prisión será por tiempo de dieciocho meses a dos

años.

 

Artículo 253

Los Fiscales o Representantes del Ministerio Público que, por colusión con la parte

contraria o por cualquier otro motivo fraudulento, pidan indebidamente la absolución o la

condena del enjuiciado o el sobreseimiento de la causa, serán castigados con prisión de

tres a dieciocho meses.

 

Artículo 254

Cualquiera de los individuos a que se refiere el artículo 252 que se haga entregar de su

cliente dinero u otras cosas, a pretexto de procurar el favor de testigos, peritos,

interpretes, Representantes del Ministerio Público, magistrados o conjueces que hubieren

de decidir en la causa, será castigado con prisión de uno a tres años y suspensión del

ejercicio de su profesión por tiempo igual al de la condena.

 

CAPÍTULO VI, Del encubrimiento

 

Artículo 255

Serán castigados con prisión de uno a cinco años los que después de cometido un delito

penado con presidio o prisión, sin concierto anterior al delito mismo y sin contribuir a

llevarlo a ulteriores efectos, ayuden sin embargo a asegurar su provecho, a eludir las

averiguaciones de la autoridad o a que los reos se sustraigan a la persecución de esta o

al cumplimiento de la condena y los que de cualquier modo destruyan o alteren las huellas

o indicios de un delito que merezca las antedichas penas.

 

Artículo 256

Cuando la pena que debiera imponerse, según el artículo anterior, excediere de la mitad

de la correspondiente al delito mismo cometido por la persona a quien el encubridor trata

de favorecer, se bajará aquélla a dicha mitad.

 

Artículo 257

Cuando los actos previstos en el artículo 255 tengan por objeto encubrir un hecho punible,

castigado con penas distintas de la de presidio y prisión, se castigarán aquellos con multa

de dos mil a tres mil bolívares, si el encubrimiento fuere de los delitos; y de cincuenta a

doscientos bolívares, si fuere de faltas.

 

Artículo 258

No es punible el encubridor de sus parientes cercanos.

 

CAPÍTULO VII, De la fuga de detenidos y del quebrantamiento de condenas

 

Artículo 259

Cualquiera que, hallándose legalmente detenido, se fugare del establecimiento en que se

encuentra haciendo uso de medios violentos contra las personas o las cosas, será

castigado con prisión de cuarenta y cinco días a nueve meses.

 

Artículo 260

Los sentenciados que hubieren quebrantado su condena de presidio, prisión, expulsión

del territorio de la República, relegación a colonia penitenciaria, confinamiento o arresto y

lo ejecutaren con cualquiera de las circunstancias de violencia, intimidación, resistencias

con armas, fractura de puertas, ventanas, paredes, techo o suelo, empleo de llaves falsas,

escalamiento o cualquiera otra circunstancia agravante que no sea la simple fuga,

sufrirán, según la naturaleza y número de estos hechos concomitantes, una agravación de

pena de la misma especie, entre una quinta y una cuarta parte de la principal, a juicio del

tribunal. Si la fuga se hubiere efectuado sin ninguna de las circunstancias a que se

contrae el párrafo anterior, la agravación de la pena no pasare de una octava parte de la

principal. Si la condena quebrantada fuere la de expulsión del territorio de la República, el

condenado, que en todo caso será puesto fuera de ella, lo será a su costa, si tuviere

bienes.

 

Artículo 261

Los inhabilitados políticos o para ejercer profesiones o los destituidos que ejercieren el

empleo o profesión contra el tenor de la sentencia, serán condenados, como agravación

de pena, a un arresto de uno a doce meses o a una multa de quinientos a mil quinientos

bolívares, a juicio del tribunal.

 

Artículo 262

Si el quebrantamiento de la condena fuere en el caso de suspensión de empleo, el

recargo de pena será una multa entre doscientos cincuenta y mil bolívares.

 

Artículo 263

Si lo fuere en los casos de sujeción a la vigilancia de la autoridad pública o de caución, en

el primero, por recargo de pena, se aumentará el tiempo de vigilancia y en el otro el

tiempo de arresto si lo hubiere, hasta una tercera parte de estas mismas penas, a juicio

del Tribunal.

 

Artículo 264

Aun cuando haya varios quebrantamientos de condena, en ninguno de los casos de los

artículos de este capítulo, podrá exceder la pena corporal recargada, del tiempo de veinte

años.

 

Artículo 265

El que de alguna manera procure o facilite la fuga de un preso será penado con presidio

de uno a dos años, teniéndose en cuenta la gravedad de la inculpación o naturaleza y

duración de la pena que le quede por cumplir al fugado. Si para procurar o facilitar la

evasión, el culpable ha hecho uso de alguno de los medios indicados en el artículo 259, la

pena será de dos a cuatro años de presidio cuando la fuga se lleve a cabo, y cuando esta

no se verifique, será de uno a dos años de presidio. En uno u otro caso se deberá tener

en cuenta la gravedad de la inculpación o la naturaleza y duración de la pena aun no

cumplida.

Si la persona culpable es pariente cercano del preso, la pena quedará reducida de una

tercera parte a la mitad, según la proximidad del parentesco.

 

Artículo 266

El funcionario público que, encargado de la conducción o custodia de un detenido o

sentenciado, procure o facilite de alguna manera su evasión, será penado con presidio

por tiempo de dos a cinco años.

Si para procurar o facilitar la evasión, el culpable coopera en los actos de violencia de que

habla el artículo 259, o si para ello ha dado las armas o los instrumentos o no ha impedido

que se le suministren, la pena será de tres a seis años de presidio, si la evasión se

efectúa; y si el evadido estaba cumplido pena de presidio, la pena será de seis a

dieciocho meses.

Para la imposición de la pena siempre se tomarán en cuenta la gravedad del hecho

imputado y la naturaleza y duración de la pena que aun falta por cumplirse.

 

Artículo 267

Las penas establecidas en los artículos precedentes se aumentarán con una tercera

parte, cuando las violencias previstas en los mismos artículos se hubieren cometido con

armas o por efectos de un plan concertado o si el hecho sucede en reunión de tres o más

personas.

 

Artículo 268

El funcionario público que, encargado de la custodia o conducción de algún detenido o

sentenciado, le permita, sin estar para ello autorizado, salir ni aun temporalmente del

lugar en que debe permanecer detenido o del lugar en que debe sufrir su condena, será

castigado con prisión de quince días a seis meses. En el caso de que por causa de aquel

permiso, el detenido o sentenciado llegue a fugarse, la prisión será de tres meses a dos

años.

 

Artículo 269

Cuando el fugado se constituya espontáneamente prisionero, la pena establecida en los

artículos se rebajará a una quinta parte.

 

Artículo 270

Al funcionario que, siendo culpable de los hechos respectivamente previstos en el

segundo aparte del artículo 266, haya logrado, dentro de los tres meses siguientes a la

fuga, la captura de los evadidos o su presentación a la autoridad, se le reducirá la pena a

un quinto.

 

CAPÍTULO VIII, De la prohibición de hacerse justicia por sí mismo

 

Artículo 271

El que, con el objeto solo de ejercer un pretendido derecho, se haga justicia por si mismo,

haciéndose uso de la violencia sobre las cosas, cuando podía haber ocurrido a la

autoridad, será castigado con multa de doscientos cincuenta a dos mil bolívares.

Si el culpable se valiere de amenaza o violencia contra las personas, aunque no haya

empleado violencia sobre las cosas será castigado con prisión de uno a seis meses o

confinamiento de tres meses a un año.

Si la violencia se ha cometido con armas, será castigado con el duplo de la pena

establecida. Y si resultare cometida lesión corporal o algún otro delito, será castigado con

la pena correspondiente a estos hechos punibles.

Si el hecho no fuere acompañado de otro delito enjuiciable de oficio, no se procederá sino

a instancia de parte.

 

Artículo 272

Cuando el culpable del delito previsto en el artículo precedente, compruebe la existencia

del derecho con que procede, se disminuirá la pena de un tercio a la mitad.

 

TÍTULO V, DE LOS DELITOS CONTRA EL ORDEN PÚBLICO

 

CAPÍTULO I, De la importación, fabricación, comercio, detención y porte de armas

 

Artículo 273

Se consideran delictuosos, y serán castigados conforme a los artículos pertinentes de

este Capítulo, la introducción, fabricación, comercio, detención y porte de armas que se

efectúan en contravención a las disposiciones del presente Código y de la Ley sobre

Armas y Explosivos.

 

Artículo 274

Son armas, en general, todos los instrumentos propios para maltratar o herir más, para los

efectos de este Capítulo, solo se considerarán como tales las que se enuncien en la Ley

citada en el artículo anterior.

 

Artículo 275

La importancia, fabricación, porte detentación, suministro u ocultamiento de las armas,

clasificadas como de guerra según la Ley citada en el artículo 273 y demás disposiciones

legales concernientes a la materia, se castigará con pena de prisión de dos a cinco años.

 

Artículo 276

No incurrirán en la pena prevista en el artículo anterior los que posean colecciones de

armas consideradas como objetos históricos o de estudio, siempre que para formar,

conservar o enajenar dichas colecciones se ciñan a los Reglamentos que dicte el

Ejecutivo Federal.

 

Artículo 277

El comercio, la importación o la fabricación de las demás armas que no fueren de guerra,

pero respecto a las cuales estuvieren prohibidas dichas operaciones por la Ley citada en

el artículo 275, se castigarán con prisión de uno a dos años.

 

Artículo 278

El porte, la detención o el ocultamiento de las armas a que se refiere el artículo anterior,

se castigarán con multa de mil a dos mil bolívares o arresto proporcional.

 

Artículo 279

En los casos previstos en los artículos 275, 277 y 278, las armas materia del proceso se

confiscarán y se destinarán al Parque Nacional.

 

Artículo 280

No concurrirán en las penas establecidas en los artículos 278 y 279 los militares en

servicio, los funcionarios de policía, los Resguardos de Aduanas y demás empleados

públicos que estuvieren autorizados para tenerlas o portarlas por las leyes o reglamentos

que rijan el desempeño o servicio de sus cargos.

 

Artículo 281

Tampoco incurrirán en las penas previstas en los artículos 278 y 279 los ciudadanos a

quienes el Ejecutivo Federal autorice expresamente a portarlas conforme a las leyes y

reglamentos sobre la materia.

 

Artículo 282

Las personas a que se refieren los artículos 280 y 281 no podrán hacer uso de las armas

que porten sino en caso de legítima defensa o de defensa del orden público. Si hicieren

uso indebido de dichas armas, quedarán sujetas a las penas impuestas por los artículos

278 y 279 según el caso, además de las penas correspondientes al delito en que usando

dichas armas hubieren incurrido.

 

Artículo 283

No incurrirán en las penas impuestas en los artículos 277, 278 y 279 los poseedores de

armas que las hubieren empadronado de conformidad con la Ley sobre Armas y

Explosivos, siempre que posteriormente no les hayan dado un destino contrario a las

disposiciones de dicha Ley, caso en el cual incurrirán en las penas citadas, según el caso.

 

CAPÍTULO II, De la instigación a delinquir

 

Artículo 284

Cualquiera que instigare, públicamente, a otro a cometer una infracción determinada, por

el solo hecho de la instigación será castigado:

1º. Si se trata de un delito para el cual se ha establecido pena de presidio, con prisión de

diez a treinta meses.

2º. Si se trata de un delito cuya pena sea de prisión, con prisión de tres a doce meses.

3º. En todos los demás casos con multa de cincuenta a mil bolívares, según la entidad del

hecho instigado.

 

Artículo 285

En los casos de los números 2 y 3 del artículo anterior, nunca podrá pasarse de la tercera

parte de la pena señalada al hecho punible a que se refiere la instigación.

 

Artículo 286

El que públicamente, excitare a la desobediencia de las Leyes o al odio de unos

habitantes contra otros o hiciere la apología de un hecho que la ley prevé como delito, de

modo que se ponga en peligro la tranquilidad pública, será castigado con prisión de

cuarenta y cinco días a seis meses.

 

CAPÍTULO III, Del agavillamiento

 

Artículo 287

Cuando dos o más personas se asocien con el fin de cometer delitos, cada una de ellas

será penada, por el solo hecho de la asociación, con prisión de dos a cinco años.

 

Artículo 288

Si los agavillados recorren los campos o los caminos y si dos de ellos, por lo menos,

llevan armas o las tienen en un lugar determinado, la pena será de presidio por tiempo de

dieciocho meses a cinco años.

 

Artículo 289

Los promotores o jefes de la gavilla incurrirán en la pena de presidio de dieciocho meses

a cinco años, en el caso del artículo 287 y de treinta meses a seis años, en el caso del

artículo 288.

 

Artículo 290

El que, fuera de los casos previstos en el artículo 84, de a los agavillados o a alguno de

ellos, amparo o asistencia, o les procure subsistencia, será castigado con prisión de tres a

seis meses.

 

Artículo 291

El que, en el caso previsto en el artículo 290 ampare o proporcione víveres a un pariente

cercano, amigo íntimo o bienhechor, quedará exento de la pena.

 

Artículo 292

En lo que concierne a los delitos cometidos por todos o alguno de los asociados durante

la existencia de la asociación o con motivo de ella, la pena se agravará con el aumento de

una sexta a una tercera parte, salvo lo dispuesto en el artículo 79.

 

Artículo 293

El que haya tomado parte en una asociación, con el objeto de cometer los delitos

previstos en el artículo 286, será castigado con presidio de seis meses a un año.

 

CAPÍTULO IV, De los que excitan a la guerra civil, organizan cuerpos armados o

 

intimidan al público

 

Artículo 294

El que haya ejecutado algún acto que tenga por objeto exponer alguna parte de la

República a la devastación o al saqueo, será castigado con prisión de dieciocho meses a

cinco años. Si la tentativa se efectuare, siquiera en parte, se impondrá la pena de presidio

de cinco a nueve años.

 

Artículo 295

El que, para cometer un hecho punible determinado, haya formado un cuerpo armado o

ejerza en el un mando superior o alguna función especial, será penado por este solo

hecho con presidio de uno a cuatro años. Los demás individuos que hagan parte del

cuerpo armado, se castigarán con presidio de uno a dos años. Serán aplicables las

disposiciones de los artículos 163 y 290 del presente Código.

 

Artículo 296

El que sin estar legalmente autorizado, forme un cuerpo armado, aun cuando no este

destinado a cometer hechos punibles, será castigado con arresto en Fortaleza o Cárcel

Política por tiempo de tres a seis meses.

 

Artículo 297

Todo individuo que ilegítimamente importe, fabrique, porte, detente, suministre u oculte

sustancias o artefactos explosivos o incendiarios, se castigará con pena de prisión de dos

a cinco años.

Quienes con el solo objeto de producir terror en el público, de suscitar un tumulto o de

causar desordenes públicos, disparen armas de fuego o lancen sustancias explosivas o

incendiarias, contra personas o propiedades, serán penados con prisión de tres a seis

años, sin perjuicio de las penas correspondientes al delito en que hubieren incurrido

usando dichas armas.

 

Artículo 298

Si la explosión o amenaza se producen en el lugar de una reunión pública y al tiempo en

que esta se verifique o si ocurre con ocasión en que haya peligro para el mayor número

de gentes en épocas de agitación, calamidad o desastres públicos, la prisión se impondrá

por tiempo de cuatro a ocho años.

 

TÍTULO VI, DE LOS DELITOS CONTRA LA FE PÚBLICA

 

CAPÍTULO I, De la falsificación de monedas o títulos de crédito público

 

Artículo 299

Será castigado con presidio de cuatro a ocho años:

1º. Cualquiera que haya falsificado la moneda nacional o extranjera que tenga curso legal

o comercial dentro o fuera de la República.

2º. El que de alguna manera haya alterado la moneda legal para darle apariencia de

mayor valor.

3º. El que de concierto con alguno que hubiere ejecutado o contribuido a ejecutar la

falsificación o alteración de la moneda, la haya introducido en la República, o puesto en

circulación de cualquier manera.

La misma pena se aplicará si ha facilitado a otros los medios de hacerla circular. Si el

valor legal o comercial representado por las monedas falsificadas o alteradas es de

mucha importancia, la pena será de cinco a diez años de presidio. Si el valor intrínseco de

las monedas falsificadas es igual o mayor que el de las monedas legales, la pena será

prisión de uno a tres años.

 

Artículo 300

El que altere la moneda legal por medio de cualquier procedimiento que disminuya su

peso de ley, será castigado con prisión de seis a treinta meses. Y al que, de concierto con

quien así la hubiere alterado, ejecute alguno de los actos especificados en el número 3

del artículo precedente, se le aplicará la misma pena.

 

Artículo 301

Todo individuo que, sin estar de acuerdo con el que haya ejecutado o contribuido a

ejecutar la falsificación o alteración, ponga en circulación monedas falsificadas o

alteradas, será castigado con prisión de uno a dos años. Si el culpable recibió de buena fe

las monedas, la pena será de arresto por tiempo de uno a tres meses.

 

Artículo 302

Las penas establecidas en los artículos precedentes serán reducidas de la octava a la

cuarta parte, si la falsificación puede reconocerse a primera vista.

 

Artículo 303

El que haya fabricado o conservado instrumentos exclusivamente destinados a la

fabricación o alteración de monedas, será castigado con prisión de seis a treinta meses.

 

Artículo 304

Si el culpable de alguno de los delitos previstos en los artículos precedentes, antes de que

la autoridad tenga conocimiento del hecho, impide la falsificación o alteración de las

monedas o la circulación de las ya falsificadas o alteradas quedará exento de la pena.

 

Artículo 305

Para los efectos de la ley penal, se asimilarán a las monedas los títulos de crédito público.

Por estas expresiones deben entenderse los títulos y cédulas al portador, emitidos por el

Gobierno, que constituyen títulos negociables y los demás papeles que tengan curso legal

o comercial emanados de institutos autorizados para emitirlos.

 

CAPÍTULO II, De la falsificación de sellos, timbres públicos y marcas

 

Artículo 306

Todo el que haya falsificado los sellos nacionales que estén destinados a autenticar los

actos del Gobierno, será castigado con prisión de dieciocho meses a tres años; y

asimismo, todo el que haya hecho uso del sello falso.

 

Artículo 307

Todo individuo que haya falsificado el sello de alguna de las autoridades nacionales, el de

alguno de los Estados de la República, será castigado con prisión de tres a doce meses.

Al que hubiere hecho uso de los sellos falsos, aun cuando la falsificación sea obra de un

tercero, se aplicarán las mismas penas.

 

Artículo 308

Todo individuo que haya falsificado los timbres, punzones u otras marcas destinadas por

virtud de una disposición de la ley o del Gobierno, a establecer la autenticidad de un acto,

será castigado con prisión de seis a treinta meses. Al que hubiere hecho uso de los

dichos objetos falsos, aun cuando la falsificación sea obra de un tercero, se le aplicarán

las mismas penas. Al que sin haber contribuido a la falsificación, ponga en venta los

objetos que llevan la impresión de las dichas marcas falsificadas, se le impondrán también

las mismas penas.

 

Artículo 309

El que haya falsificado solamente los moldes de los objetos indicados en los artículos

precedentes, empleando un medio inadecuado para la reproducción y distinto del uso de

los instrumentos falsificados, será castigado con prisión de tres a dieciocho meses, en el

caso de los artículos 306; y de tres a seis meses, en el caso de los artículos 307 y 308.

 

Artículo 310

El que haya falsificado el papel sellado, las estampillas o el timbrado del papel oficial, será

castigado con prisión de seis a treinta meses.

 

Artículo 311

Cualquiera que haya falsificado los sellos para el papel sellado, para las estampillas o

para cualquiera otra impresión timbrada, será castigado con prisión de tres a quince

meses; y también el que haya falsificado algún papel especial que este destinado

expresamente para la impresión de los sellos dichos.

 

Artículo 312

El que haya hecho uso del papel sellado falsificado, impresiones timbradas con el mismo

vicio o estampillas falsas y también el que del mismo modo hubiere puesto en venta estos

objetos o de otro modo los haya lanzado a la circulación, será castigado con prisión de

tres a quince meses.

 

Artículo 313

El que sin haber participado de ninguno de los delitos especificados en los artículos

precedentes, retenga los sellos o timbres falsos o los instrumentos destinados a la

falsificación, será castigado con prisión de quince días a doce meses.

 

Artículo 314

El que habiéndose procurado los verdaderos timbres, sellos punzones o marcas que se

han indicado en el presente Capítulo, haga uso de ellos en perjuicio de otro o en provecho

propio o ajeno, incurrirá en las penas establecidas en los artículos precedentes, pero con

reducción de un tercio a la mitad.

 

Artículo 315

El que haya falsificado o alterado los billetes o cédulas de los ferrocarriles u otras

empresas públicas de transporte, o hubiere hecho uso de billetes falsos de esa especie,

será castigado con prisión de quince días a seis meses.

 

Artículo 316

El que hubiere borrado o hecho desaparecer de algún modo en los timbres, estampillas,

impresiones selladas, billetes de ferrocarriles o de otras empresas públicas de transporte,

las marcas o contraseñas que se les hubieren puesto para indicar que se ha servido de

ellos, será castigado con arresto de cinco a cuarenta y cinco días. En la misma pena

incurrirá también el que haya hecho uso de dichos objetos así alterados.

 

CAPÍTULO III, De la falsedad en los actos y documentos

 

Artículo 317

El funcionario público que, en el ejercicio de sus funciones haya formado, en todo o en

parte, algún acto falso o que haya alterado alguno verdadero, de suerte que por él pueda

resultar perjuicio al público o a los particulares, será castigado con presidio de tres a seis

años.

Si el acto fuere de los que, por disposición de la ley, merece fe hasta la impugnación o

tacha de falso, la pena de presidio será por tiempo de cuatro a siete años y medio.

Se asimilan a los actos originales las copias autenticas de ellos cuando, con arreglo a la

ley, hagan las veces del original faltando éste.

 

Artículo 318

El funcionario público que, al recibir o extender algún acto en el ejercicio de sus funciones,

haya atestado como ciertos y pasados en su presencia hechos o declaraciones que no

han tenido lugar, u omitido o alterado las declaraciones que hubiere recibido, de tal suerte

que pueda de ello resultar un perjuicio al público o a los particulares, será castigado con

las penas establecidas en el artículo precedente.

 

Artículo 319

El funcionario público que haya simulado una copia de algún acto público supuesto y la

haya expedido en forma legal, o que hubiere dado una copia de algún acto público

diferente del original, no estando este alterado o suprimido, será castigado con prisión de

dieciocho meses a cinco años. La pena de prisión no podrá ser menor de treinta meses, si

el acto fuere de los que por disposición de la ley merecen fe hasta la impugnación o tacha

de falso.

Si la falsedad se ha cometido en alguna certificación o testimonio referente al contenido

de los actos, de modo que pueda de ello resultar perjuicio o a los particulares, la prisión

será de seis a treinta meses.

 

Artículo 320

Todo individuo que no siendo funcionario público forje, total o parcialmente, un documento

para darle la apariencia de instrumento público, o altere uno verdadero de esta especie

será castigado con prisión de dieciocho meses a cinco años. Esta pena no podrá ser

menor de treinta meses, si el acto es de los que merecen fe hasta la impugnación o tacha

de falso, según disposición de la Ley.

Si la falsedad se ha cometido en la copia de algún acto público sea suponiendo el original,

sea alterado una copia autentica, sea, en fin expidiendo una copia contraria a la verdad, la

prisión será de seis a treinta meses. Si el acto es de los que por virtud de la ley hacen fe,

conforme a lo expresado anteriormente, la prisión no podrá ser menor de dieciocho

meses.

 

Artículo 321

El que falsamente haya atestado ante un funcionario público, o en un acto público, su

identidad o estado o la identidad o estado de un tercero, de modo que pueda resultar

algún perjuicio al público o a los particulares, será castigado con prisión de tres a nueve

meses.

En igual pena incurre el que falsamente haya atestado ante un funcionario público o en un

acto público, otros hechos cuya autenticidad compruebe el acto mientras no sea destruida

su fuerza probatoria, mediante tacha o impugnación de falsedad, siempre que de ello

pueda resultar un perjuicio al público o a los particulares.

 

Artículo 322

El individuo que hubiere falsificado o alterado, total o parcialmente, alguna escritura, carta

u otros géneros de papeles de carácter privado, de modo que haciendo él, u otro, uso de

dichos documentos, pueda causarse en perjuicio al público o a particulares, será

castigado con prisión de seis a dieciocho meses.

 

Artículo 323

Todo el que hubiere hecho uso de alguna manera se hubiere aprovechado de algún acto

falso, aunque no haya tenido parte en la falsificación, será castigado con las penas

respectivamente establecidas en los artículos 320, si se trata de un acto público, y 322, si

se trata de un acto privado.

 

Artículo 324

Cuando se hubiere cometido alguno de los delitos especificados en los artículos

precedentes, con el objeto de procurarse un medio de probar hechos verdaderos, el

culpable será penado con prisión de tres a doce meses si se trata de actos públicos; y con

prisión de quince días a tres meses, si se trata de un documento privado.

 

Artículo 325

Los que, en todo o en parte hayan suprimido o destruido un acto original o una copia que

lo sustituya legalmente, si de ello puede resultar perjuicio para el público o para

particulares, serán castigados en las penas respectivamente establecidas en los artículos

317, 320, 321 y 322, según las distinciones que éstos contienen.

 

Artículo 326

Para la aplicación de las disposiciones de los artículos precedentes, se asimilan a los

funcionarios públicos los individuos que han sido autorizados para afirmar actos a los

cuales la ley atribuye autenticidad. Con el mismo fin se asimilan a los actos públicos los

testamentos otorgados solo ante testigos, las letras y libranzas de cambio y todos los

títulos de crédito al portador o que sean transmisibles por endoso.

 

CAPÍTULO IV, De la falsedad en pasaportes, licencias, certificados y otros actos

 

semejantes

 

Artículo 327

Será penado con prisión de quince días a nueve meses:

1º. El que haya falsificado licencias, pasaportes, itinerarios o permisos de residencia.

2º. El que de alguna manera haya alterado documentos originalmente verdaderos, de la

clase de los indicados en el número anterior, con el objeto de atribuirles o referirlos

personas, tiempos o lugares diferentes de los expresados, falsamente hiciere aparecer

ejecutadas o cumplidas la condiciones requeridas para la validez y eficacia de lo mismos

documentos.

3º. El que haya hecho uso de las licencias, itinerarios pasaportes o permisos de

residencia, falsificados alterados, o los haya dado a un tercero con el mismo objeto.

 

Artículo 328

El que haciéndose de licencias, pasaportes, itinerarios o permisos de residencia se

atribuyere en estos documentos un falso nombre o apellido o una falsa calidad, y también

el que con su testimonio haya contribuido a que se den así alterados los documentos

dichos, será castigado con prisión de quince días a tres meses.

 

Artículo 329

El funcionario público que, en ejercicio de su ministerio, haya cometido alguno de los

delitos previstos en los artículos precedentes, o de alguna manera hubiere cooperado a

su perpetración, será penado con prisión de tres a dieciocho meses.

 

Artículo 330

El que obligado por la ley a tener registros especiales sujetos a la inspección de los

funcionarios de policía o a darles noticias o informes relativos a sus propias operaciones

industriales o profesionales, haya escrito o dejado escribir en los primeros o en los

segundos indicaciones o datos falsos, será castigado con arresto desde uno a hasta tres

meses o multa de veinticinco a doscientos cincuenta bolívares.

 

Artículo 331

Todo médico, cirujano o empleado de sanidad, que por favor haya dado una falsa

certificación destinada a hacer fe ante la autoridad, será castigado con arresto hasta de

quince días o multa de cincuenta a doscientos cincuenta bolívares. Al que hubiere hecho

uso de la falsa certificación, se le aplicará la misma pena.

Si por causa de la falsa certificación se ha admitido o mantenido en un asilo de

enajenados a alguna persona en su cabal juicio, o si resulta algún otro mal importante, la

pena será de arresto de tres a dieciocho meses.

Si el hecho se hubiere cometido mediante dinero u otras dádivas, entregadas o

prometidas, para si o para un tercero, el arresto será por tiempo de cuarenta y cinco días

a doce meses. Y lo será por tiempo de uno a tres años, si la certificación ha tenido las

consecuencias previstas en el aparte precedente.

Las penas indicadas en los dos apartes precedentes, serán también aplicables al que

haya dado el dinero o los otros presentes. Todo lo dado será confiscado.

 

Artículo 332

do funcionario público o cualquier otro individuo a quien la ley permite expedir certificados,

que afirme mentirosamente en alguno de estos documentos la buena conducta, la

indigencia u otras circunstancias capaces de procurar a la persona favorecida con el

certificado, la beneficencia o la confianza del Gobierno o de los particulares, el acceso a

los destinos o empleos públicos, la protección o ayuda legales o la exención, en fin, de

funciones, servicios o cargos públicos, será penado con prisión hasta por ocho días, o

multa de cincuenta a setecientos cincuenta bolívares.

La misma pena será aplicable al que hubiere hecho uso de los falsos certificados.

 

Artículo 333

Todo aquel que, no teniendo ni la cualidad ni las facultades indicadas en los dos artículos

anteriores, haya falsificado de los que quedan precedentemente especificados o el que

hubiere alterado alguno originariamente verdadero, será penado con prisión de uno a tres

meses. La misma pena se aplicará al que haya hecho uso de algún certificado así

falsificado o alterado.

 

Artículo 334

La pena establecida en el artículo precedente será aplicable al individuo que, para inducir

en error a los agentes de la autoridad les hubiere presentado algún acto o certificado

verdadero, atribuyéndoselo falsamente a si mismo o a un tercero.

 

CAPÍTULO V, De los fraudes cometidos en el comercio, las industrias y almonedas

 

Artículo 335

El que, propalando falsas noticias o por otros medios fraudulentos haya producido en los

mercados o en las bolsas de comercio, algún aumento o disminución en el precio de los

salarios, géneros, mercancías, frutos o títulos negociables en dichos lugares o admitidos

en las listas de cotización de bolsa, será castigado con prisión de tres a quince meses. Si

el delito se ha cometido por corredores o agentes públicos de cambio, la pena será de

prisión de seis a treinta meses.

 

Artículo 336

Todo individuo que haya hecho uso de pesas y medidas con contraste legal falsificado o

alterado, de modo que pueda causar algún perjuicio al público o a los particulares, será

castigado con arresto de diez a treinta días. Y si el uso de dichas pesas y medidas se

hubiere hecho en un negocio público, la pena será de prisión de uno a tres meses.

A todo el que en ejercicio de algún negocio público, se le encuentre culpable de simple

tenencia de pesas y medidas falsificadas o alteradas, se le castigará con multa de

cincuenta a doscientos cincuenta bolívares.

 

Artículo 337

El que en ejercicio de su comercio haya engañado al comprador entregándole una cosa

por otra, o bien una cosa que en razón de su origen, calidad o cantidad sea diferente de la

declarada o convenida, será castigado con arresto de diez días a tres meses.

Si el engaño versa sobre objetos preciosos, se castigará con prisión de tres a nueve

meses.

 

Artículo 338

Todo el que hubiere falsificado o alterado los nombres, marcas o signos distintivos de las

obras del ingenio o de los productos de una industria cualquiera; y asimismo, todo el que

haya hecho uso de los nombres, marcas o signos legalmente registrados así falsificados o

alterados, aunque la falsedad sea proveniente de un tercero, será castigado con prisión

de uno a doce meses.

La misma pena será aplicable al que hubiere contrahecho o alterado los dibujos o

modelos industriales y al que haya hecho uso de los mismos así contrahechos o

alterados, aunque la falsedad sea obra de un tercero.

La autoridad judicial podrá disponer que la condena se publique en un diario que ella

indique, a costa del reo.

 

Artículo 339

El que con objeto de comerciar haya introducido en el país y puesto en venta o de

cualquier otra manera en circulación, obras del ingenio o productos de cualquiera industria

con nombres, marcas o signos distintivos falsificados o alterados, o con nombres, marcas

o signos distintivos capaces de inducir en error al comprador respecto de su origen o

calidad, si la propiedad de las obras, nombres, marcas o signos ha sido legalmente

registrada en Venezuela, será castigado con prisión de uno a doce meses.

 

Artículo 340

El que hubiere revelado noticias relativas a invenciones o descubrimientos científicos o

aplicaciones industriales que deban permanecer en secreto y de que haya tenido

conocimiento por causa de su posición o empleo o en razón de profesión, arte o industria,

será castigado, a la instancia de la parte agraviada, con prisión de quince días a tres

meses.

Si la revelación se ha hecho a algún extranjero no residente en el país o a un agente

suyo, la prisión será de quince días a seis meses.

 

Artículo 341

El que por medio de amenazas, violencias, regalos, promesas, colusiones u otros medios

fraudulentos, haya coartado o perturbado la libertad de las subastas públicas o de las

licitaciones privadas por cuenta de las administraciones públicas, o el que por dichos do

con prisión de tres a seis meses. Si el culpable fuere una persona constituida por la ley o

por la autoridad en las susodichas subastas o licitaciones, la prisión será de seis a treinta

meses.

El funcionario antedicho que, mediante dinero, u otras cosas dadas o prometidas a él

mismo o a terceros, se abstenga de asistir a las subastas o licitaciones mencionadas,

será penado con prisión de uno a tres meses.

 

CAPÍTULO VI, De las quiebras

 

Artículo 342

Los que en los casos previstos por el Código de Comercio u otras leyes especiales, sean

declarados culpables de quiebra, serán castigados conforme a las reglas siguientes:

1º. Los quebrados culpables serán penados con arresto de seis meses a tres años.

2º. Los quebrados fraudulentos serán penados con prisión de tres a cinco años. Estas

penas se impondrán según la gravedad de las circunstancias que se han dado lugar a la

quiebra, aumentándose o disminuyéndose dentro de su mínimum y máximum a juicio del

Tribunal. Las personas indicadas en el artículo 922 del Código de Comercio, serán

castigadas como reos de hurto por los hechos a que se contrae el mismo artículo.

 

Artículo 343

Los individuos que, en conformidad con las disposiciones de los artículos 920 y 923 del

Código de Comercio, sean declarados quebrados culpables o quebrados fraudulentos, por

los hechos especificados en los mismos artículos de dicho Código, serán castigados,

respectivamente, con las penas señaladas en los números 1 y 2 del artículo precedente.

 

TÍTULO VII, DE LOS DELITOS CONTRA LA CONSERVACIÓN DE LOS INTERESES

 

PÚBLICOS Y PRIVADOS

 

CAPÍTULO I, De los incendios, inundaciones, sumersiones y otros delitos de peligro

 

común

 

Artículo 344

El que haya incendiado algún edificio u otras construcciones, productos del suelo aun no

recogidos o amontonados, o depósitos de materias combustibles, será penado con

presidio de tres a seis años.

Si el incendio se hubiere causado en edificios destinados a la habitación o en edificios

públicos, o destinados a uso público, a una empresa de utilidad pública o plantas

industriales, al ejercicio de un culto, a almacenes o depósitos de efectos industriales o

agrícolas, de mercaderías, de materias primas o inflamables o explosivas o de materias

de minas, vías férreas, fosos, arsenales o astilleros, el presidio será por tiempo de cuatro

a ocho años.

En la misma pena incurrirá quien por otros medios causare daños a edificios u otras

instalaciones industriales o comerciales.

El que haya dañado los medios empleados para la transmisión de energía eléctrica, o de

gas o quien haya ocasionado la interrupción de su suministro, será penado con prisión de

dos a seis años.

 

Artículo 345

Los que pongan fuego en las haciendas, sementeras u otras plantaciones, incurrirán en

pena de presidio de uno a cinco años.

 

Artículo 346

Los que pongan fuego a dehesas o a sabanas de cría sin permiso de sus dueños o

sabanas que toquen con los bosques que surten de agua las poblaciones, aunque estos

sean de particulares, serán castigados con prisión de seis a dieciocho meses.

 

Artículo 347

La pena establecida en el artículo 344 será aplicada, respectivamente, a cualquiera que

con el objeto de destruir, en todo o en parte, los edificios o casas indicadas en dicho

artículo haya preparado o hecho estallar minas, petardos, bombas, u otros inventos o

aparatos de explosión y también a todo el que hubiere preparado o prendido materias

inflamables capaces de producir semejante efecto.

 

Artículo 348

Todo individuo que haya ocasionado una inundación, será penado con presidio de tres a

cinco años.

 

Artículo 349

El que, rompiendo las esclusas, diques u otras obras destinadas a la defensa común de

las aguas o a la reparación de algún desastre común, haya hecho surgir el peligro de

inundaciones o de cualquier otro desastre, será penado con prisión de seis a treinta

meses.

Si efectivamente se hubiere causado la inundación u otro desastre común, se aplicará la

pena del artículo anterior.

 

Artículo 350

El que aplique fuego a naves, o aeronaves, o a cualquiera otra construcción flotante, o el

que ocasiones su destrucción, sumersión o naufragio, será penado con presidio de tres a

cinco años.

 

Artículo 351

Siempre que alguno de los delitos previstos en los artículos precedentes hubiere recaído

en obras, edificios o depósitos militares arsenales, aparejos, naves o aeronaves de la

República o de alguno de sus Estados, la pena de presidio será de cuatro a ocho años.

 

Artículo 352

El que hubiere preparado algún naufragio, destruyendo, trastornando o haciendo faltar de

cualquier manera los faros u otras señales o empleando al efecto falsas señales u otros

artificios, será penado con prisión de seis a treinta meses. Cuando realmente se efectuare

la sumersión o el naufragio de alguna nave, se aplicarán, según los casos, las

disposiciones de los artículos precedentes.

 

Artículo 353

El que para impedir la extinción de un incendio o las obras de defensa contra sumersión o

un naufragio, haya sustraído, ocultado o destinados a la extinción o defensa, será penado

con prisión de seis a treinta meses.

 

Artículo 354

Las disposiciones de los artículos 344, 347, 348, 349, 350 y 351 serán aplicables

igualmente al que, cometiendo en un edificio o cosa de su propiedad alguno de los

hechos previstos en aquellos, ha causado los daños que se indican en dichos artículos o

puesto en peligro a terceras personas o intereses ajenos.

La pena señalada se aumentará en la proporción de una sexta a una tercera parte, si el

acto o hecho ejecutado ha tenido el objeto que prevé el artículo 466.

 

Artículo 355

Cuando alguno de los actos o hechos previsto en los artículos precedentes haya puesto

en peligro la vida de alguna persona, se aumentará hasta la mitad las penas que

establecen los mismos artículos.

 

Artículo 356

Las penas señaladas en dichos artículos se reducirán a prisión de uno a tres meses, si en

los casos previstos en los artículos precedentes se trata de alguna cosa de poca

importancia y siempre que el delito no ponga en peligro a ninguna persona, ni exponga a

daño ninguna otra cosa.

 

Artículo 357

El que por haber obrado con imprudencia o negligencia, o bien con impericia en su

profesión, arte o industria, o por inobservancia de los reglamentos, ordenes o

disposiciones disciplinarias, haya ocasionado algún incendio, explosión, inundación,

sumersión o naufragio, algún hundimiento o cualquier otro desastre de peligro común,

será castigado con prisión de tres a quince meses. Si el delito resulta un peligro para la

vida de las personas, la prisión será de tres a treinta meses, y si resultare la muerte de

alguna, la prisión será de uno a diez años.

 

CAPÍTULO II, De los delitos contra la seguridad de los medios de transporte y

 

comunicación

 

Artículo 358

El que poniendo objetos en una vía férrea, abriendo o cerrando las comunicaciones de

esas vías, haciendo falsas señales o de cualquiera otra manera hubiere preparado el

peligro de una catástrofe, será penado con prisión de cuatro a ocho años.

Quien causare descarrilamiento, naufragios o interrupción en las vías de comunicación

mediante voladuras será penado con presidio de cinco a diez años. El solo hecho de

colocar artefactos o emplear medios adecuados para producir algunos de los resultados

previstos en el aparte anterior, será penado con prisión de cuatro a ocho años.

Cualquiera que asaltare o ilegítimamente se apoderare de naves, aeronaves, ferrocarriles,

medios de transporte colectivo, o de cualquier otro vehículo automotor, será castigado con

presidio de cuatro a ocho años. En igual pena incurrirán quienes sustraigan, cambien

ilícitamente o adulteren las placas de matriculación, los números seriales u otros señales

de identificación de aquellos.

Quienes sin apoderarse del vehículo, lo desvalijen quitándole piezas o partes esenciales,

serán castigados con pena de prisión de uno a tres años.

 

Artículo 359

Cualquiera que hubiere dañado la vía férrea o las maquinas, vehículos, instrumentos u

otros objetos y aparejos destinados a su servicio, será penado con prisión de tres a treinta

meses. La misma pena se impondrá a cualquiera que hubiere lanzado cuerpos

contundentes o proyectiles contra algún tren en marcha.

 

Artículo 360

Cualquiera que por negligencia o impericia de su arte o profesión, inobservancia de los

reglamentos, ordenes o instrucciones, hubiere preparado el peligro de una catástrofe en

una vía férrea, será penado con prisión de tres a quince meses. Si la catástrofe se ha

consumado, la prisión será por tiempo de uno a cinco años.

 

Artículo 361

El que haya dañado los puertos, muelles, aeropuertos, oleoductos, gasoductos, las

oficinas, talleres, obras, aparatos, tuberías, postes, cables u otros medios empleados por

los sistemas de transporte o comunicación, será penado con prisión de dos a cinco años.

Si del hecho se ha derivado un peligro grave para la incolumidad pública, la pena será de

tres a seis años de prisión; y si el hecho produjere un siniestro, la pena será de cuatro a

ocho años de prisión.

 

Artículo 362

Para la debida aplicación de la Ley penal, asimilase a los ferrocarriles ordinarios, toda vía

de hierro, con ruedas metálicas que sea explotada por medio de vapor, la electricidad o

de un motor mecánico cualquiera.

Para los mismos efectos, se asimilan a los telégrafos, los teléfonos destinados a un

servicio público.

 

Artículo 363

Fuera de los casos previstos en los artículos precedentes, todo individuo que por algún

medio cualquiera haya destruido, en todo o en parte, o hecho impracticables los caminos

u obras destinados a la comunicación pública por tierra o por agua, o bien remueva con

tal fin los objetos destinados a la seguridad de dichos caminos y obras, será castigado

con prisión de tres a treinta meses; y si el delito ha tenido por consecuencia poner en

peligro la vida de las personas, la prisión será por tiempo de dieciocho meses a cinco

años.

 

CAPÍTULO III, De los delitos contra la salubridad y alimentación públicas

 

Artículo 364

El que ilegalmente tale o roce los montones donde existan vertientes que provean de

agua las poblaciones aunque aquellos pertenezcan a particulares, será penado, salvo

disposiciones especiales, con prisión de uno a tres años.

El que legítimamente interrumpa el servicio de agua a un centro de población, será

penado con prisión de dos a cinco años.

 

Artículo 365

El que corrompiendo o envenenando las aguas potables del uso público o los artículos

destinados a la alimentación pública, ponga en peligro la salud de las personas, será

penado con prisión de dieciocho meses a cinco años.

 

Artículo 366

Todo individuo que hubiere falsificado o adulterado, haciéndolas nocivas a la salud, las

sustancias alimenticias o medicinales u otros efectos destinados al comercio, será penado

con prisión de uno a treinta meses; y asimismo, el que de cualquiera manera haya puesto

en venta o al expendio público, las expresadas sustancias así falsificadas o adulteradas.

 

Artículo 367

El que hubiere puesto en venta sustancias alimenticias o de otra especie no falsificadas ni

adulteradas, pero si nocivas a la salud sin advertir al comprador esta calidad, será penado

con prisión de quince días a tres meses. Será penado con prisión de cuatro a ocho años:

1º. El que ilícitamente comercie, elabore, detente, y en general, cometa algún acto ilícito

de adquisición, suministro o trafico de estupefacientes, tales como opio y sus variedades

botánicas similares, morfina, diacetilmorfina, coca en hojas, cocaína, ecgomina, la planta

llamada marihuana, sus derivados y sales y cualquier otra sustancia narcótica o

enervante.

2º. El que ilícitamente siembre, cultive o realice cualquier acto de adquisición, suministro o

trafico de semillas o plantas que tengan el carácter de estupefacientes o drogas a que se

refiere el ordinal anterior.

El que sin incurrir en los delitos previstos en este artículo, destine o deje que sea distinto

un local para reunión de personas que concurren a usar sustancias narcóticas o

enervantes, será penado con prisión de dos a cinco años.

Los que asistan al local para el uso de estupefacientes, serán penados con prisión de seis

meses a dos años y no gozarán del beneficio de libertad bajo fianza. Las penas señaladas

en este artículo serán aumentados en una tercera parte si las sustancias estupefacientes

se suministran aplican o facilitan a un menor de 18 años o a quienes los utilicen para su

trafico.

Cuando el culpable de alguno de los hechos previstos en este artículo haya cometido el

delito por ejercicio abusivo de una profesión sanitaria o de cualquiera otra profesión o de

arte sujeta a autorización o vigilancia por razón de la salubridad pública, la pena será

aumentada entre un sexto y una cuarta parte; y se impondrá además, la pena accesoria

de inhabilitación para ejercer su profesión o actividad por tiempo igual al de la pena

después de cumplida ésta.

 

Artículo 368

El que estando autorizado para vender sustancias medicinales las hubiere suministrado

en especie, calidad y cantidad diferentes de las prescritas por el médico o diferentes de

las declaradas o convenidas, será penado con prisión de seis a dieciocho meses.

 

Artículo 369

Todo individuo que hubiere puesto en venta o de cualquiera otra manera en el comercio,

como genuinas, sustancias alimenticias que no lo sean, aunque no resultaren nocivas a la

salud, será penado con prisión de tres a quince días.

 

Artículo 370

Cuando alguno de los hechos previstos en los artículos precedentes sea el resultado de

imprudencia, de negligencia, de impericia en el arte, profesión o industria o de

inobservancia de los reglamentos, ordenes o instrucciones, el culpable será castigado así:

1º. En el caso del artículo 365, con arresto de quince días a seis meses.

2º. En los casos del artículo 366, con arresto de quince a cuarenta y cinco días.

3º. En los casos de los artículos 367 y 368, con arresto de tres a quince días.

 

Artículo 371

Cuando de alguno de los hechos previstos en los artículos precedentes resulte algún

peligro para la vida de las personas, las penas establecidas en ellos se aumentarán al

duplo.

 

Artículo 372

Cuando el culpable de alguno de los hechos previstos en los artículos 366 y 369 haya

cometido el delito por el ejercicio abusivo de una profesión sanitaria o de cualquiera otra

profesión o de arte sujeto a autorización o vigilancia por razón de la salubridad pública, las

penas serán las siguientes:

1º. En caso del artículo 366, prisión de tres meses a tres años.

2º. En el caso del artículo 369, prisión de quince días a tres meses.

La condenación por alguno de los delitos previstos en los artículos precedentes, producirá

siempre como consecuencia la suspensión del ejercicio del arte, profesión o industria por

medio de la cual se ha cometido el delito. Tal suspensión se impondrá por un tiempo igual

al de la prisión que se hubiese aplicado.

 

Artículo 373

El que propagando falsas noticias o valiéndose de otros medios fraudulentos, haya

producido la escasez y encarecimiento de los artículos alimenticios, será penado con

prisión de seis a treinta meses. Si el culpable es algún corredor público, se aumentará

dicha pena en la mitad.

 

CAPÍTULO IV, Disposiciones comunes a los Capítulos precedentes

 

Artículo 374

Cada vez que por consecuencia de alguno de los delitos a que se contraen los artículos

344, 347, 352, 354, 358, 359, 361, 362, 363 365, 366, 367, 368, y 372 y salvo lo que se

dispone en los artículos 408, número 3 y 420, resultare la muerte o lesión de alguna

persona, las penas en ellos establecidas se doblarán en el caso de muerte y se

aumentarán de un tercio a la mitad en el caso de lesiones, pero no se aplicarán menos de

cuatro años de prisión en el primer caso ni de tres meses, también de prisión, en el

segundo.

Si del hecho resultare la muerte de varias personas o la muerte de una y lesiones de otra

u otras, la prisión podrá convertirse en presidio, según las circunstancias del caso; y ya se

aplique una u otra pena, su tiempo no será menor de diez años, pudiendo extenderse

hasta veinte.

Si resultaren lesiones de varias personas, la prisión no será menor de seis meses, pero

podrá elevarse hasta diez años.

 

TÍTULO VIII, DE LOS DELITOS CONTRA LAS BUENAS COSTUMBRES Y BUEN

 

ORDEN DE LAS FAMILIAS

 

CAPÍTULO I, De la violación, de la seducción, de la prostitución o corrupción de

 

menores y de los ultrajes al pudor

 

Artículo 375

El que por medio de violencias o amenazas haya constreñido a alguna persona, del uno o

del otro sexo, a un acto carnal, será castigado con presidio de cinco a diez años.

La misma pena se le aplicará al individuo que tenga un acto carnal con persona de uno u

otro sexo, que en el momento del delito:

1º. No tuviere doce años de edad.

2º. O que no haya cumplido dieciséis años, si el culpable es un ascendiente, tutor o

institutor.

3º. O que hallándose detenido o condenada, haya sido confiada a la custodia del culpable.

4º. O que no estuviere en capacidad de resistir por causa de enfermedad física o mental;

por otro motivo independiente de la voluntad del culpable o por consecuencia del empleo

de medios fraudulentos o sustancias narcóticas o excitantes de que este se haya valido.

 

Artículo 376

Cuando alguno de los hechos previstos en la parte primera y en los números 1 y 4 del

artículo precedente, se hubiere cometido con abuso de autoridad, de confianza o de las

relaciones domesticas, la pena será de presidio de seis a doce años en el caso de la parte

primera, y de cinco a diez años en los casos de los números 1 y 4.

 

Artículo 377

El que valiéndose de los medios y aprovechándose de las condiciones o circunstancias

que se indican en el artículo 375, haya cometido en alguna persona de uno u otro sexo,

actos lascivos que no tuvieren por objeto del delito previsto en dicho artículo, será

castigado con prisión de seis a treinta meses.

Si el hecho se hubiere cometido con abuso de autoridad, de confianza o de las relaciones

domesticas la pena de prisión será de uno a cinco años, en el caso de violencias y

amenazas; y de dos a seis a años en los casos de los números 1 y 4 del artículo 375.

 

Artículo 378

Cuando alguno de los hechos previstos en los artículos precedentes se hubiere cometido

con el concurso simultáneo de dos o más personas, las penas establecidas por la ley se

impondrán con el aumento de la tercera parte.

 

Artículo 379

El que tuviere acto carnal con persona mayor de doce y menor de dieciséis años, o

ejecutare en ella actos lascivos, sin ser su ascendiente, tutor ni institutor y aunque no

medie ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 375, será castigado con

prisión de seis a dieciocho meses y la pena será doble si el autor del delito es el primero

que corrompe a la persona agraviada.

El acto carnal ejecutado en mujer mayor de dieciséis años y menor de veintiuno con su

consentimiento, es punible cuando hubiere seducción con promesa matrimonial y la mujer

fuere conocidamente honesta; en tal caso la pena será de seis meses a un año de prisión.

Se considerará como circunstancia agravante especial, en los delitos a que se contrae

este artículo, la de haberse válido el culpable de las gestiones de los ascendientes,

guardadores o representantes legales u otras personas encargadas de vigilar la persona

menor de edad o de los oficios de proxenetas o de corruptores habituales.

 

Artículo 380

En lo que concierne a los delitos previstos en los artículos precedentes, el enjuiciamiento

no se hará lugar sino por acusación de la parte agraviada o de quien sus derechos

represente.

Pero la querella no es admisible si ha transcurrido un año desde el día en que se cometió

el hecho o desde el día en que tuvo conocimiento de él la persona que pueda querellarse

en representación de la agraviada.

El desistimiento no tendrá ningún efecto, si interviene después de recaída sentencia firme.

Se procederá de oficio en los casos siguientes:

1º. Si el hecho hubiese ocasionado la muerte de la persona ofendida, o si hubiere sido

acompañado de otro delito enjuiciable de oficio.

2º. Si el hecho se hubiere cometido en algún lugar público o expuesto a la vista del

público.

3º. Si el hecho se hubiere cometido con abuso del poder paternal o de la autoridad tutelar

o de funciones públicas.

 

Artículo 381

Todo individuo que, en circunstancias capaces de causar escándalo público, tenga

relaciones incestuosas con un ascendiente o descendiente, aunque fuere ilegítimo, con

algún afín en línea recta o con un hermano o hermana, hermanos, consanguíneos o

uterinos, será castigado con presidio de tres a seis años.

 

Artículo 382

Todo individuo que, fuera de los casos indicados en los artículos precedentes, haya

ultrajado el pudor o las buenas costumbres por actos cometidos en lugar público o

expuesto a la vista del público será castigado con prisión de tres a quince meses.

El que reiteradamente o con fines de lucro y para satisfacer las pasiones de otro, induzca,

facilite o favorezca la prostitución o corrupción de alguna persona, será castigado con

prisión de uno a seis años. Si este delito se cometiere en alguna persona menor, la pena

se aplicará entre el término medio y el máximo.

 

Artículo 383

Todo individuo que haya ultrajado el pudor por medio de escritos, dibujos u otros objetos

obscenos, que bajo cualquier forma se hubieren hecho, distribuido o expuesto a la vista

del público u ofrecido en venta, será castigado con prisión de tres a seis meses.

Si el delito se hubiere cometido con un fin de lucro, la prisión será de seis meses a un

año.

 

CAPÍTULO II, Del rapto

 

Artículo 384

Todo individuo que por medio de violencias, amenazas o engaño hubiere arrebatado,

sustraído o detenido, con fines de libertinaje de matrimonio, a una mujer mayor o

emancipada, será castigado con prisión de uno a tres años.

 

Artículo 385

Todo individuo que, por los medios a que se refiere el artículo precedente y para alguno

de los fines en el previstos, haya arrebatado, sustraído o retenido alguna persona menor o

a una mujer casada, será castigado con presidio de tres a cinco años.

Si la raptada hubiere prestado su consentimiento, la pena será de prisión por tiempo de

seis meses a dos años.

Y si la persona raptada es menor de doce años, aunque el culpable no se hubiere válido

de violencias, amenazas o engaño, la pena será de presidio por tiempo de tres a cinco

años.

 

Artículo 386

Cuando el culpable de alguno de los delitos previstos en los artículos precedentes, sin

haber cometido ningún acto libidinoso, haya puesto voluntariamente en libertad a la

persona raptada, volviéndola a su domicilio, al de sus parientes o a algún lugar seguro, a

disposición de su familia, la pena que se imponga será de prisión de uno a seis meses en

el caso del artículo 384, de tres a dieciocho meses y de seis a treinta meses,

respectivamente, en los casos de los artículos 385.

Cuando alguno de los delitos previstos en este y los anteriores artículos, se hubiere

cometido solo con el fin de matrimonio, la pena de prisión podrá aplicarse en lugar de la

de presidio.

 

Artículo 387

En lo que concierne a los delitos previstos en los artículos precedentes, el enjuiciamiento

no se hará lugar sino por acusación de la parte agraviada o de su representante legal.

Pero la querella no será admisible si ha transcurrido un año desde que se realizo el hecho

o desde el día en que de él tuvo conocimiento la persona que pueda promoverla en

representación de la ofendida. El desistimiento no produce ningún efecto si interviene

después de recaída sentencia firme.

 

CAPÍTULO III, De los corruptores

 

Artículo 388

El que por satisfacer las pasiones de otro hubiere inducido a la prostitución o a actos de

corrupción a alguna persona menor, será castigado con prisión de tres a dieciocho meses.

La prisión se impondrá por tiempo de uno a cuatro años si el delito se ha cometido:

1º. Por alguna persona menor de doce años.

2º. Por medio de fraude o de engaño.

3º. Por los ascendientes, los afines en línea recta ascendente, por el padre o madre

adoptivos, por el marido, el tutor u otra persona encargada del menor para cuidarlo,

instruirlo, vigilarlo o guardarlo, aunque sea temporalmente.

Si han concurrido varias circunstancias de las distintas categorías mencionadas, la prisión

será de dos a cinco años.

 

Artículo 389

Todo individuo que para satisfacer las pasiones de otro, haya facilitado o favorecido la

prostitución o corrupción de alguna persona menor, de cualquiera de los modos o en

cualquiera de los casos especificados en la primera parte y número 1, 2 y 3 del artículo

precedente, será castigado con prisión de tres a doce meses. En el caso del último

aparte, la prisión será de tres a dieciocho meses.

 

Artículo 390

El ascendiente, a fin en línea ascendiente, marido o tutor, que por medio de violencias o

amenazas, haya constreñido a la prostitución o corrupción al descendiente a la esposa,

aunque sea mayor o al menor que se halle bajo su tutela, será penado con presidio de

cuatro a seis años.

Si el ascendiente o el marido hubieren empleado fraude o engaño para la corrupción del

descendiente o de la esposa, aunque sea mayor, se castigarán con presidio de tres a

cinco años.

 

Artículo 391

En los delitos previstos en los artículos precedentes, el enjuiciamiento no se hará lugar

sino por acusación de la parte agraviada o de su representante legal, menos en los casos

en que el autor del hecho punible sea ese mismo representante legal.

Cuando el culpable sea el marido y la mujer fuere menor, la querella deberá proceder de

la persona que, si aquella no fuere casada, tendría sobre ella el derecho de patria

potestad o de tutela.

Será consecuencia de la condena la pérdida del poder marital.

 

CAPÍTULO IV, Disposiciones comunes a los Capítulos precedentes

 

Artículo 392

Será consecuencia de la condena por alguno de los delitos previstos en los artículos 375,

376, 377, 379, 381, 388, 389, 390, respecto de los ascendientes, la pérdida de todos los

derechos que en su calidad de tales, les confiere la ley sobre la persona y bienes de los

descendientes en cuyo perjuicio se ha cometido el delito; y en cuanto a los tutores, la

remoción de la tutela e inhabilitación para todo cargo referente a ella.

 

Artículo 393

Cuando se haya cometido con una prostituta alguno de los delitos previstos en los

artículos 375, 376, 377, 384, y 385 las penas establecidas por la ley se reducirán a una

quinta parte.

 

Artículo 394

Cuando alguno de los hechos previstos en los artículos 375, 376, 377, 384 y 385, haya

ocasionado la muerte de la persona ofendida, se aplicarán las penas correspondientes al

homicidio aumentadas en la mitad. Si producen lesión se aplicará la pena establecida en

los artículos citados aumentada de un tercio a la mitad, sin que en ningún caso pueda ser

menor de dieciocho meses de prisión.

 

Artículo 395

El culpable de alguno de los delitos previstos en los artículos 375, 376, 377, 379, 388, 389

y 390 quedará exento de pena si antes de la condenación contrae matrimonio con la

persona ofendida, y el juicio cesará de todo punto en todo lo que se relaciones con la

penalidad correspondiente a estos hechos punibles.

Si el matrimonio se efectúa después de la condenación, cesarán entonces la ejecución de

las penas y sus consecuencias penales. Los reos de seducción, violación o rapto serán

condenados, por vía de indemnización civil, si no se efectuare el matrimonio, a dotar a la

ofendida si fuere soltera o viuda y, en todo caso, honesta.

En la misma sentencia se declarará que la prole gozará de los mismos derechos que la

ley civil acuerda a los hijos legítimos, si el estado de los padres lo permitiere y en todo

caso se condenará al culpable a mantener dicha prole.

 

CAPÍTULO V, Del adulterio

 

Artículo 396

La mujer adultera será castigada con prisión de seis meses a tres años. La misma pena

es aplicable al coautor del adulterio.

 

Artículo 397

El marido que mantenga concubina en la casa conyugal, o también fuera de ella, si el

hecho es notorio, será castigado con prisión de tres a dieciocho meses. La condena

produce de derecho la pérdida del poder marital.

La concubina será penada con prisión de tres meses a un año.


Artículo 398

Si los cónyuges estaban legalmente separados, o si el cónyuge culpable había sido

abandonado por el otro, la pena de los delitos a que se refieren los dos artículos

anteriores, será, para cada uno de los culpables, prisión de quince días a tres meses.

 

Artículo 399

En lo que concierne a los delitos previstos en los artículos precedentes, el enjuiciamiento

no se hará lugar sino por acusación del marido o de la mujer. La querella comprenderá

necesariamente al coautor del adulterio o a la concubina.

La instancia o querella no es admisible si ha transcurrido un año desde la fecha en que el

cónyuge ofendido tuvo conocimiento del adulterio cometido.

La acusación no será tampoco admisible si procede del cónyuge por cuya culpa se

hubiere pronunciado sentencia de separación de cuerpos.

 

Artículo 400

El culpable de alguno de los delitos previstos en los artículos precedentes quedará exento

de pena:

1º. En el caso de acusación o querella del marido, cuando la mujer pruebe que el también

en el año anterior al hecho, había cometido el delito especificado en el artículo 397, o

había obligado o expuesto a su mujer a prostituirse o excitado o favorecido su corrupción.

2º. En el caso de acusación de la mujer cuando el marido compruebe que ella también,

durante el tiempo arriba indicado, ha cometido el delito a que se contrae el artículo 396.

 

Artículo 401

El desistimiento puede proceder eficazmente aun después de la condenación, haciendo

que cesen la ejecución y las consecuencias penales. La muerte del cónyuge acusador

produce los efectos del desistimiento.

 

CAPÍTULO VI, De la bigamia

 

Artículo 402

Cualquiera que estando casado validamente, haya contraído otro matrimonio, o que no

estándolo, hubiere contraído, a sabiendas, matrimonio con persona casada

legítimamente, será castigado con prisión de dos a cuatro años.

Si el culpable hubiere inducido en error a la persona con quien ha contraído matrimonio,

engañándola respecto a la libertad de su propio estado o el de ella, la pena será de

presidio de tres a cinco años.

Será castigado con las penas anteriores, aumentadas de un quinto a un tercio, el que,

estando validamente casado, haya contraído otro matrimonio a sabiendas de que el otro

contrayente era también legítimamente casado.

 

Artículo 403

Los reos de bigamia deberán ser condenados, por vía de indemnización civil, a mantener

la prole menor de edad; y si la contrayente inocente es soltera y no se ha hecho constar

que no es honesta deberán ser, además, condenados a dotarla.

 

Artículo 404

La prescripción de la acción penal por el delito previsto en el artículo 402, correrá desde el

día en que se haya disuelto uno de los dos matrimonios, o desde el día en que el segundo

matrimonio se hubiere declarado nulo por causa de bigamia.

 

CAPÍTULO VII, De la suposición y la supresión de estado

 

Artículo 405

El que ocultando o cambiando un ni o haya así suprimido o alterado el estado civil de

este, así como el que hubiere hecho figurar en los registros del estado civil un niño que no

existe, castigado con prisión de tres a cinco años. El que, fuera de los casos previstos en

la primera parte de este artículo, pone en alguna casa de expósitos o en otro lugar de

beneficios, un ni o legítimo o natural reconocido, o bien lo presenta en tales

establecimientos, ocultando su estado, será castigado con prisión de cuarenta y cinco

días a tres años; y si el culpable fuere un ascendiente, la pena de prisión podrá ser hasta

de cuatro años.

 

Artículo 406

El culpable de alguno de los delitos previstos en el artículo precedente, que hubiere

cometido el hecho por salvar su propio honor o a la honra de su esposa, de su madre, de

su descendiente, de su hija adoptiva o de su hermana, o por prevenir malos tratamientos

inminentes, será castigado con prisión por tiempo de quince días a dieciocho meses.

 

TÍTULO IX, DE LOS DELITOS CONTRA LAS PERSONAS

 

CAPÍTULO I, Del homicidio

 

Artículo 407

El que intencionalmente haya dado muerte a alguna persona será penado con presidio de

doce a dieciocho años.

 

Artículo 408

En los casos que se enumeran a continuación se aplicarán las siguientes penas:

1º. Quince a veinticinco años de presidio a quien cometa el homicidio por medio de

veneno o de incendio, sumersión u otro de los delitos previstos en el título VII de este

libro, con alevosía o por motivos fútiles o innobles, o en el curso de la ejecución de los

delitos previstos en los artículos 453, 454, 455, 457, 460 y 462 de este Código.

2º. Veinte a veintiséis años de presidio si concurrieren en el hecho dos o más de las

circunstancias indicadas en el numeral que antecede.

3º. Veinte a treinta años de presidio para los que lo perpetren: a) En la persona de se

ascendiente o descendiente, legítimo o natural, o en la de su cónyuge. b) En la persona

del Presidente de la República o de quien ejerciere, aunque fuere interinamente, las

funciones de dicho cargo.

 

Artículo 409

La pena del delito previsto en el artículo 407 será de catorce a veinte años de presidio:

1º. Para los que lo perpetren en la persona de su hermano.

2º. Para los que lo cometan en la persona de algún miembro del Congreso Nacional, de

las Asambleas Legislativas, de un Ministro del Despacho, de alguno de los Magistrados

de la Corte Suprema de Justicia, del Secretario del Presidente de la República, del

Gobernador del Distrito Federal o de algún Estado o Territorio Federal; de algún miembro

del Consejo de la Judicatura, del Consejo Supremo Electoral, de la Comisión

Investigadora contra el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios o Empleados Públicos, o

del Procurador General, Fiscal General o Contralor General de la República En la persona

de algún miembro de las Fuerzas Armadas, de la Policía o de algún otro funcionario

público, siempre que respecto a estos últimos el delito se hubiere cometido a causa de

sus funciones.

 

Artículo 410

En los casos previstos en los artículos precedentes, cuando la muerte no se hubiere

efectuado sin el concurso de circunstancias preexistentes desconocidas del culpado, o de

causas imprevistas que no han dependido de su hecho, la pena será de presidio de siete

a diez años, en el caso del artículo 407; de diez a quince años en el del artículo 408; y de

ocho a doce años en el del artículo 409.

 

Artículo 411

El que por haber obrado con imprudencia o negligencia, o bien con impericia en su

profesión, arte o industria o por inobservancia de los reglamentos, ordenes o

instrucciones, haya ocasionado la muerte de alguna persona, será castigado con prisión

de seis meses a cinco años.

En la aplicación de esta pena los Tribunales de Justicia apreciarán el grado de

culpabilidad del agente.

Si del hecho resulta la muerte de varias personas o la muerte de una sola persona y las

heridas de una o más, con tal que las heridas acarreen las consecuencias previstas en el

artículo 416, la pena de prisión podría aumentar hasta ocho años.

 

Artículo 412

El que con actos dirigidos a ocasionar una lesión personal, causare la muerte de alguno,

será castigado con presidio de seis a ocho años, en el caso del artículo 407; de ocho a

doce años en el caso 409.

Si la muerte no habría sobrevenido sin el concurso de circunstancias preexistentes

desconocidas del culpable, o de causas imprevistas e independientes de su hecho, la

pena será la de presidio de cuatro a seis años, en el caso del artículo 407; se seis a

nueve años, en el caso del artículo 408; y de cinco a siete años, en el caso del artículo

409.

 

Artículo 413

Cuando el delito previsto en el artículo 407 se haya cometido en un niño recién nacido, no

inscrito en el Registro del Estado Civil dentro del término legal, con el objeto de salvar el

honor del culpado o la honra de su esposa, de su madre, de su descendiente, hermana o

hija adoptiva, la pena señalada en dicho artículo se rebajará de un cuarto a la mitad.

 

Artículo 414

El que hubiere inducido a algún individuo a que se suicide o con tal fin lo haya ayudado,

será castigado, si el suicidio se consuma con presidio de siete a diez años.

 

CAPÍTULO II, De las lesiones personales

 

Artículo 415

El que sin intención de matar, pero si de causarle daño, haya ocasionado a alguna

persona un sufrimiento físico, un perjuicio a la salud o una perturbación en las facultades

intelectuales será castigado con prisión de tres a doce meses.

 

Artículo 416

Si el hecho ha causado una enfermedad mental o corporal, cierta o probablemente

incurable, o la pérdida de algún sentido, de una mano, de un pie, de la palabra, de la

capacidad de engendrar o del uso de algún órgano o si ha producido alguna herida, que

desfigure a la persona: en fin, si habiéndose cometido el delito contra una mujer en cinta

le hubiere ocasionado el aborto, será castigado con presidio de tres a seis años.

 

Artículo 417

Si el hecho ha causado inhabilitación permanente de algún sentido o de un órgano,

dificultad permanente de la palabra o alguna cicatriz notable en la cara o si ha puesto en

peligro la vida de la persona ofendida o producido alguna enfermedad mental o corporal

que dure veinte días o más, o si por un tiempo igual queda la dicha persona incapacitada

de entregarse a sus ocupaciones habituales, o en fin, si habiéndose cometido el delito

contra una mujer en cinta, causa un parto prematuro, la pena será de prisión de uno a

cuatro años.

 

Artículo 418

Si el delito previsto en el artículo 415 hubiere acarreado a la persona ofendida,

enfermedad que solo necesita asistencia medica al tiempo para dedicarse a sus negocios

ordinarios, u ocupaciones habituales, la pena será de arresto de tres a seis meses.

 

Artículo 419

Si el delito previsto en el artículo 415, no solo no ha acarreado enfermedad que necesite

asistencia medica, sino que tampoco ha incapacitado a la persona ofendida para

dedicarse a sus negocios u ocupaciones habituales, la pena será de arresto de diez a

cuarenta y cinco días.

 

Artículo 420

Cuando el hecho especificado en los artículos precedentes estuviere acompañado de

alguna de las circunstancias indicadas en el artículo 408, o cuando el hecho fuere

cometido con armas insidiosas o con cualquiera otra arma propiamente dicha, o por

medio de sustancias corrosivas, la pena se aumentará en la proporción de una sexta a

una tercera parte. Si el hecho está acompañado de alguna de las circunstancias previstas

en el artículo 409, la pena se aumentará con un tercio, sin perjuicio de la pena del hecho

punible concurrente que no pueda considerarse como circunstancia agravante sino como

delito separado.

 

Artículo 421

Cuando en los casos previstos en los artículos que preceden excede el hecho en sus

consecuencias al fin que se propuso el culpable la pena en ellos establecida se disminuirá

de una tercera parte a la mitad.

 

Artículo 422

El que por haber obrado con imprudencia o negligencia o bien con impericia en su

profesión, arte o industria, o por inobservancia de los reglamentos, ordenes o disciplinas,

ocasione a otro algún daño en el cuerpo o en la salud, o alguna perturbación en las

facultades intelectuales será castigado:

1º. Con arresto de cinco a cuarenta y cinco días o multa de cincuenta a quinientos

bolívares, en los casos especificados en los artículos 415 y 418, no pudiendo procederse

sino a instancia de parte.

2º. Con prisión de uno a doce meses o multa de ciento cincuenta a mil quinientos

bolívares, en los casos de los artículos 416 y 417.

3º. Con arresto de uno a cinco días o con multa de veinticinco bolívares, en los casos del

artículo 401, no debiendo procederse entonces sino a instancia de parte.

 

CAPÍTULO III, Disposiciones comunes a los Capítulos precedentes

 

Artículo 423

No incurrirán en las penas comunes de homicidio ni en las de lesiones, el marido que

sorprendiendo en adulterio a su mujer y a su cómplice, mate, hiera o maltrate a uno de

ellos o a ambos.

En tales casos las penas de homicidio o lesiones se reducirán a prisión que no exceda de

tres años ni baje de seis meses. Igual mitigación de pena tendrá efecto en los homicidios

o lesiones que los padres o abuelos ejecuten, en su propia casa, en los hombres que

sorprendan en acto carnal con sus hijas o nietas solteras.

 

Artículo 424

Los Tribunales estimarán como motivo de atenuación en los juicios por muerte o lesiones

corporales, el haberse causado los hechos en duelo regular. En este caso podrá rebajarse

de una a dos terceras partes la pena correspondiente al hecho punible; y a los testigos se

les aplicará una pena igual a la que se imponga el matador o heridor, disminuida en la

mitad.

Si en el duelo hubiera habido deslealtad, esta circunstancia se considerará agravante

para la aplicación de las penas correspondientes al homicidio o lesiones que hubieren

resultado; y los testigos serán considerados como coautores.

En caso de homicidio cometido en riña cuerpo a cuerpo, si el herido o interfecto la hubiere

provocado y aunque el heridor o matador la hubiere aceptado o continuado a pesar de

haber podido cortarla o de haber podido abstenerse de reñir sin grave riesgo, se tendrá en

cuenta aquella circunstancia y se aplicará la pena correspondiente con la atenuación

prevista en la primera parte de este artículo.

En estos casos, si el lance se ha originado por haber una de las partes ofendido el honor

o la reputación de la otra o de su familia en documento público o con escritos o dibujos

divulgados o expuestos al público o con otros medios de publicidad, se estimará como

provocador al autor de los hechos; y según la gravedad de la difamación, los Tribunales

pueden cambiar la pena que correspondiere al que haya herido o dado muerte al

provocador, en confinamiento por igual tiempo, con la reducción prevista.

 

Artículo 425

No será punible el individuo que hubiere cometido alguno de los hechos previstos en los

dos Capítulos anteriores, encontrándose en las circunstancias siguientes:

De defender sus propios bienes contra autores del escalamiento, de la fractura o incendio

de su casa, de otros edificios habitados o de su dependencia, siempre que el delito tenga

lugar de noche o en sitio aislado, de tal suerte que los habitantes de la casa, edificios o

dependencias, puedan creerse, con fundado temor, amenazados en su seguridad

personal.

Cuando al repeler a los autores del escalamiento, de la fractura o del incendio de la casa,

edificios o dependencias, no concurrieren las condiciones anteriormente previstas, la pena

del delito cometido solo se disminuirá de un tercio a la mitad, y el presidio se convertirá en

prisión.

 

Artículo 426

Cuando en la perpetración de la muerte o las lesiones han tomado parte varias personas

y no pudiere descubrirse quien las causó, se castigará a todos con las penas

respectivamente correspondientes al delito cometido, disminuidas de una tercera parte a

la mitad.

No se aplicará esta rebaja de pena al cooperador inmediato del hecho.

 

Artículo 427

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior y de las mayores penas en que se

incurra por los hechos individualmente cometidos, cuando en una refriega entre varias

personas resulte alguien muerto o con una lesión personal, todos los que agredieron al

herido serán castigados con las penas correspondientes al delito cometido. Los que

hayan tomado parte en la refriega sin agredir al herido serán castigados con prisión de

uno a tres años, en los casos de homicidio, y de uno a seis meses en caso de lesiones.

Al provocador de la refriega se le aplicarán las penas que se dejan indicadas, aumentadas

en una tercera parte.

 

Artículo 428

El que en riña entre dos o más personas saque el primero, arma de fuego o arma blanca,

o primero dispare la de fuego, será castigado con arresto de uno a seis meses, aunque no

cause muerte ni lesión; Si la causare, la pena correspondiente al delito se le aplicará

aumentada en una sexta parte. En uno u otro caso se aplicará, asimismo, la pena

correspondiente por el delito de porte ilícito de armas.

 

Artículo 429

Aun cuando según la calificación de las lesiones hechas por los peritos, ellas no fuesen

de por si mortales, se castigará al reo como homicida, conforme al artículo 412, si la

muerte ocasionada por tales lesiones con el concurso de las circunstancias imprevistas a

que se contrae dicho artículo, ocurriere antes de dictarse sentencia de última instancia.

 

Artículo 430

Para los efectos de los Capítulos de este Título se reputan armas, además de las de

fuego y de las blancas, los palos, piedras y cualesquiera otros instrumentos propios para

maltratar o herir.

 

Artículo 431

En todo caso de muertes o heridas causadas con armas prohibidas, la exención o

atenuación establecidas en beneficio de su autor con respecto al delito de homicidio o

lesiones personales, no lo favorecerá en cuanto al delito de porte de armas, que se

castigará conforme a los dispuesto en el Capítulo I del Título V de este Libro.

 

CAPÍTULO IV, Del aborto provocado

 

Artículo 432

La mujer que intencionalmente abortare, valiéndose para ello de medios empleados por

ella misma, o por un tercero, con su consentimiento, será castigada con prisión de seis

meses a dos años.

 

Artículo 433

El que hubiere provocado el aborto de una mujer, con el consentimiento de esta, será

castigado con prisión de doce a treinta meses.

Si por consecuencia del aborto y de los medios empleados para efectuarlos, sobreviene la

muerte de la mujer, la pena será de presidio de tres a cinco años; y será de cuatro a seis

años, si la muerte sobreviene por haberse válido de medios más peligrosos que los

consentidos por ella.

 

Artículo 434

El que haya procurado el aborto de una mujer, empleando sin su consentimiento o contra

la voluntad de ella, medios dirigidos a producirlo, será castigado con prisión de quince

meses a tres años. Y si el aborto se efectuare, la prisión será de tres a cinco años.

Si por causa del aborto o de los medios empleados para procurarlo, sobreviniere la

muerte de la mujer, la pena será de presidio de seis a doce años.

Si el culpable fuera el marido, las penas establecidas en el presente artículo se aumentará

en una sexta parte.

 

Artículo 435

Cuando el culpable de alguno de los delitos previstos en los artículos precedentes sea

una persona que ejerza el arte de curar o salud pública, si dicha persona ha indicado,

facilitado o empleado medios con los cuales se ha procurado el aborto, en que ha

sobrevenido la muerte, las penas de ley se aplicarán con el aumento de una sexta parte.

La condenación llevará siempre como consecuencia la suspensión del ejercicio del arte o

profesión del culpable, por tiempo igual al de la pena impuesta.

No incurrirá en pena alguna el facultativo que provoque el aborto como medio

indispensable para salvar la vida de la parturienta.

 

Artículo 436

Las penas establecidas en los artículos precedentes se disminuirán en la proporción de

uno a dos tercios y el presidio se convertirá en prisión, en el caso de que el autor del

aborto lo hubiere cometido por salvar su propio honor o la honra de su esposa, de su

madre, de su descendiente, de su hermana o de su hija adoptiva.

 

CAPÍTULO V, Del abandono de niños o de otras personas incapaces de proveer a

 

su seguridad o a su salud

 

Artículo 437

El que haya abandonado un ni o menor de doce años o a otra persona incapaz de proveer

a su propia salud, por enfermedad intelectual o corporal que padezca, si el abandonado

estuviere bajo la guarda o al cuidado del autor del delito, será castigado con prisión de

cuarenta y cinco a quince meses.

Si del hecho del abandono resulta algún grave daño para la persona o la salud del

abandonado o una perturbación de sus facultades mentales, la prisión será por tiempo de

quince a treinta meses; y la pena será de tres a cinco años de presidio si el delito acarrea

la muerte.

 

Artículo 438

Las penas establecidas en el artículo precedente se aumentarán en una tercera parte:

1º. Si el abandono se ha hecho en lugar solitario.

2º. Si el delito se ha cometido por los padres en un ni o legítimo o natural, reconocido o

legalmente declarado, o por el adoptante en el hijo adoptivo o viceversa.

 

Artículo 439

Cuando el culpable haya cometido el delito previsto en los artículos anteriores con un niño

recién nacido, aun no declarado en el propio honor, o el de su mujer, o el de su madre, de

su descendiente, de su hija adoptiva o de su hermana, la pena se disminuirá en la

proporción de una sexta a una tercera parte, y el presidio se convertirá en prisión.

 

Artículo 440

El que habiendo encontrado abandonado o perdido algún ni o menor de siete años o a

cualquiera otra persona incapaz, por enfermedad mental o corporal, de proveer a su

propia conservación, haya omitido dar aviso inmediato a la autoridad o a sus agentes,

pudiendo hacerlo será castigado con multa de cincuenta a quinientos bolívares.

La misma pena se impondrá al que habiendo encontrado a una persona herida o en una

situación peligrosa o alguna que estuviere o pareciese inanimada, haya omitido la

prestación de su ayuda a dicha persona, cuando ello no lo expone a daño o peligro

personal, o dar el aviso inmediato del caso a la autoridad o a sus agentes.

 

CAPÍTULO VI, Del abuso en la corrección o disciplina y de la sevicia en las familias

 

Artículo 441

El que abusando de los medios de corrección o disciplina, haya ocasionado un perjuicio o

un peligro a la salud de alguna persona que se halle sometida a su autoridad, educación,

instrucción, cuidado, vigilancia o guarda, o que se encuentre bajo su dirección con motivo

de su arte o profesión, será castigado con prisión de uno a doce meses, según la

gravedad del daño.

 

Artículo 442

El que, fuera de los casos previstos en el artículo precedente, haya empleado malos

tratamientos contra algún ni o menor de doce, años, será castigado con prisión de tres a

quince meses.

Si los malos tratamientos se han ejecutado en un descendiente, ascendiente o afín en

línea recta, la prisión será de seis a treinta meses.

El enjuiciamiento no tendrá lugar sino por acusación de la parte ofendida, si los malos

tratamientos se han empleado contra el cónyuge; y si este fuere menor, la querella podrá

promoverse también por las personas que, a no existir el matrimonio tendrían la patria

potestad o la autoridad tutelar sobre el agraviado.

 

Artículo 443

En los casos previstos en los artículos precedentes, si hay constancia de que en el

culpable que ejerza la patria potestad, son habituales los hechos que han motivado el

enjuiciamiento, el Juez declarara que la condena lleva consigo, respecto de dicho

culpable la pérdida de todos los derechos que por causa de la misma patria potestad le

confiere la ley en la persona y los bienes del ofendido; y en lo que concierne al tutor,

deberá en todo caso declarar la destitución de la tutela y la exclusión de cualesquiera

otras funciones tutelares.

 

CAPÍTULO VII, De la difamación y de la injuria

 

Artículo 444

El que comunicándose con varias personas reunidas o separadas, hubiere imputado a

algún individuo un hecho determinado capaz de exponerlo al desprecio o al odio público,

u ofensivo a su honor o reputación, será castigado con prisión de tres a dieciocho meses.

Si el delito se cometiere en documento público o con escritos, dibujos divulgados o

expuestos al público, o con otros medios de publicidad, la pena será de seis a treinta

meses de prisión.

 

Artículo 445

Al individuo culpado del delito de difamación no se le permitirá prueba de la verdad o

notoriedad del hecho difamatorio, sino en los casos siguientes:

1º. Cuando la persona ofendida es algún funcionario público y siempre que el hecho que

se le haya imputado se relacione con el ejercicio de su ministerio; salvo, sin embargo, las

disposiciones de los artículos 223 y 227.

2º. Cuando en los hechos imputados se iniciare o hubiere juicio pendiente contra el

difamado.

3º. Cuando el querellante solicite formalmente que en la sentencia se pronuncie también

sobre la verdad o falsedad del hecho difamatorio.

Si la verdad del hecho se probare o si la persona difamada quedare, por causa de la

difamación, condenada por el hecho el autor de la difamación estará exento de la pena

salvo en el caso de que los medios empleados constituyesen por sí mismos el delito

previsto en el artículo que sigue.

 

Artículo 446

Todo individuo que en comunicación con varias personas, juntas o separadas, hubiere

ofendido de alguna manera el honor, la reputación o el decoro de alguna persona, será

castigado con arresto de tres a ocho días o multa de veinticinco a ciento cincuenta

bolívares.

Si el hecho se ha cometido en presencia del ofendido, aunque este solo, o por medio de

algún escrito que se le hubiere dirigido o en lugar público, la pena podrá elevarse a treinta

días de prisión o quinientos bolívares de multa, y si con la presencia del ofendido concurre

la publicidad, la pena podrá elevarse hasta cuarenta y cinco días de prisión o a

seiscientos bolívares de multa.

Si el hecho se ha cometido haciendo uso de los medios indicados en el aparte del artículo

444, la pena de prisión será por tiempo de quince días a tres meses, o multa de ciento

cincuenta a mil quinientos bolívares.

 

Artículo 447

Cuando el delito previsto en el artículo precedente se haya cometido contra alguna

persona legítimamente encargada de algún servicio público, en su presencia y por razón

de dicho servicio, el culpable será castigado con arresto de quince a cuarenta y cinco

días. Si hay publicidad la prisión podrá imponerse de uno a dos meses.

 

Artículo 448

Cuando en los casos previstos en los dos artículos precedentes, el ofendido haya sido la

causa determinante e injusta del hecho, la pena se reducirá en la proporción de una a dos

terceras partes.

Si las ofensas fueren recíprocas, el Juez podrá, según las circunstancias, declarar a las

partes o alguna de ellas, exentas de toda pena.

No será punible el que haya sido impulsado al delito por violencias ejecutadas contra su

persona.

 

Artículo 449

No producen acción las ofensas contenidas en los escritos presentados por las partes o

sus representantes, o en los discursos pronunciados por ellos en estrados ante el Juez,

durante el curso de un juicio; pero independientemente de la aplicación de las

disposiciones disciplinarias del caso, que impondrá el Tribunal, aquella autoridad podrá

disponer la supresión total o parcial de las especies difamatorias, y si la parte ofendida lo

pidiere, podrá también acordarle, prudentemente, una reparación pecuniaria al pronunciar

sobre la causa.

 

Artículo 450

En casos de condenación por alguno de los delitos especificados en el presente Capítulo,

el Juez declarara la confiscación y supresión de los impresos, dibujos y demás objetos

que hayan servido para cometer el delito; y si se trata de escritos, respecto de los cuales

no pudiere acordarse la supresión, dispondrá que al margen de ellos se haga referencia

de la sentencia que se dicte relativamente al caso.

A petición del querellante, la sentencia condenatoria será publicada a costa del

condenado, una o dos veces, en los diarios que indicará el Juez.

 

Artículo 451

Los delitos previstos en el presente Capítulo no podrán ser enjuiciados sino por acusación

de la parte agraviada o de sus representantes legales.

Si ésta muere antes de hacer uso de su acción, o si los delitos se han cometido contra la

memoria de una persona muerta, la acusación o querella puede promoverse por el

cónyuge, los ascendientes, los descendientes, los hermanos o hermanas, sobrinos, los

afines en línea recta y por los herederos inmediatos.

En el caso de ofensa contra algún Cuerpo Judicial, político o administrativo, o contra

representantes de dicho Cuerpo, el enjuiciamiento no se hará lugar sino mediante la

autorización del Cuerpo o de su jefe jerárquico, si se trata de alguno no constituido en

colegio o corporación.

En estos casos, se procederá conforme se ordene en el artículo 226.

 

Artículo 452

La acción penal para el enjuiciamiento de los delitos previstos en el presente Capítulo,

prescribirá por un año en los casos a que se refiere el artículo 444, y por tres meses en

los casos que especifican los artículos 446 y 447.

 

TÍTULO X, DE LOS DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD

 

CAPÍTULO I, Del hurto

 

Artículo 453

Todo el que se apodere de algún objeto mueble, perteneciente a para aprovecharse de él,

quitándolo, sin el consentimiento de su dueño, del lugar donde se hallaba, será penado

con prisión de seis meses a tres años.

Si el valor de la cosa sustraída no pasare de cien bolívares, la pena será de arresto de

uno a tres meses.

Se comete también este delito cuando el hecho imputado recaiga sobre cosas que hagan

parte de una herencia aun no aceptada, y por copropietario, el asociado o coheredero,

respecto de las cosas comunes o respecto de la herencia indivisa, siempre que el

culpable no tuviere la cosa en su poder.

La cuantía del delito se estimará hecha deducción de la parte que corresponde al

culpable.

Incurrirán en la pena de presidio de seis meses a tres años:

1º. Quienes alteren, desfiguren o borren el hierro de animales vivos o simplemente de

pieles.

2º. Quienes compren, permuten, enajenen o encubran de cualquier modo animales o

cueros que resulten ser hurtados o que aparezcan con los hierros adulterados o borrados.

3º. Quienes hierren o señalen en predio ajeno sin consentimiento del dueño animales

orejanos.

4º. Quienes hierren o señalen animales orejanos a sabiendas de ser ajenos, aunque sea

en predio propio.

5º. Quienes contrahierren o contraseñalen animales ajenos en cualquier parte sin derecho

a ello.

6º. Quienes otorguen documentos falsos o los adulteren para obtener guías, o hacer

conducir animales que no sean de su propiedad si estar debidamente autorizados para

ello o usen certificados o guías falsas para cualquier negociación sobre ganados o cueros.

7º. Los funcionarios o empleados públicos que expidan guías o copias certificadas de

documentos sobre animales o permitan beneficio de ganado sin que hayan sido

observados los requisitos o formalidades establecidas en las Leyes, Reglamentos u

Ordenanzas respectivas.

8º. Quienes detenten o conduzcan ganados o pieles cuya posesión no pueden justificar.

Las disposiciones penales contenidas en el Decreto No. 406 sobre registro nacional de

Hierros y Señales solamente se aplicarán en los casos en los cuales no sean aplicables

las disposiciones del aparte precedente.

 

Artículo 454

La pena de prisión por el delito de hurto será de dos a seis años, si el delito se ha

cometido:

1º. En las oficinas, archivos o establecimientos públicos, apoderándose de las cosas

conservadas en ellos, o de otros objetos destinados a algún uso de utilidad pública.

2º. En los cementerios, tumbas o sepulcros apoderándose ya de las cosas que

constituyen su ornamento o protección, bien de las que se hallan sobre los cadáveres o

se hubieren sepultado con estos al mismo tiempo.

3º. Apoderándose de las cosas que sirven o están destinadas al culto, en los lugares

consagrados a su ejercicio, o en los anexos y destinados a conservar las dichas cosas.

4º. Sobre una persona, por arte de astucia o destreza, en un lugar público o abierto al

público.

5º. Apoderándose de los objetos o del dinero de los viajeros, tanto en los vehículos de

tierra, aeronaves, o por agua, cualquiera que sea su clase, como en las estaciones o en

las oficinas de las empresas públicas de transporte.

6º. Apoderándose de los animales que están en los establos, o de los cuales no sería

aplicable la disposición del número 12 del artículo siguiente.

7º. Apoderándose de las maderas depositadas en las ventas de leña amontonadas en

algún lugar, o de materiales destinados a alguna fabrica, o de productos desprendidos del

suelo y dejados por necesidad u otro motivo en campo raso u otros lugares abiertos.

8º. Apoderándose de los objetos que en virtud de la costumbre o de su propio destino, se

mantienen expuestos a la confianza pública.

 

Artículo 455

La pena de prisión para el delito de hurto será de cuatro a ocho años en los casos

siguientes:

1º. Si el hecho se ha cometido abusando de la confianza que nace de un cambio de

buenos oficios, de un arrendamiento de obra o de una habitación, aun temporal, entre el

ladrón y su víctima, y si el hecho ha tenido por objeto las cosas que bajo tales condiciones

quedaban expuestas o se dejaban a la buena fe del culpable.

2º. Si para cometer el hecho el culpable se ha aprovechado de las facilidades que le

ofrecían algún desastre, calamidad, perturbación pública o las desgracias particulares del

hurtado.

3º. Si no viviendo bajo el mismo techo que el hurtado, el culpable ha cometido el delito de

noche o en alguna casa u otro lugar destinado a la habitación.

4º. Si el culpable, bien para cometer el hecho, bien para trasladar la cosa sustraída, ha

destruido, roto, demolido o trastornado los cercados con materiales sólidos para la

protección de las personas o de las propiedades, aunque el quebrantamiento o ruptura no

se hubiere efectuado en el lugar del delito.

5º. Si para cometer el hecho o trasladar la cosa sustraída, el culpable ha abierto las

cerraduras, sirviéndose para ello de llaves falsas u otros instrumentos, o valiéndose de la

verdadera llave pérdida o dejada por su dueño, o quitada a este, o indebidamente habida

o retenida.

6º. Si para cometer el hecho o para trasladar la cosa sustraída el culpable se ha servido

de una vía distinta de la destinada orla casa o su recinto, o para salir de ellos, obstáculos

y cercas tales que no podrían salvarse sino a favor de medios artificiales o a fuerza de

agilidad personal.

7º. Si el hecho se ha cometido, violando los sellos puestos por algún funcionario público

en virtud de la Ley, o por orden de la autoridad.

8º. Si el delito de hurto se ha cometido por persona ilícitamente uniformada, usando habito

religioso o de otra manera disfrazada.

9º. Si el delito se ha cometido por tres o más personas reunidas.

10º. Si el hecho se ha cometido valiéndose de la condición simulada de funcionarios

públicos, o utilizando documentos de identidad falsificados.

11º. Si la cosa sustraída es de las destinadas notoriamente a la defensa pública o a la

pública reparación o alivio de algún infortunio.

12º. Si el hecho ha tenido por objeto bestias de rebaño o de ganado mayor, aun no puesto

en rebaño, sea en corrales o en campo raso, sea en establos o pesebres que no

constituyen dependencias inmediatas de casas habitadas. Si el delito estuviere revestido

de dos o más de las circunstancias especificadas en los diversos números del presente

artículo, la pena de prisión será por tiempo de seis a diez años.

 

Artículo 456

El que sin estar debidamente autorizado para ello, haya espigado, rateado o rebuscado

frutos en fundos ajenos, cuando en ellos no se hubiere recogido enteramente la cosecha,

será castigado con multa de cinco a veinticinco bolívares, a querella de parte. En caso de

residencia, la pena será de arresto de tres a quince días.

 

CAPÍTULO II, Del robo, de la extorsión y del secuestro

 

Artículo 457

El que por medio de violencias o amenazas de graves daños inminentes contra personas

o cosas, haya constreñido al detentor o a otra persona presente en el lugar del delito a

que le entregue un objeto mueble o a tolerar que se apodere de este, será castigado con

presidio de cuatro a ocho años.

 

Artículo 458

En la misma pena del artículo anterior incurrirá el individuo que en el acto de apoderarse

de la cosa mueble de otro, o inmediatamente después, haya hecho uso de las violencias o

amenazas antedichas, contra la persona robada o contra la presente en el lugar del delito,

sea para cometer el hecho, sea para llevarse el objeto sustraído, sea en fin, para

preocuparse la impunidad o procurarla a cualquier otra persona que haya participado del

delito. Si la violencia se dirige únicamente a arrebatar la cosa a la persona, la pena será

de prisión de seis a treinta meses.

 

Artículo 459

El que por medio de violencias o amenazas de un grave daño a la persona o a sus

bienes, haya constreñido a alguno a entregar, suscribir o destruir en detrimento suyo o de

un tercero, un acto o documento que produzca algún efecto jurídico cualquiera, será

castigado con presidio de tres a seis años.

 

Artículo 460

Cuando alguno de los delitos previstos en los artículos precedentes se haya cometido por

medio de amenazas a la vida, a mano armada o por varias personas, una de las cuales

hubiere estado manifiestamente armada, o bien por varias personas ilegítimamente

uniformadas, usando hábito religioso o de otra manera disfrazadas, o si, en fin se hubiere

cometido por medio de un ataque a la libertad individual, la pena de presidio será por

tiempo de ocho a dieciséis años; sin perjuicio de aplicación a la persona o personas

acusadas, de la pena correspondiente al delito de porte ilícito de armas.

 

Artículo 461

El que infundiendo por cualquier medio el temor de un grave daño a las personas, en su

honor, en sus bienes, o simulando órdenes de la autoridad, haya constreñido a alguno a

enviar, depositar o poner a disposición del culpable, dinero, cosas, títulos o documentos

que produzcan algún efecto jurídico, será castigado con presidio de tres a cinco años.

 

Artículo 462

El que haya secuestrado a una persona para obtener de ella o de un tercero, como precio

de su libertad, dinero, cosas, títulos o documentos que produzcan un efecto jurídico

cualquiera en favor del culpable o de otro que este indique, aun cuando no consiga su

intento, será castigado con presidio de diez a veinte años. Si el secuestro se ejecutare por

causar alarma, la pena será de dos a cinco años de presidio.

 

Artículo 463

El que fuera de los casos previstos en el artículo 84, sin dar parte de ello a la autoridad,

haya llevado correspondencia o mensajes escritos o verbales, para hacer que se consiga

en fin del delito previsto en el artículo anterior, será castigado con prisión de cuatro meses

a tres años.

 

CAPÍTULO III, De la estafa y otros fraudes

 

Artículo 464

El que, con artificios o medios capaces de engañar o sorprender la buena fe de otro,

induciéndole en error, procure para sí o para otro un provecho injusto con perjuicio ajeno,

será penado con prisión de uno a cinco años. La pena será de dos a seis años si el delito

se ha cometido:

1º. En detrimento de una administración pública, de una entidad autónoma en que tenga

interés el Estado o de un instituto de asistencia social.

2º. Infundiendo en la persona ofendida el temor de un peligro imaginario o el erróneo

convencimiento de que debe ejecutar una orden de la autoridad. El que cometiere el delito

previsto en este artículo utilizando como medio de engaño un documento público,

falsificado o alterado o emitiendo un cheque sin provisión de fondos incurrirá en la pena

correspondiente aumentada de un sexto a una tercera parte.

 

Artículo 465

Incurrirá en las penas previstas en el artículo 464 el que defraude a otro:

1º. Usando un mandato falso, nombre supuesto o calidad simulada.

2º. Haciéndole suscribir con engaño un documento que le imponga alguna obligación o

que signifique renunciar total o parcial de un derecho.

3º. Enajenando, gravando o arrendando como propio algún inmueble a sabiendas de que

es ajeno.

4º. Enajenando un inmueble o derecho real ya vendido a otras personas, siempre que

concurra alguna de las siguientes circunstancias: a) Que por consecuencia del registro de

la segunda enajenación fuere legalmente imposible registrar la primera. b) Que no siendo

posible legalmente el registro de la segunda enajenación, por estar registrada la primera,

hubiere pagado el comprador el precio del inmueble o derecho real o parte de él.

5º. Cobrando o cediendo un crédito ya pagado o cedido.

6º. Enajenando o gravando bienes como libres, sabiendo que estaban embargados o

gravados o que eran objeto de litigio.

7º. Ofreciendo, aunque tenga apariencias de negocio legítimo, participación de fingidos

tesoros o depósitos, a cambio de dinero o recompensa.

8º. Abusando en provecho propio o de otros, de las necesidades, pasiones o

inexperiencia de un menor, de un entredicho o de un inhabilitado, a quienes se les haga

suscribir un acto cualquiera contentivo de una obligación a cargo del menor o de un

tercero, a pesar de la nulidad resultante de su incapacidad.

 

Artículo 466

En los casos que se enumeran a continuación se aplicarán las penas siguientes:

1º. Prisión de uno a cinco años, a quien habiendo vendido un inmueble por documento

privado o autenticado y recibido el precio del negocio o parte del mismo, lo gravare en

favor de otra persona, sin el expreso consentimiento del comprador o sin garantizar a este

el pleno cumplimiento del contrato celebrado.

2º. Prisión de uno a cuatro años a quien defraudare a otro promoviendo una sociedad por

acciones en que se hagan afirmaciones falsas sobre el capital de la compañía, o se

oculten fraudulentamente hechos relativos a ella.

3º. Prisión de seis meses a quien para obtener algún provecho sustrajere, ocultare o

inutilizare, en todo o en parte, un expediente o documento con perjuicio de otro.

4º. Prisión de tres a dieciocho meses a quien, por sorteos o rifas se quede en todo o en

parte con las cantidades recibidas sin entregar la cosa ofrecida.

5º. Prisión de seis a dieciocho meses a quien defraudare a otro con pretexto de una

supuesta remuneración a funcionarios públicos.

6º. Prisión de dos a seis meses a quien hubiere destruido, deteriorado u ocultado cosas

de su propiedad, con el objeto de cobrar para si o para otro el precio de un seguro. Si

hubiere conseguido su propósito incurrirá en las penas establecidas en el artículo 464.

7º. Arresto de dos a seis meses a quien comprare una cosa mueble ofreciendo pagar al

contado y rehusé, después de recibirla, hacer el pago o devolverla.

 

Artículo 467

El que con un fin de lucro, induzca a algún individuo a emigrar, engañándolo, aduciendo

hechos que no existen o dándoles falsas noticias, será castigado con prisión de seis a

treinta meses.

 

CAPÍTULO IV, De la apropiación indebida

 

Artículo 468

El que haya apropiado, en beneficio propio o de otro, alguna cosa ajena que se le hubiere

confiado o entregado por cualquier título que comporte la obligación de restituirla o de

hacer de ella un uso determinado, será castigado con prisión de tres meses a dos años,

por acusación de la parte agraviada.

 

Artículo 469

El que abusando de una firma en blanco que se le hubiere confiado, con la obligación de

restituirla o de hacer con ella un uso determinado, haya escrito o hecho escribir algún acto

que produzca un efecto jurídico cualquiera, con perjuicio del signatario, será castigado

con prisión de tres meses a tres años, por acusación de la parte agraviada.

Si la firma en blanco no se hubiere confiado al culpable, se aplicaran al caso las

disposiciones de los Capítulos III y IV, Título VI del presente Libro.

 

Artículo 470

Cuando el delito previsto en los artículos precedentes se hubiere cometido sobre objetos

confiados o depositados en razón de la profesión, industria, comercio, negocio, funciones

o servicios del depositario, o cuando sean por causa del depósito necesario, la pena de

prisión ser por tiempo de uno a cinco años; y en el enjuiciamiento se seguirá de oficio.

 

Artículo 471

Por acusación de la parte agraviada, será castigado con prisión de quince días a cuatro

meses o multa de veinticinco a quinientos bolívares:

1º. El que encontrándose una cosa pérdida, se adueñe de ella sin ajustarse a las

prescripciones de la ley, en los casos correspondientes.

2º. El que hallando un tesoro se apropie, con perjuicio del dueño del fundo, más de lo que

le corresponde por la ley.

3º. El que se apropie de la cosa ajena que hubiere ido a su poder por consecuencia de un

error o de caso fortuito. Si el culpable conocía al dueño de la cosa apropiada, la prisión

será de tres meses a un año.

 

CAPÍTULO V, Del aprovechamiento de cosas provenientes de delito

 

Artículo 472

El que fuera de los casos previstos en los artículos 255, 256, 257 y 258 adquiere recibe o

esconde dinero o cosas provenientes de delito o en cualquier forma se entromete para

que se adquieran, reciban o escondan dichos dinero o cosas, sin haber tomado parte en

el delito mismo, será castigado con prisión de tres meses a un año.

Si el dinero o las cosas provienen de un delito castigado con pena restrictiva de la libertad

individual por un tiempo mayor de treinta meses, el culpable será castigado con prisión de

seis meses a dos años.

En los casos, previstos en las anteriores disposiciones, la prisión no podrá exceder de la

mitad de la pena establecida para el delito de que provengan las cosas.

Si el culpable ejecuta habitualmente los hechos que se castigan en este artículo, la prisión

será de uno a tres años en el primer caso aquí previsto, y de dieciocho meses a cinco

años en el segundo.

 

CAPÍTULO VI, De las usurpaciones

 

Artículo 473

El que para apropiarse, en todo o en parte, una cosa inmueble de ajena pertenencia o

para sacar provecho de ella, remueva o altere sus linderos o límites, será castigado con

prisión de cuatro a quince meses.

A la misma pena queda sujeto el que para procurarse un provecho indebido, desvíe las

aguas públicas o de los particulares.

Si el hecho se ha cometido con violencia o amenazas contra las personas, o por dos o

más individuos con armas, o por más de diez sin ellas, la prisión se aplicará por tiempo de

seis a treinta meses; sin perjuicio de la aplicación, a las personas armadas, de la pena

correspondiente al delito de porte ilícito de armas.

 

Artículo 474

El que por medio de violencias contra las personas haya perturbado la posesión pacífica

de un fundo ajeno, será castigado con prisión de uno a seis meses. Si el hecho se hubiere

cometido por varias personas con armas, o por más de diez sin ellas, la prisión será de

seis a dieciocho meses; e igualmente se aplicará la pena respectiva por el porte ilícito de

armas.

 

CAPÍTULO VII, De los daños

 

Artículo 475

El que de cualquiera manera haya destruido aniquilado, dañado o deteriorado las cosas,

muebles o inmuebles, que pertenezcan a otro será castigado, a instancia de parte

agraviada, con prisión de uno a tres meses. La prisión será de cuarenta y cinco días a

dieciocho meses, si el hecho se hubiere cometido con alguna de las circunstancias

siguientes:

1º. Por venganza contra un funcionario público, a causa de sus funciones.

2º. Por medio de violencias contra las personas, o por alguno de los medios indicados en

los números 4 y 5 del artículo 455.

3º. En los edificios públicos o en los destinados a algún uso público, a utilidad pública o al

ejercicio de un culto; o en edificios u obra de la especie indicada en el artículo 351, o en

los monumentos públicos, los cementerios o sus dependencias.

4º. En diques, terraplenes u otras obras destinadas a la reparación de un desastre o en

los aparatos y señales de algún servicio público.

5º. En los canales, esclusas y otras obras destinadas a la irrigación.

6º. En las plantaciones de caña de azúcar, de café, cacao, de árboles o arbustos frutales

o sementeras de frutos menores.

 

Artículo 476

Cuando el hecho previsto en el artículo precedente se hubiere cometido con ocasión de

violencias o resistencia a la autoridad, o en reunión de diez o más personas, todos los que

hayan concurrido al delito serán castigados así:

En el caso de la parte primera, con prisión hasta de cuatro meses; y en los casos previsto

en el aparte único, con prisión de un mes a dos años, procediéndose siempre de oficio.

 

Artículo 477

El que haya ocasionado estragos en fundo ajeno, por introducir en el sin derecho o por

dejar allí animales, será castigado según las disposiciones del artículo 475.

Por el solo hecho de haber introducido o abandonado abusivamente los animales para

hacerlos pacer, el culpable, a instancias de la parte agraviada, será penado con arresto

de ocho a cuarenta y cinco días o multa de cincuenta a doscientos cincuenta bolívares.

Artículo 478

El que arbitrariamente se hubiere introducido en fundo ajeno, cercado de fosos, setos

vivos, zanjas, calzadas artificiales, vallados de piedra o de madera, o de otro modo, será

penado, a instancia de la parte agraviada, con multa de diez a veinticinco bolívares; en el

caso de reincidencia, se aplicará al culpable arresto de ocho a quince días.

Artículo 479

El que sin previa licencia del dueño, entre a cazar en fundo ajeno será penado por

acusación de la parte agraviada, con multa de diez a veinticinco bolívares. En el caso de

residencia, se aplicará al culpable arresto de ocho a quince días. Si el fundo estuviere

cercado, la pena será de arresto de quince días a un mes.

Artículo 480

El que sin necesidad haya matado un animal ajeno o le haya causado algún mal que lo

inutilice, será penado, por acusación de la parte agraviada, con arresto de ocho a

cuarenta y cinco días.

Si el perjuicio es ligero, podrá aplicarse solamente multa hasta por ciento cincuenta

bolívares.

Si el animal tan sólo hubiere disminuido de valor, la pena de arresto será, a lo más, de

quince días o la multa, de ciento cincuenta bolívares como máximum. No se impondrá

ninguna pena al que haya cometido el hecho contra animales volátiles hallados dentro de

su propio fundo, en el momento de causar algún estrago o perjuicio.

 

Artículo 481

El que fuera de los casos previstos en los artículos precedentes, deturpe o manche una

cosa ajena, de alguna manera, sea mueble o inmueble, será penado, por acusación de la

parte agraviada, con multa de veinticinco a doscientos bolívares. Si ha ocurrido alguna de

las circunstancias indicadas en el artículo 476, la multa podrá imponerse hasta por

quinientos bolívares y el enjuiciamiento será de oficio.

 

CAPÍTULO VIII, Disposiciones comunes a los Capítulos precedentes

 

Artículo 482

Cuando el culpable de alguno de los delitos previstos en los Capítulos I, III, IV y V del

presente Título y en los artículos 475 en su primera parte, 477 y 480, antes de toda

providencia judicial en su contra, haya restituido lo que hubiese tomado, o reparado

enteramente el daño causado, en el caso de que por la naturaleza del hecho o por otras

circunstancias no fuere posible la restitución, la pena disminuirá en la proporción de uno a

dos tercios.

Si la restitución o la reparación se efectúan en el curso del juicio antes de la sentencia, la

pena se disminuirá en la proporción de una sexta a una tercera parte.

 

Artículo 483

En lo que concierne a los hechos previstos en los Capítulos I, III IV y V del presente

Título, y en los artículos 475, en su parte primera, 477 y 480, no se promoverá ninguna

diligencia en contra del que haya cometido el delito:

1º. En perjuicio del cónyuge no separado legalmente.

2º. En perjuicio de un pariente o afín en línea ascendente o descendente; del padre o de

la madre adoptivos, o del hijo adoptivo.

3º. En perjuicio de un hermano o de una hermana que viva bajo el mismo techo que el

culpable. La pena se disminuirá en una tercera parte si el hecho se hubiere ejecutado en

perjuicio de su cónyuge legalmente separado, de un hermano o de una hermana que no

vivan bajo el mismo techo con el autor del delito, de un tío, de un sobrino o de un afín en

segundo grado, que vivan en familia con dicho autor; y no se procederá sino a instancia

de parte.

 

Artículo 484

En lo que concierne a los delitos especificados en el presente Título, el Juez podrá

aumentar la pena hasta con la mitad de su señalamiento, si el valor de la cosa sobre la

cual ha recaído el delito, o el que corresponda al daño que este ha causado, fuere de

mucha importancia. Podrá al contrario disminuirla hasta la mitad, si es ligero y hasta la

tercera parte si fuere levísimo.

Para determinar el valor se tendrá en cuenta, no el provecho que reporta al culpable sino

el valor que tuviere la cosa y el daño que se ha causado en la época misma del delito.

Las indicadas reducciones de penas, no serán aplicables si el culpable era reincidente en

algún delito de la misma naturaleza, o si se tratase de alguno de los delitos previstos en el

Capítulo II del presente Título.

 

LIBRO TERCERO, DE LAS FALTAS EN GENERAL

 

TÍTULO I, DE LAS FALTAS CONTRA EL ORDEN PÚBLICO

 

CAPÍTULO I, De la desobediencia a la autoridad

 

Artículo 485

El que hubiere desobedecido una orden legalmente expedida por la autoridad competente

o no haya observado alguna medida legalmente dictada por dicha autoridad en interés de

la justicia o de la seguridad o salubridad públicas, será castigado con arresto de cinco a

treinta días, o multa de veinte a ciento cincuenta bolívares.

 

Artículo 486

El que, en caso de tumulto, de calamidad o de flagrante hecho punible haya rehusado, sin

justos motivos, prestar su ayuda o servicio, o bien se haya excusado de facilitar las

indicaciones o noticias que se le exijan por un funcionario público en ejercicio de su

ministerio, será castigado con multa de diez a cincuenta bolívares. Si fueren mentirosas

las indicaciones o noticias comunicadas, la multa podrá ser de cincuenta a doscientos

cincuenta bolívares.

 

Artículo 487

El que, interrogado por un funcionario público en ejercicio de su ministerio, rehusé dar su

nombre y apellido, su estado o profesión el lugar de nacimiento o domicilio o cualquiera

otra cualidad personal, será penado con multa de diez a cincuenta bolívares. Si fueren

mentirosas las indicaciones dadas, la multa puede ser de cincuenta a ciento cincuenta

bolívares.

 

Artículo 488

Todo individuo que, con desprecio de las prohibiciones legales de la autoridad

competente, haya promovido o dirigido ceremonias religiosas fuera de los lugares

destinados al culto o procesiones, así civiles como religiosas, en plazas, calles u otras

vías públicas, será penado con multa de veinte a cien bolívares. Si el hecho hubiere

ocasionado tumulto público, el culpable será castigado con arresto hasta por treinta días.

 

Artículo 489

El ministro de cualquier culto que haya procedido a ceremonias religiosas de culto

externo, en oposición a las providencias legalmente dictadas por la autoridad competente,

será penado con arresto de uno a dos meses o con multa de cincuenta a setecientos

cincuenta bolívares.

 

CAPÍTULO II, De la omisión de dar referencias

 

Artículo 490

El médico, cirujano, comadrón, comadrona o cualquier empleado público de sanidad, que

habiendo prestado su asistencia profesional en casos que parezcan presentar caracteres

de delito contra las personas, los haya callado o tardado en comunicar a la autoridad

judicial o de policía, será penado con multa de cincuenta hasta doscientos cincuenta

bolívares, salvo el caso de que, por trasmitirlos, habría expuesto a procedimientos

penales a la persona asistida.

 

CAPÍTULO III, De las faltas concernientes a las monedas

 

Artículo 491

El que habiendo recibido como buenas, monedas cuyo valor exceda de diez bolívares, y

reconociéndolas enseguida falsas o alteradas, no las consigne o no le diere parte a la

autoridad para la averiguación correspondiente, dentro de los tres días siguientes,

informándola de su procedencia, en cuanto sea posible, será penado con multa de

cincuenta a ciento cincuenta bolívares.

 

Artículo 492

El que hubiere rehusado recibir por su valor las monedas que tengan en curso legal en la

República, será castigado con multa de diez a cincuenta bolívares.

 

CAPÍTULO IV, De las faltas relativas al ejercicio del arte tipográfico, a la difusión de

 

impresos y a los avisos

 

Artículo 493

Todo individuo que, sin ajustarse a las prescripciones de la ley, ejerciere el arte

topográfico, la litografía o cualquiera otro arte que consista en reproducir múltiples

ejemplares por medio de procedimientos químicos o mecánicos, será penado con multa

de cien a setecientos bolívares.

 

Artículo 494

El que, sin permiso de la autoridad cuando este permiso sea requerido por la ley, haya

puesto en venta o distribuido en lugar público impresos, dibujos o manuscritos, será

penado con multa de cincuenta bolívares como máximum. Si se tratare de impresos o

dibujos embargados ya por la autoridad la pena será de arresto hasta por treinta días y la

multa será de cincuenta a ciento cincuenta bolívares.

 

Artículo 495

El que vendiendo o distribuyendo impresos, dibujos o manuscritos en un lugar público o

abierto al público, los hubiere anunciado con gritos, con noticias capaces de acusar la

perturbación de la tranquilidad pública o de los particulares, será penado con multa de

cien bolívares; y si las noticias fueren falsas o supuestas, la pena será de multa de

cincuenta a ciento cincuenta bolívares o arresto hasta por quince días.

 

Artículo 496

El que haya fijado por sí o por medio de otros, impresos, dibujos o manuscritos, sin

permiso de la autoridad, si este permiso se requiere por la ley, o fuera de los puntos o

lugares en que esté permitida la fijación, será penado con multa de diez a cincuenta

bolívares.

 

Artículo 497

El que de alguna manera hubiere arrancado, destruido o de cualquiera otro modo haya

hecho inservibles los impresos, dibujos o manuscritos que haya hecho fijar la autoridad,

será penado con multa de veinte a cien bolívares; y si lo hace con desprecio de la

autoridad, se penará con arresto hasta por quince días.

Si se trata de impresos, dibujos o manuscritos que los particulares hayan hecho fijar,

observando a este efecto las disposiciones de la ley o de la autoridad y cuando el hecho

se hubiere ejecutado el mismo día o al siguiente de la fijación, la pena será multa que no

exceda de cincuenta bolívares.

 

CAPÍTULO V, De las faltas relativas a los espectáculos, establecimientos y

 

ejercicios públicos

 

Artículo 498

El que abra o tenga abiertos lugares destinados a espectáculos públicos o tertulias, sin

haber llenado las prescripciones dictadas por la autoridad en interés del orden público,

será penado con arresto hasta por quince días o multa de cincuenta a trescientos

bolívares.

 

Artículo 499

Todo individuo que, sin permiso de la autoridad, haya dado algún espectáculo o

cualquiera representación en un lugar público, será penado con multa de diez a cien

bolívares; y si el hecho se hubiere cometido contra prohibición de la autoridad, la pena

será de arresto por quince días o multa de cincuenta a trescientos bolívares.

 

Artículo 500

Todo individuo que, sin estar previamente autorizado, haya abierto una agencia de

negocios, algún establecimiento, o cualquiera empresa que necesiten del permiso de la

autoridad, será penado con multa de cincuenta bolívares.

En el caso de residencia en la misma infracción, se impondrá, además, la pena de arresto

hasta por quince días.

Si el permiso se hubiere negado, la multa podrá ser hasta por doscientos cincuenta

bolívares; en caso de reincidencia en la misma

 

Artículo 501

Todo dueño o director de una agencia, establecimiento o empresas de la especie indicada

en el artículo precedente, que no hubiere guardado las prescripciones establecidas por la

ley o por la autoridad, será penado con multa hasta de cincuenta bolívares; y en caso de

reincidencia en la misma infracción, incurrirá, además, en arresto hasta de quince días y

la suspensión por un mes, a lo más, del ejercicio de su arte o profesión.

 

Artículo 502

Todo individuo que, mediante salario, hubiere alojado, recibido como pensionista o para

cuidar, una persona, sin ajustarse a las ordenanzas relativas a las declaraciones o a los

informes que deben hacerse a la autoridad, será penado con multa hasta de cincuenta

bolívares. En caso de reincidencia en la misma infracción, la multa será hasta de cien

bolívares.

Si el culpable hubiere ejercido su industria despreciando las prohibiciones de la autoridad

la multa podrá imponerse hasta por la cantidad de cien bolívares; y de veinticinco a

doscientos cincuenta bolívares en el caso de reincidencia en la misma infracción.

 

CAPÍTULO VI, De los alistamientos practicados sin autorización

 

Artículo 503

Todo individuo que, sin permiso de la autoridad, abra enganches o alistamientos, será

penado con arresto por nueve meses, o multa de cincuenta a mil bolívares.

 

CAPÍTULO VII, De la mendicidad

 

Artículo 504

El que, siendo apto para el trabajo, fuere hallado mendigando será penado con arresto

hasta por seis días; y en el caso de reincidencia en la misma infracción, el arresto podrá

imponerse hasta por quince días.

Al que no siendo apto para el trabajo, mendigue sin sujetarse a las ordenanzas locales del

caso, se le aplicarán las mismas penas. La contravención no deja de serlo por mendigar

el culpable so pretexto o apariencia de hacer a otro un servicio o de vender algunos

objetos.

 

Artículo 505

El que mendigue en actitud amenazadora, vejatoria o repugnante por circunstancias de

tiempo, de lugar, de medios o de personas, será penado con arresto hasta por un mes, y

de uno a seis meses, en caso de reincidencia en la misma infracción.

 

Artículo 506

La autoridad podrá ordenar que la pena de arresto establecida en los artículos

precedentes, se cumpla en una casa de trabajo o mediante la prestación de un servicio en

alguna empresa de utilidad pública. Si rehúsa el trabajo o servicio, el arresto se efectuará

en la forma ordinaria.

 

Artículo 507

Todo individuo que hubiere permitido que un menor de doce años, sometido a su

autoridad o confiado a su guarda o vigilancia, se entregue a la mendicidad o sirva a otro

para este objeto, será penado con arresto hasta de dos meses o multa de trescientos

bolívares. En el caso de reincidencia en la misma infracción, el arresto será de dos a

cuatro meses.

 

CAPÍTULO VIII, De la perturbación causada en la tranquilidad pública y privada

 

Artículo 508

Todo el que, con gritos o vociferaciones, con abuso de campanas u otros instrumentos, o

valiéndose de ejercicios o medios ruidosos, faltando a las disposiciones de la ley o de los

reglamentos, haya perturbado las reuniones públicas, o las ocupaciones o reposo de los

ciudadanos, será penado con multa hasta de veinticinco bolívares, pudiendo ser hasta de

cincuenta, en el caso de reincidencia en la misma infracción.

Si el hecho fuere cometido en las primeras horas de la noche, la multa será de veinte a

cincuenta bolívares y podrá imponerse hasta de cien bolívares en caso de reincidencia en

la misma infracción. Si el hecho ha sido capaz de producir alarma en el público, a la multa

podrá agregarse el arresto hasta por un mes.

 

Artículo 509

Cualquiera que, públicamente, por petulancia u otro vituperable motivo, hubiere molestado

a alguna persona o perturbado su tranquilidad, será penado con multa hasta de cincuenta

bolívares o con arresto hasta por ocho días.

 

CAPÍTULO IX, Del abuso de la credulidad de otro

 

Artículo 510

El que en lugar público o abierto al público, haya tratado, valiéndose de cualquier

impostura, de abusar de la credulidad popular de modo que pueda resultar un perjuicio a

otro, o una perturbación del orden público, será penado con arresto hasta por quince días,

pudiendo esta pena ser doble en caso de reincidencia en la misma falta.

 

TÍTULO II, DE LAS FALTAS RELATIVAS A LA SEGURIDAD PÚBLICA

 

CAPÍTULO I, De las faltas que se refieren a armas o a materias explosivas

 

Artículo 511

El que, sin previo permiso de la autoridad competente, haya establecido una fabrica de

armas y municiones de libre comercio, o que sin sujetarse a las prescripciones legales

sobre la materia, introduzca en la República mas de las que fueren permitidas, será

penado con arresto hasta por tres meses o con multa de cincuenta a mil bolívares.

 

Artículo 512

El que sin permiso de la autoridad competente, haya fabricado o introducido en el país

pólvora no densa ni piroxidada u otras materias explosivas, será penado hasta con tres

meses de arresto.

 

Artículo 513

El que, sin permiso previo de la autoridad competente, venda o ponga en venta armas de

licito comercio para cuyo expendio se requiera tal permiso, será penado hasta con un mes

de arresto.

 

Artículo 514

Será penado con multa hasta de mil bolívares todo individuo que, aun con permiso de la

autoridad para llevar armas de fuego:

1º. Haya entregado o dejado llevar cargadas las susodichas armas, a una persona menor

de catorce años o a cualquiera otra que no sepa o no pueda manejarlas con debido

discernimiento.

2º. Haya descuidado las precauciones suficientes para evitar que las personas indicadas

se apoderen, fácilmente, de tales armas.

3º. Haya llevado un fusil cargado en medio de una reunión o concurso del pueblo.

 

Artículo 515

El que, sin permiso de la autoridad competente, hubiere descargado armas de fuego o

hubiere quemado fuegos de artificio o aparatos explosivos o bien hiciere otras explosiones

peligrosas o incomodas en un lugar habitado, en su vecindad, o a lo largo en dirección de

una vía pública, será penado hasta con doscientos bolívares de multa; y en los casos más

graves podrá imponerse arresto hasta por un mes.

 

Artículo 516

El que clandestinamente o contrariando la ley o las prohibiciones de la autoridad, tenga en

su casa o en otro lugar algún depósito de materias explosivas o inflamables, que sean

peligrosas en razón de su naturaleza o cantidad, será penado con un arresto no inferior a

tres meses.

 

Artículo 517

El que, sin permiso de la autoridad competente, haya llevado de un lugar a otro pólvora u

otras materias explosivas en cantidad que exceda de las necesidades de una industria o

trabajos determinados o el que efectúe el transporte de las mismas materias, sin las

precauciones establecidas por la ley o reglamento, será penado con arresto hasta de un

mes o con multa hasta de trescientos bolívares.

 

Artículo 518

Para los efectos de la ley penal se consideran armas insidiosas, las que son fácilmente

disimuladas y sirven para ofender por sorpresa o asechanza, tales como las hojas,

estoques, puñales, cuchillos, pistolas y revólveres de corto cañón, aparatos explosivos y

las armas blancas o de fuego que se hallan ocultas o disimuladas de cualquier modo en

bastones u otros objetos de uso licito.

 

CAPÍTULO II, De la caída y de la falta de reparación de los edificios

 

Artículo 519

Todo el que hubiere intervenido en los planos o en la construcción de algún edificio, si

este se desploma o cae por negligencia o impericia, aunque no cause mal o peligro a la

seguridad de terceros, será penado con multa de cien bolívares, como mínimum y podrá

serlo, además, con la suspensión del ejercicio de su profesión o arte. La disposición del

presente artículo es aplicable al caso de que se desplomen o caigan puentes, andamios u

otros aparatos establecidos para la construcción o reparación de edificios o para

cualquiera obra semejante.

 

Artículo 520

Siempre que algún edificio u otra construcción amenazare ruina, en todo o en parte, con

peligro para la seguridad personal, el propietario, su representante o quien por algún título

estuviere encargado de la conservación, vigilancia o construcción del edificio, será

penado con multa de diez a cien bolívares, si no ha procedido oportunamente a los

trabajos necesarios para prevenir el peligro. Si ha transgredido las disposiciones de la

autoridad competente, la multa podrá ser hasta de mil bolívares.

Siempre que se trate de algún edificio u otra construcción total o parcialmente en ruina, y

el que deba procurar la reparación conveniente, haya descuidado su oportuna ejecución o

las medidas bastantes para prevenir el peligro que resultase de la ruina, la multa será de

cincuenta a mil bolívares.

 

CAPÍTULO III, De las faltas relativas a los signos y aparatos que interesan al público

 

Artículo 521

Todo individuo que haya dejado de poner las señales y cercas prevenidas por las

ordenanzas para indicar el peligro que resulte de trabajos que se están ejecutando u

objetos que se dejan en lugares por donde transita el público, será penado con multa

hasta de trescientos bolívares; y además, en los casos graves, con arresto hasta por diez

días.

El que hubiere removido arbitrariamente las señales, será penado con multa de cincuenta

a mil quinientos bolívares, y podrá serlo, además, con arresto hasta por veinte días.

 

Artículo 522

El que sin derecho por ello, haya apagado las luces del alumbrado público, o removido los

signos o aparatos distintos de los indicados en el artículo precedente, y destinados al

servicio público, será penado con multa hasta de doscientos bolívares.

 

CAPÍTULO IV, De los objetos tirados o colocados de manera peligrosa

 

Artículo 523

Cualquiera que hubiere arrojado o echado en lugares abiertos al tránsito público o en

recintos particulares de familia, cosas o sustancias capaces de ofender o ensuciar a las

personas, será castigado con arresto de diez días o con multa hasta de cien bolívares.

 

Artículo 524

El que, sin las precauciones necesarias, ponga en las ventanas, balcones, techos,

azoteas u otros lugares parecidos o cuelgue cosas que cayendo puedan ofender o

ensuciar a las personas, será castigado con multa hasta de treinta bolívares. Cuando el

autor del hecho no sea conocido, la culpabilidad será aplicable al inquilino o poseedor de

la casa, siempre que hubiese estado en capacidad de prevenirlo.

 

CAPÍTULO V, De las faltas que se refieren a la vigilancia de los enajenados

 

Artículo 525

Todo individuo que hubiere dejado vagar dementes confiados a su custodia, o no hubiere

dado aviso inmediato a la autoridad cuando se hayan escapado, será castigado con multa

hasta de doscientos bolívares.

 

Artículo 526

Todo individuo que, sin dar inmediatamente aviso a la autoridad o que sin autorización,

cuando es necesaria, haya recibido para su custodia personas conocidamente

enajenadas, o las haya puesto en libertad, será penado con multa de cincuenta a

quinientos bolívares; y en los casos graves, podrá imponerse, además, la de arresto hasta

por treinta días.

 

Artículo 527

En lo que concierne a las infracciones especificadas en los artículos precedentes, cuando

el culpable fuere director de un establecimiento de enajenados, o algún individuo que

ejerce el arte de curar, se le aplicará, como pena accesoria, la suspensión del ejercicio de

su profesión.

 

CAPÍTULO VI, De la falta de vigilancia y dirección en los animales y vehículos

 

Artículo 528

Cualquiera que faltando a las precauciones que imponen las ordenanzas, hubiere dejado

libres y sin custodia bestias feroces o animales peligrosos, propios o encomendados a su

guarda, y todo individuo que en el caso de estar dichos animales atacados de hidrofobia,

no prevengan el peligro o no lo hubiere participado inmediatamente a la autoridad, será

penado con arresto hasta por un mes.

 

Artículo 529

Será penado con arresto hasta por treinta días:

1º. El que en lugares no cercados hubiere de alguna manera dejado sin vigilancia o

abandonados, sueltos o atados, animales de tiro o carga.

2º. El que sin estar para ello en capacidad suficiente, los hubiere conducido o confinado a

un conductor inexperto.

3º. El que, bien por la manera de conducirlos o de atarlos, sin sujeción a las reglas de

ordenanzas, bien por excitarlos o asustarlos, haya expuesto a la gente a algún peligro. Si

el contraventor es un cochero o conductor sujeto a patente, se impondrá, como pena

accesoria, la suspensión del ejercicio de su oficio por tiempo de doce días a lo más.

 

Artículo 530

El que de algún modo peligroso para las personas o las cosas dejare animales o

vehículos en las vías o pasajes públicos abiertos al público, será penado con multa hasta

de cincuenta bolívares si el contraventor fuere un cochero o conducto patentado, se le

aplicará, como pena accesoria, la suspensión del ejercicio de su oficio por tiempo hasta

de quince días sin perjuicio de lo que dispongan las ordenanzas locales sobre la materia.

 

CAPÍTULO VII, De las faltas referentes a peligros comunes

 

Artículo 531

El que por negligencia o impericia hubiere creado, de alguna manera, el peligro de un

daño contra las personas, o de un grave daño contra las cosas, será penado hasta con

doscientos bolívares de multa o con arresto hasta por veinte días. Si al mismo tiempo el

hecho constituye una infracción de las ordenanzas relativas al ejercicio de las artes,

comercio o industria, y siempre que la ley no disponga otra cosa, la pena será de arresto

de tres a treinta días y la suspensión del arte o profesión hasta por un mes.

 

TÍTULO III, DE LAS FALTAS CONCERNIENTES A LA MORALIDAD PÚBLICA

 

CAPÍTULO I De los juegos de azar

 

Artículo 532

Todo individuo que en un lugar público o abierto al público, tenga un juego de suerte,

envite o azar, o que para el efecto hubiere facilitado un local o fundado establecimiento o

casa, será penado con arresto de cinco hasta treinta días; y en caso de reincidencia podrá

imponerse hasta por dos meses, o multa que no baje de cien bolívares. El arresto será de

uno a dos meses, y puede extenderse hasta seis, en caso de reincidencia.

1 Si el hecho es habitual.

2 Si el que tiene o dirige el juego fuere el banquero de la reunión en que se comete la

falta, y en este caso, se impondrá como pena accesoria hasta por un mes, la suspensión

del arte o profesión que tenga el culpable.

 

Artículo 533

El que sin haber participado en la falta especificada anteriormente, sea sorprendido

participando del juego de suerte, envite o azar, será penado con multa hasta de

quinientos bolívares.

 

Artículo 534

En todo caso de falta por juego de suerte y azar, serán confiscados el dinero del juego y

todos los objetos destinados al efecto.

 

Artículo 535

Para determinar las consecuencias de la ley penal, se consideran como juegos de envite

o de azar, aquellos en que la ganancia o la pérdida, con un fin de lucro, dependa entera o

casi enteramente de la suerte. En lo que concierne a las faltas previstas en los artículos

precedentes, serán considerados como lugares públicos o abiertos al público, no sólo los

propiamente tales, sino también los lugares destinados a reuniones privadas, en que se

paga algo por jugar, y aquellos en que, aun sin pagar, tiene entrada toda persona que

quiere jugar.

 

CAPÍTULO II, De la embriaguez

 

Artículo 536

Cualquiera que en un lugar público se encuentre en estado de embriaguez manifiesta,

molesto o repugnante, será penado con multa hasta de treinta bolívares. Si el hecho es

habitual, la pena será de arresto por un mes y la autoridad podrá imponer, además, que

se cumpla en una casa de trabajo, o mediante la prestación de un servicio en alguna

empresa de utilidad pública.

 

Artículo 537

El que en lugar público o abierto al público, haya ocasionado la embriaguez de otro,

haciéndole tomar con ese fin bebidas o sustancias capaces de producirla, y asimismo el

que haya hecho tomar más a una persona ya ebria, será penado hasta con diez días de

arresto.

Si el hecho se hubiere cometido en persona menor de quince años o que manifiestamente

se hallase en estado anormal, por consecuencia de debilidad o alteración de sus

facultades mentales, el arresto será de diez a treinta días.

Como pena accesoria se impondrá, según los casos, la suspensión del ejercicio del arte,

industria o profesión, si el contraventor fuere comerciante en bebidas o sustancias

embriagantes.

 

CAPÍTULO III, De los actos contrarios a la decencia pública

 

Artículo 538

Cualquiera que se haya presentado en público de un modo indecente, o que con

palabras, cantos gestos, señas u otros actos impropios, ofenda la decencia pública, será

penado con arresto hasta por un mes o multa de diez a trescientos bolívares.

 

CAPÍTULO IV, Del mal tratamiento a los animales

 

Artículo 539

El que cometa crueldades con los animales, los maltrate sin necesidad o los someta a

trabajos manifiestamente excesivos, será penado con multa hasta por cien bolívares. El

que sólo con un fin científico o didáctico, por fuera de los lugares destinados al estudio o

enseñanza, haya sometido los animales o pruebas o experimentos que causen disgusto a

las personas que las presencien, incurrirá en la misma pena.

 

TÍTULO IV, DE LAS FALTAS RELATIVAS A LA PROTECCIÓN PÚBLICA DE LA

 

PROPIEDAD

 

CAPÍTULO I, De la posesión injustificada de objetos y valores

 

Artículo 540

El que habiendo sido condenado por mendicidad, hurto, robo, extorsión, estafa, secuestro,

o por el delito previsto en el artículo 472, esté en posesión de dinero o de objetos que no

se hallen en relación con su condición o circunstancia, y respecto de los cuales no

compruebe legítima procedencia, será penado con arresto de quince días hasta dos

meses.

Si el culpable se hallare en posesión de llaves falsificadas o alteradas, o de instrumentos

propios para abrir o forzar cerraduras, sin que pueda justificar su legítimo actual destino,

será penado con arresto hasta de dos meses.

El dinero y los objetos sospechosos serán confiscados.

 

CAPÍTULO II, De la falta de precauciones en las operaciones de comercio o de

 

prendas

 

Artículo 541

Todo individuo que, sin haber previamente adquirido la certidumbre de una procedencia

legítima, haya comprado o recibido en prenda, en pago o depósito, objetos que por razón

de su naturaleza o de la circunstancias de la persona que los presenta o del precio

exigido, o aceptado, parecieren provenir de un hecho punible, será castigado con multa

de veinte a cien bolívares. Si el contraventor es una de las personas indicadas en el

artículo 540, será castigado además, con arresto hasta de dos meses.

El que compruebe la legítima procedencia de los objetos, quedarán exento de toda pena.

 

Artículo 542

Todo individuo que después de recibir dinero o de comprar o haberse procurado objeto

provenientes de un delito, supiere que son de ilegítima procedencia, y no haya dado

inmediato aviso a la autoridad, denunciando el hecho, será castigado con multa de treinta

bolívares, por lo menos, y podrá imponérsele además, el arresto hasta por veinte días.

 

Artículo 543

El que dedicado al comercio o a operaciones de empeño de cosas preciosas o cosas

usadas, no observe para el efecto las prescripciones de la ley o de los reglamentos

relativos a su comercio o a sus operaciones, será penado con multa hasta de trescientos

bolívares; y en caso de reincidencia en la misma infracción, se impondrá, además, el

arresto hasta por treinta días y la suspensión del ejercicio de la profesión o industria.

 

CAPÍTULO III, De la venta ilícita de llaves y ganzúas, y abertura ilícita de cerraduras

 

Artículo 544

El herrero, cerrajero u otro artesano que venda o entregue a cualquiera, ganzúas o

fabrique para quien no sea el propietario del local o del objeto a que se destinan o su

representante conocido de él, llaves de cualquiera clase sobre moldes de cera o de otros

diseños o modelos, será castigado con arresto de un mes o con multa de diez a ciento

cincuenta bolívares.

 

Artículo 545

El herrero, cerrajero u otro artesano que abra cerraduras de cualquier clase, a solicitud de

algún individuo, sin estar seguro previamente, de que el solicitante es el dueño del local o

casa que se trata de abrir o su representante legítimo, será castigado con arresto hasta

de veinte días o multa hasta por ciento veinte bolívares.

 

CAPÍTULO IV, De la tenencia ilícita de pesas y medidas

 

Artículo 546

Todo el que en ejercicio público, de comercio, tenga en su establecimiento o mercado,

pesas o medidas diferentes a las autorizadas por la ley, será penado con multa de diez a

cincuenta bolívares la que en el caso de reincidencia en la misma falta, podrá ser de cien

bolívares.

 

Disposición Complementaria

 

Artículo 547

Las disposiciones del presente Libro no excluyen ni limitan las atribuciones que, por leyes

municipales u otras especiales, competen a los funcionarios y Corporaciones de la

Administración Pública, para dictar Ordenanzas de Policía y bandos de orden público, así

como para corregir gubernativamente las contravenciones o faltas, en el caso de que su

represión les esté encomendada por las mismas leyes.

 

Disposición Final

 

Artículo 548

Se deroga el Código Penal de 30 de Junio de 1915. El presente Código reformado

empezará a regir desde su publicación en la GACETA OFICIAL.

 

 

 

Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, en Caracas, a los veintidós días del mes de junio de mil novecientos sesenta y cuatro. Años 155° de la Independencia y 106° de la Federación.

 

 

El Presidente (L.S)

 

Luis Beltrán Prieto Figueroa

 

 

El Vicepresidente (L.S)

 

Héctor Santaella.

 

Los Secretarios.

 

Félix Cordero Falcón.

 

Héctor Carpio Castillo.

 

 

Palacio de Miraflores, en Caracas, a los veintisiete días del mes de junio de mil

novecientos sesenta y cuatro. Años 155° de la Independencia y 106° de la Federación.

 

 

 

Cúmplase

(L.S.)

 

 

 

RAÚL LEONI

 

 

 

Refrendado

 

El Ministro de Justicia (L.S)

Miguel Angel Burelli Rivas

 

 

 

 

 

Transcrito de la Gaceta Oficial N° 915 del 30 de junio de 1964

NOTA 1:

a) Los artículos 195 al 205, 233, 236 y el ordinal 5 del artículo 466 fueron derogados por la Ley Orgánica de

Salvaguarda. (G.O.: 3.077 de 23-12-1982)

b) La Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas derogo las disposiciones que regulan esta

materia (G.O.: 3.411 de 17-07-1984).

NOTA 2:

REFORMAS.-

El Código de 1964 a la de 1958.

El Código del 4-10-1958 a la 15-07-1926.

DEROGATORIAS.-

El Código de 1926 derogó al de 30-06-1915

NOTA 3:

Los Artículos 413 y 439 de esta Ley quedarán derogados a partir del 1º de abril del 2000, al entrar en vigencia la

Ley Orgánica de Protección del Niño y del Adolescente (G.O. 5.266 Ext. de 02-10-1998).